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La polémica que estalló este lunes, tras una publicación del diario británico The Guardian, volvió a poner bajo los reflectores la historia de una extinta fábrica de lápices que había en la zona sur costarricense; propiedad de la empresa alemana Faber-Castell, el mayor fabricante de lápices del mundo.
Hoy convertido en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), el recinto primero fue una manufactura de exportación que luego se volvió un albergue humanitario. Ahora, esa segunda vocación es cuestionada por un presunto uso distinto al pactado con el gobierno.
Mientras fue fábrica, su historia se inició en los años noventa hasta su salida definitiva y la posterior donación del inmueble al Estado.
Faber-Castell se instaló en Costa Rica a mediados de la década de 1990, por medio de su subsidiaria Maderín Eco S. A.
Maderín Eco S. A. se acogió al Régimen de Zonas Francas, que ofrecía incentivos fiscales a compañías exportadoras, y ubicó su planta en El Carmen de Abrojo, cantón de Corredores, una región fronteriza con Panamá caracterizada por limitadas oportunidades laborales, según consta en el Acuerdo Ejecutivo N.º 049-97, de fecha 17 de marzo de 1997, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en abril de 1997.
Posteriormente, inició operaciones en el año 2000, una vez construida la instalación.
La elección de la zona respondió a la disponibilidad de madera proveniente de proyectos de reforestación, principalmente melina y pino, insumos esenciales para la fabricación de lápices, así como a la cercanía con puertos y rutas de exportación, según informó Maderín Eco S. A. en declaraciones al diario La Nación unos años después, en el marco del cese de operaciones en Costa Rica.
Durante sus años de apogeo, la planta produjo hasta un millón de lápices diarios, exportados a mercados como Estados Unidos, Canadá y Australia.
La operación generó 120 empleos directos, un impacto significativo para familias en esa zona donde la principal actividad económica entonces era el cultivo de palma aceitera.
Salida por un problema estructural
Con el paso del tiempo, el modelo mostró señales de agotamiento. El principal obstáculo fue el abastecimiento de madera a precios competitivos, una dificultad que se agravó por el descenso sostenido en la siembra de melina en el país.
Datos de la Oficina Nacional Forestal indican que Costa Rica pasó de contar con unas 40.000 hectáreas de melina al año 2000, a cerca de 8.000 hectáreas poco más de una década después.
A esto se sumó la exigencia de que la materia prima fuera madera certificada, bajo estándares internacionales estrictos, un requisito que encareció aún más el suministro para la planta en el país.
Aunque la empresa intentó sostener la operación —incluida una reducción de la producción diaria a 510.000 lápices—, los costos terminaron por volver inviable el negocio.
En noviembre de 2012, Maderín Eco inició formalmente el proceso de cierre, el cual se concretó en noviembre de 2013. La decisión dejó 120 personas sin empleo y marcó el fin de una de las pocas industrias de exportación en esa zona.
Tras el cierre operativo, la empresa comunicó su salida del Régimen de Zonas Francas, administrado por la Promotora del Comercio Exterior (Procomer).
Paralelamente, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) inició un procedimiento administrativo por presuntos incumplimientos al régimen.
Ese proceso culminó en abril de 2018, cuando el Poder Ejecutivo emitió el Acuerdo Ejecutivo N.° 0052-2018, mediante el cual se revocó oficialmente el régimen de zona franca otorgado a Maderín Eco desde 1997, sin responsabilidad para el Estado.
La empresa recibió un plazo para liquidar formalmente sus obligaciones y cerrar su vínculo con el régimen, como finalmente ocurrió.
Donación y nuevo propósito
Ese mismo año, 2018, Faber-Castell donó la antigua planta industrial al Estado costarricense.
Según los términos citados posteriormente por The Guardian, la cesión se realizó con una condición explícita: el inmueble debía destinarse exclusivamente a un albergue y centro de asistencia humanitaria para personas migrantes, sin posibilidad de modificar su uso.
Mauricio Herrera Ulloa, exministro de Comunicación y Enlace y quien lideró el proceso de donación, también confirmó este martes esa versión: la empresa hizo la donación con la expresa advertencia de que no debía ser utilizado como un lugar de detención, sino como un espacio de refugio y auxilio para migrantes u otras personas necesitadas de ayuda.
La donación se produjo en un contexto regional marcado por el incremento de flujos migratorios, particularmente de personas nicaragüenses, cubanos y haitianos que huían de sus países.
El cambio de uso desató la controversia.
De acuerdo con la investigación publicada este 9 de febrero, el complejo —rebautizado como Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem)— fue utilizado el año pasado para alojar al menos 200 personas deportadas desde Estados Unidos, quienes habrían permanecido allí durante semanas e incluso meses, bajo custodia estatal y sin libertad de movimiento.
Faber-Castell aseguró al medio británico que no fue informada de ese cambio de uso y que solo tuvo conocimiento de la situación cuando fue contactada por The Guardian.
“Acordamos y estipulamos en el contrato que el edificio sería transformado en un centro humanitario de refugio y que bajo ninguna circunstancia se utilizaría como una prisión”, indicaron representantes de la filial de Faber-Castell en Brasil, citados por el medio británico.
