EscucharUna auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) determinó que la información que las universidades públicas entregaron a Conare, a finales del 2024, con respecto al Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2021-2025 (Planes) no cumple razonablemente con aspectos significativos de confiabilidad, oportunidad y utilidad.
La formulación de Planes responde al mandato de la Constitución Política que en su artículo 85 dispone que el financiamiento de las universidades públicas debe basarse en un plan nacional quinquenal. Para el año 2026, las cinco casas de enseñanza estatal recibirán un presupuesto de ¢593.484 millones correspondiente al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2021-2025 es el principal instrumento de planificación del sistema universitario estatal.
Este define las prioridades, metas y compromisos de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).
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El programa de trabajo se divide en dos componentes. Se divide en dos componentes:
- El sustantivo: contempla 27 metas y 46 indicadores de las universidades, relacionadas con docencia, investigación, extensión y acción social, vida estudiantil y gestión.
- El estratégico: incluye 41 metas con 112 indicadores agrupados en cinco ejes: calidad y pertinencia, internacionalización, cobertura y equidad, regionalización y sostenibilidad.
Los datos del informe Calidad de la información reportada en el seguimiento de Planes 2021-2025, dirigido al Consejo Nacional de Rectores (Conare), señala que un 41,9% de los indicadores sustantivos no coinciden con la evidencia documental, y que pasaron siete meses entre la emisión interna del informe de seguimiento del 2023 y su publicación, según el cronograma establecido.
Además, revelan que el 78,6% de los indicadores estratégicos presentan inconsistencias en la evidencia documental reportada o no coinciden del todo, y que ninguno cuenta con fichas técnicas que respalden su medición.
Respuesta del Conare
Ante los señalamientos, la Oficina de la Planificación de la Educación Superior (OPES), que funciona como un programa de Conare, indicó que aunque la Contraloría señaló que la información reportada no cumple razonablemente con los criterios de confiabilidad, oportunidad y utilidad, esta calificación no implica un incumplimiento absoluto, sino que identifica aspectos puntuales que requieren ajustes y son subsanables.
Con respecto a la confiabilidad, señalaron que la información solicitada corresponde al año 2023, pero fue requerida en el 2025.
“Dado que algunos procesos se encontraban aún en ejecución y sujetos a actualización, los datos podían variar dependiendo de la fecha de consulta”, dice la respuesta dada a La Nación.
Con relación al tema de oportunidad, afirmaron que se les solicitó información que, al momento de la formulación del Planes 2021-2025, no había sido prevista como parte de los mecanismos de seguimiento, “lo que requirió un esfuerzo adicional por parte de los generadores de esta y más tiempo para su recopilación”.
La OPES respondió en relación con el criterio de utilidad, que el monitoreo y seguimiento del avance se realiza de forma anual.
“Sin embargo, algunos indicadores, tal y como se concibieron inicialmente, no previeron un monitoreo más continuo sin riesgo de generar interpretaciones incorrectas, ya que es necesario cerrar formalmente ciertos procesos para contar con datos definitivos”, declaró.
Los hallazgos en detalle
El informe de auditoría detalla que Planes tiene un sistema tecnológico y procedimientos para gestionar y validar la información de sus metas.
Sin embargo, el análisis de la CGR encontró que no hay control sobre los cambios en los indicadores, faltan procesos de retroalimentación y hay demoras en la publicación del seguimiento.
Además, se detectó falta de trazabilidad de los datos, ausencia de fichas técnicas para indicadores estratégicos e inconsistencias en los indicadores sustantivos, aun cuando estos cuentan con fichas técnicas.
Los resultados de este informe evidencian que la inexistencia de un sistema dinámico de seguimiento impide disponer de información oportuna sobre el avance de Planes.
“La información sobre el cumplimiento de las metas de Planes 2021-2025 carece de mecanismos que aseguren su entrega oportuna, el monitoreo periódico de su avance y la gestión oportuna de desviaciones, lo que limita su utilidad como insumo para la toma de decisiones en el momento en que se necesita”, concluyó.
Asimismo, se indica que la ausencia de un marco común para gestionar y validar la información impide asegurar su confiabilidad “debido a deficiencias en la formulación de los indicadores, ausencia de documentación técnica de respaldo y falta de trazabilidad de los cambios realizados”.
Disposiciones de la Contraloría
Tras la evaluación, la Contraloría ordenó a Gastón Baudrit Ruiz, en su calidad de director a.i. de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), elaborar y enviar al Consejo Nacional de Rectores una propuesta de marco técnico-operativo común entre OPES-Conare y las universidades públicas.
El objetivo es articular formalmente las responsabilidades, criterios y procesos necesarios en todas las etapas del ciclo de vida de la información de Planes, como instrumento de planificación del sistema educativo universitario estatal, desde su formulación hasta su evaluación. Esto deberá estar listo el 29 de mayo del 2026.
La Contraloría dispuso que Conare deberá resolver sobre la propuesta del marco técnico-operativo común señalado en la anterior disposición, a más tardar el 31 de julio del 2026.
Por último, no más allá del 30 de noviembre del 2026, Baudrit deberá implementar el marco técnico-operativo común aprobado por el Conare, incluyendo la puesta en marcha de los mecanismos, metodologías, lineamientos y procedimientos definidos para la gestión de la información de Planes.
Según la OPES, tras las observaciones realizadas por la Contraloría, tomaron acciones a partir de la formulación del Planes 2026-2030, “con el fin de fortalecer el sistema de seguimiento y monitoreo”.
Entre ellas, el establecimiento de un sistema de seguimiento con mayor periodicidad, la elaboración de fichas técnicas de indicadores ajustadas a estándares nacionales y la formulación de indicadores de eficiencia y producto alineados con las estrategias del nuevo plan.
Además, el desarrollo de una metodología integral para el monitoreo y seguimiento del Planes 2026–2030, metodología que aseguran fue presentada y aprobada por Conare y que sería implementada “dentro del plazo establecido por la Contraloría para su cumplimiento”.
