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La salida de Costa Rica de la empresa Industrias Infinito y la reciente venta de sus fincas en Cutris de San Carlos dejó sin respaldo el pago de los daños ambientales causados por la actividad de esta minera en Crucitas.
Este martes, el Tribunal Contencioso Administrativo estimó el daño ambiental en $6,4 millones que deben pagarse de forma “solidaria” entre la empresa, el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
La procuradora Susana Fallas explicó que esta obligación solidaria permite que cualquiera de las partes asuma el pago y luego cobre a los otros la parte que les correspondía.
Sin embargo, cuando la sentencia quede en firme, el Estado (que incluye a Sinac) tendrá seis meses para pagar la totalidad del monto. Esto, porque la minera ya no dispone de bienes a su nombre en el país, luego de vender, meses atrás, cinco fincas que tenía en la zona norte, según denunció en agosto, el diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio. Lo único que dejó son $600.000 que depositó como garantía ambiental y que están embargados desde el 2012.
Aunque en la sala de juicio estuvo Juan Carlos Hernández, antes representante de la minera, él explicó que desde setiembre ya no tiene relación con la firma.
“Vine a la lectura de sentencia por un compromiso ético. Ahorita no hay voceros”, manifestó.
El que no haya ningún representante de la compañía en Costa Rica es algo que también le preocupa a la procuradora.
“En este momento, no hay con qué obligar a Industrias Infinito a pagar, pero esto no significa que no se puedan tomar medidas para que el Estado les cobre y vea de qué manera puede recuperar algo de ese dinero”, indicó Fallas.
La sentencia de este martes se dio a conocer cinco años después del fallo que dejó sin efecto la concesión otorgada por el Estado a la minera, al considerar que se hizo de manera irregular. Industrias Infinito, de capital canadiense, pretendía extraer 800.000 onzas de oro de la mina.
Incumplimiento. La procuradora explicó que la posibilidad de que al Estado le tocara pagar todo era algo que “veían venir” pues durante el proceso no se ordenó ningún tipo de embargo.
La funcionaria añadió que pidieron que el monto se dividiera en tres, pero tampoco se hizo .
“ La minera incumple dos obligaciones , que son la económica y las actividades para reparar el daño, porque al vender las fincas donde se hace el daño, pierde la relación con estas”, dijo Fallas.
Según la sentencia, la reparación de los daños se hará como lo establece un estudio realizado por peritos, y los nuevos dueños de las fincas deberán permitir las labores que sean necesarias.
“La sentencia no define de quién son las fincas, cómo va a entrar el Estado a reparar el daño y cómo se va a obligar a un tercero a hacer lo que estaba obligado (a hacer) Industrias Infinito. Tampoco dice cómo se va a obligar a la minera a pagar”, apuntó Fallas.
Todavía queda pendiente el arbitraje planteado por Infinito ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Alexánder Mora, ministro de Comercio Exterior, explicó que aunque la minera pidió suspender el proceso, el Ciadi negó la petición e instruyó un nuevo calendario en el que Industrias Infinito debe concretar la demanda. Tiene tiempo hasta el 22 de diciembre para hacerlo.
