EscucharEl hotel Punta Leona presentó este jueves una denuncia penal ante la Fiscalía de Garabito contra el alcalde de este municipio, Francisco González Madrigal, por presunto abuso de autoridad.
La acción legal se sustenta en los hechos ocurridos el pasado 2 de julio, cuando el alcalde se presentó en este centro turístico con un equipo multidisciplinario para inspeccionar el cumplimiento de la Ley 6.043 (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre) que prohíbe la explotación de los 50 metros posteriores a la marea alta.
La empresa turística también presentó medidas cautelares provisionalísimas en contra del alcalde.
“El alcalde ha dado informaciones que no son veraces. La empresa ha señalado en múltiples ocasiones que playa Blanca es pública, existe acceso público y no se está impidiendo el sano disfrute hacia la playa”, señaló la empresa por medio de un comunicado.
El centro turístico dijo que el alcalde ha realizado manifestaciones “dispersas y erráticas con amenazas que son abiertamente ilegales”.
Añadió que, hasta la fecha, la alcaldía de Garabito no ha notificado ni un solo acto administrativo ni traslado de cargo, ni ninguna resolución administrativa contra la empresa. “Todas sus actuaciones han sido de hecho y sus comunicaciones verbales”, refirió.
La Nación intentó comunicarse con el alcalde, pero, hasta el cierre de esta nota no ha respondido.
Medidas cautelares
Este jueves por la mañana, el alcalde de Garabito se habría presentado en el hotel Punta Leona, porque se cumplía el plazo que dio a la empresa para realizar las modificaciones para dar acceso público a playas. Según voceros de Punta Leona, llegó con dos resoluciones de tribunales que respaldan su alegato de aperturar las playas.
Sin embargo, fue recibido por funcionarios de la empresa, quienes le presentaron dos medidas cautelares provisionalísimas, acogidas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, para impedir que la Municipalidad ejecute acciones en la propiedad.
Miguel Fernández, gerente general de Punta Leona Beach Club & Nature Resort, dijo que los documentos que presentó el alcalde ya los conocen. “El alcalde ha venido diciendo que va a quitar la aguja que está en propieda privada y que va a demoler instalaciones que están en propiedades privadas, entonces como no ha hecho ningún comunicado oficial, nosotros tuvimos que llevar esto a una vía judicial”, aseguró Fernández.
La primera medida cautelar ordena a la Municipalidad de Garabito abstenerse de realizar cualquier conducta material tendiente al derribo de la aguja que se localiza en la entrada de la propiedad privada matrícula 6-25531-000.
La segunda medida cautelar otorgada a Punta Leona Beach Club & Nature Resort y Real de Punta Leona y Leona Logistics ordena a la Municipalidad de Garabito suspender cualquier actuación material “tendiente a demoler estructuras y apertura de camino en una propiedad privada”.
La empresa asegura que las instalaciones que el alcalde pretende demoler están a derecho porque se inscribieron antes de la vigencia de la Ley 6.043, “y por tanto, sus disposiciones no son aplicables a propiedades inscritas con anterioridad”.
Esta semana, el mandatario local confirmó el ultimátum que le había dado al centro turístico para hacer las modificaciones que posibiliten el acceso público a las playas. Recalcó valorar las acciones por tomar en caso de que el hotel no cumpliera con las modificaciones, porque todavía se estaban realizando estudios topográficos para corroborar el cumplimiento de la Ley 6.043.
“Lo que esté construido en los 50 metros restringidos debe demolerse”, afirmó el alcalde. “Si ellos construyeron parte del restaurante en los 50 metros públicos, hay que demolerlo; y, por lo que vi, hay bastante infraestructura dentro de este espacio, y eso se tiene que demoler”, agregó.
Según la autoridad municipal, el objetivo es brindar acceso libre a estas playas (Blanca y Mantas). Explicó que los dueños de propiedades cercanas deben generar acceso, pero no lo hacen por “negligencia o porque no les gusta obedecer la ley y lo que buscan es privatizar el destino”.
