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La empresa Pelarica instaló invernaderos con techos blancos, lo que motivó una queja por contaminación visual ante la Sala IV. La resolución del caso dio origen a otros procesos. Foto: Ileana Arauz
La tercera parte del presupuesto de este año de la Municipalidad de Paraíso deberá trasladarse a una empresa de plantas ornamentales, en cumplimiento de una sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
El Ayuntamiento está obligado a cancelar ¢2.000 millones a la firma Pelarica, aunque originalmente la condena era por el doble de esa suma. Una acuerdo extrajudicial permitió el rebajo.
El pago corresponde a una indemnización por el cierre de operaciones de la empresa, que tenía una planta en Orosi, distrito de aquel cantón cartaginés.
Procesos judiciales que se iniciaron dos décadas atrás depararon en fallos de la Sala Constitucional y posteriormente en un juicio contencioso, del cual la Municipalidad resultó perdedora.
El acuerdo entre ambas partes fue refrendado por el Concejo Municipal en su sesión del 22 de octubre. Según este, lo que se pagará a la transnacional será alrededor de ¢2.000 millones.
“Fue una negociación ardua, pero que en lo que se podía hacer, es beneficioso para el cantón, pese a que nos duele que por un error administrativo, tengamos que pagar ese monto tan necesario para obras comunales” expresó el alcalde paraíseño Carlos Ramírez Sánchez.
El error administrativo a que se refiere Ramírez se registró en la administración municipal trasanterior, cuando la Municipalidad fue declarada en rebeldía porque no contestaron las notificaciones del proceso entablado por Pelarica ni presentó defensa. En consecuencia, fueron condenados.
Larga historia
Este caso se origina en el 2001, cuando un vecino del lugar planteó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. El lugareño se quejó por la contaminación visual provocada por Pelarica, que había levantado techos blancos de invernaderos que se observaban desde las crestas del valle de Orosi.
Los magistrados le dieron la razón al recurrente y ordenaron suprimier dicha contaminación.
Ante la complicación para seguir la actividad, la firma acudió a los tribunales contencioso administrativos con el alegato de que para su operación, habían recibido la autorización municipal y de otras instituciones.
Como el Ayuntamiento nunca atendió el proceso resultó condenado, mientras las otras instituciones demandadas resultaron exoneradas.
Fue esa desatención la que dio origen al pago al que le hará frente el gobierno local.
El alcalde informó de que la próxima semana, el acuerdo con la empresa será llevado al Tribunal Contencioso para su homologación.
Como parte del arreglo que permitió rebajar el monto, la Municipalidad también se comprometió a cambiar el uso de suelo de la zona donde estaba la planta, por uno turístico, para permitirle a la firma vender el terreno, pues a la fecha no lo han logrado.
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En las redes sociales, vecinos se han mostrado indignados por el pago que deberá realizar la institución debido a la irresponsabilidad administrativa y piden que se sienten responsabilidades.
