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Los procedimientos administrativos abiertos contra 36 funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por hechos relacionados con la autorización y participación en un evento organizado por la empresa china Huawei en abril de 2024 fueron archivados, sin que se determinara falta administrativa ni responsabilidad alguna, según documentos en poder de La Nación.
Una de las personas que figuró en el procedimiento administrativo fue Leda Acevedo Zúñiga, a quien nombraron gerente de Telecomunicaciones mientras todavía se desarrollaba la investigación. Posteriormente, el 5 de mayo de 2026, fue ascendida por el Consejo Directivo a gerente general del ICE, cuando el expediente en su contra permanecía abierto.
En mayo de 2024 trascendió la participación de varios funcionarios del ICE en una actividad organizada por Huawei el 26 de abril de ese año. La empresa es proveedora de redes 3G y 4G de la institución y, además, ha participado en licitaciones para proveer redes 5G. La invitación al evento, denominado Huawei Industrial Intelligence Summit, fue enviada por Peng Yang, director ejecutivo de la compañía en Costa Rica.
Según trascendió en su momento, se trató de un encuentro en un hotel, con música, comida y bebidas alcohólicas, al que habrían asistido altos mandos y funcionarios con influencia en contrataciones y proyectos estratégicos del ICE. La Fiscalía abrió de oficio una investigación por posible cohecho, mientras la Procuraduría de la Ética valoró eventuales conflictos de interés.
El entonces presidente Rodrigo Chaves afirmó que lo ocurrido no daba “la apariencia de una transparencia absoluta” y respaldó una política de “cero tolerancia”. El presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, reconoció que el episodio había afectado la imagen y reputación de la institución, y meses después el ICE reiteró que adoptaría, “sin excepción”, las medidas disciplinarias correspondientes.
La controversia provocó la salida del entonces gerente de Telecomunicaciones, Luis Diego Abarca, quien regresó a su plaza en Atención de Proyectos.
La administración del ICE promovió, mediante la nota 5500-0985-2024 del 18 de setiembre de 2024, la apertura del expediente GG-042-2024 contra Abarca Fernández y Vera Bonilla Solís. Posteriormente, mediante la nota 5500-1111-2024 del 21 de octubre de ese año, gestionó la apertura del expediente GG-049-2024 contra otros 34 funcionarios. Este último procedimiento fue formalmente abierto por la Gerencia General el 1.º de noviembre.
En 2026, con Acuña aún en la Presidencia Ejecutiva, ambos procedimientos fueron archivados. El Consejo Directivo ordenó el cierre del expediente GG-042-2024 mediante la resolución 0012-353-2026, del 18 de junio de 2026.
En la resolución se lee textualmente: “Archivar el procedimiento disciplinario, al no haberse demostrado la comisión de falta administrativa ni responsabilidad alguna de las personas investigadas, Vera Inés Bonilla Solís y Luis Diego Abarca Fernández”.
Por su parte, el expediente GG-049-2024 fue archivado por las gerencias competentes y el Consejo Directivo mediante las resoluciones 0150-711-2026, 0012-453-2026 y 6000-767-2026, emitidas entre el 29 de julio y el 12 de agosto.
En el caso de Acevedo, el Consejo Directivo archivó el procedimiento mediante la resolución 0012-453-2026 del 5 de agosto, exactamente tres meses después de nombrarla gerente general. Las comunicaciones posteriores sobre el cierre de los expedientes fueron dirigidas a ella misma en razón de ese cargo, para que se encargara de la tramitación del archivo.
Cuando se abrieron de oficio los expedientes, se señalaron, entre las presuntas faltas, una aparente violación al deber de probidad, un supuesto debilitamiento del sistema de control interno y un posible deterioro de la imagen institucional. También se señalaba que cada invitado debía evaluar la conveniencia de asistir, considerando su condición de funcionario público y su rol en proyectos relevantes, como licitaciones de redes 5G o Internet fijo.
En la vía penal, la causa 24-000180-1218-PE fue desestimada el 24 de noviembre de 2024 por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. La decisión se fundamentó en la atipicidad de los hechos, es decir, en que lo denunciado no constituía delito. El criterio fiscal señaló, no obstante, que los hechos podían corresponder al ámbito administrativo.
Este medio solicitó al Instituto ampliar las razones que llevaron al archivo de los expedientes; se les consultó específicamente:
- ¿Cómo valoró el Consejo Directivo la existencia del procedimiento abierto contra Acevedo y al mismo tiempo la promovió para el máximo cargo administrativo del ICE y, tres meses después, resolvió archivarlo?
- ¿Por qué los mismos hechos que en 2024 fueron presentados públicamente como graves, contrarios a la transparencia y merecedores de “mano firme” terminaron sin responsabilidad administrativa para ninguna de las 36 personas investigadas?
- ¿Cuáles fueron los criterios para arribar a la conclusión de que la asistencia al evento de Huawei no constituyó una falta administrativa?
Al cierre de esta nota no fue posible conocer una posición oficial del ICE.
