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Plan de defensa comercial del Gobierno crearía más burocracia sin financiamiento

Contraloría advirtió a diputados de falencias en proyecto de defensa comercial del MEIC, el cual busca proteger a los productores nacionales de importaciones en condiciones desleales

El plan de defensa comercial que impulsa el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en la Asamblea Legislativa, aumentaría el tamaño y la complejidad del Estado. Dicha iniciativa crearía el Consejo de Articulación Institucional (CAI), así como la Unidad Técnica (UT), bajo la orden de ese mismo ministerio. Sin embargo, la propuesta carece de estudios que permitan determinar el costo y ni siquiera menciona una sola fuente de financiamiento.

Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR) a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, donde se decide el futuro de la iniciativa.

“Este órgano contralor ha manifestado preocupación en relación con el tema de crecimiento desordenado y diversificado sin una visión coherente, clara y estratégica que ha experimentado el Estado costarricense, situación que produce un panorama institucional complejo que dificulta la coordinación, planificación y ejecución de las políticas estatales, así como la articulación y puesta en funcionamiento de los esquemas de responsabilidades y el principio de seguridad jurídica, que además, genera duplicidades estructurales con una mayor dificultad para la evaluación de resultados y el control de la gestión”, advirtió la Contraloría.

De acuerdo con el MEIC, la defensa comercial tiene el propósito de “proteger en forma eficiente y legítima los sectores productivos nacionales que se vean amenazados por aquellas importaciones que se realicen en condiciones comerciales desleales”. Esa institución alega que la iniciativa es necesaria para que el Estado implemente correctamente los instrumentos de defensa comercial.

Entre las medidas, cita acciones antielusión, compensatorias, salvaguardia o antidumping. El dumping, por ejemplo, sucede cuando un producto exportado se vende a menor precio en el país de importación.

Actualmente la defensa comercial costarricense corresponde al Ministerio de Comercio Exterior (Comex). No obstante, la iniciativa trasladaría la rectoría de la defensa comercial al Ministerio de Economía (MEIC).

“Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que otorga rango de ley a la rectoría del MEIC en materia de defensa comercial, así como potestades procesales al órgano técnico, para resolver casos de manera segura, expedita y correcta.

“Asimismo, se regularán funciones y actividades acordes a las establecidas en el marco del Sistema Multilateral de Comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y a las mejores prácticas internacionales.

“El proyecto de ley prevé la creación de sanciones leves y graves, ante conductas como la negativa de entrega de información, inclusión de datos inexactos o incompletos y presentación de documentos alterados en la investigación”, señala la institución.

La iniciativa también prevé brindar asistencia técnica a los exportadores costarricenses cuando sean sujetos de investigaciones en materia de defensa comercial en otros países. La legislación vigente no prevé esa ayuda, como sí sucede en otras naciones que integran la OMC.

En su pronunciamiento, la Contraloría advirtió a los diputados de que no se referiría a asuntos de fondo de la iniciativa, pues carece de competencia para hacerlo. No obstante, sí criticó los aspectos de forma de la iniciativa, como la creación de más burocracia.

El órgano contralor criticó que, a pesar de que se crearían nuevas dependencias dentro del MEIC, no se establece de dónde saldrían los fondos.

“En cuanto al transitorio I del proyecto, el cual dispone que el Estado proveerá los recursos necesarios al MEIC para el cumplimiento de las obligaciones en la presente ley, no se define en el proyecto cuál sería la fuente de financiamiento que cubriría dicho gasto”, señala el pronunciamiento.

También advirtió a los diputados de “la importancia de contar con insumos o análisis de organización funcional y presupuestaria del MEIC para hacerse cargo de dichas competencias y cuantificar su impacto en las finanzas públicas”.

Sin verificar las posibilidades de cumplimiento real, se podría “dar al traste con los objetivos pretendidos por el legislador en este proyecto de ley”, agregó la CGR.

Juan Diego Córdoba González

Juan Diego Córdoba González

Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de la Maestría en Comunicación y Mercadeo. Periodista de la mesa de Sociedad y Servicios de La Nación.

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