Cinco investigados en el Caso Tómbola, en el que se persigue una presunta operación de lavado de dinero mediante venta de lotería, participaron en la asamblea cantonal de un partido político.
Se trata de la agrupación Agenda Democrática Nacional (ADN), la cual conformó una coalición con el Partido Acción Ciudadana (PAC) para las elecciones presidenciales del 2026.
El Comité Ejecutivo de ADN informó de que tomó acciones para expulsar de sus filas a los investigados. La cúpula envió una carta al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) este jueves 31 de julio, en la que solicitó la separación inmediata de los involucrados.
El partido precisó que se trata de cinco personas de apellidos Barquero, Naranjo, Zamora, Morera y Acuña, quienes participaron en la asamblea cantonal de Guatuso, en Alajuela, precisamente el sitio donde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) efectuó los principales allanamientos por el Caso Tómbola.
De este grupo, una mujer de apellido Acuña fue detenida el 17 de julio y permanecerá en prisión preventiva durante seis meses.
De acuerdo con ADN, desde que la agrupación se inscribió formalmente en marzo del 2023, no ha vuelto a tener contacto con los señalados. La dirigencia aseguró que ninguno de los investigados participó en asambleas provinciales o nacionales, ni en otras actividades partidarias, y que tampoco realizaron donaciones a la agrupación.
El primer vínculo de los sospechosos con ADN, según indicó la dirigencia, se remonta al 2016, cuando el partido intentó inscribirse por primera vez, sin éxito. Posteriormente, en junio de 2021, los cinco participaron de forma virtual en la Asamblea Cantonal de Guatuso.
El PAC anunció la conformación de la coalición Agenda Ciudadana el 17 de julio, la cual une al partido ADN con la agrupación rojiamarilla de cara a las elecciones presidenciales. La exprimera dama, Claudia Dobles Camargo, será la candidata respaldada por ambas agrupaciones.

El Caso Tómbola
En un amplio operativo, realizado el jueves 17 de julio, el OIJ desarticuló una estructura que habría tejido una red de hasta 200 puntos para venta de lotería en la zona norte del país.
La tesis de la Fiscalía es que este negocio servía para legitimar dinero proveniente de actividades criminales. Los principales integrantes, además, habrían experimentado un crecimiento acelerado en bienes, propiedades y vehículos de lujo en los últimos años.
Esta estructura tendría su base de operaciones, principalmente, en Guatuso, Ciudad Quesada, Fortuna y Los Chiles. Estarían implicadas 18 personas, incluidos tres funcionarios bancarios y un empleado de la Junta de Protección Social (JPS).
Seis de los detenidos en el Caso Tómbola pertenecen a un mismo grupo familiar, según informó la Policía Judicial. Los imputados, de apellidos Mora Acuña (dos personas), Acuña Morera (otras dos) y Durán Cubero (dos más).
La estructura, encabezada por un sujeto de apellidos Mora Durán, de 45 años, utilizaba múltiples puntos de venta de lotería legal y clandestina como su principal mecanismo para inyectar grandes sumas de dinero al sistema financiero nacional.
A esto se sumaban otras actividades, incluidos dos locales de venta de vehículos de alta gama, una licorera con facturación millonaria, una librería, la adquisición de propiedades, maquinaria agrícola y la conformación de una empresa constructora.
Como parte del operativo, el OIJ decomisó 145 bienes, cuyo valor supera los ¢1.300 millones.

