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El parque Laguna de Doña Ana o el Estadio Quincho Barquero están entre las propiedades que la Municipalidad de Paraíso podría hipotecar para conseguir el dinero con qué indemnizar a la empresa Pelarica.
Este ayuntamiento tramita un préstamo con el Banco Nacional para reunir los ¢2.000 millones necesarios para cumplir la obligación con esa firma de plantas ornamentales, derivada de un juicio contencioso administrativo.
Carlos Ramírez, alcalde paraiseño, reconoció que esas propiedades son los activos más representativos económicamente para darlos como garantía, y así cumplir con el acuerdo alcanzado con la empresa que estuvo ubicada en Orosi.
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“De no haber negociado con ellos, tendríamos que pagarles casi los ¢4.000 millones”, dijo el jerarca, en referencia a la condena dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y confirmada en julio de 2019 por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
El origen del reclamo se remonta al 2001, cuando un vecino de Orosi presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Municipalidad y otras entidades por la contaminación visual que provocaban las instalaciones de Pelarica, que tenía grandes toldos blancos notables a largas distancias.
La Sala le dio la razón en un fallo de 2001. Esa sentencia motivó a la empresa a demandar en 2004 al gobierno local y otras entidades, pues todas le habían concedido permisos para instalarse y en ese momento su inversión estaba amenazada.
Ya en el juicio contencioso, el Ayuntamiento de Paraíso no se presentó para defenderse, por lo que fue declarado en rebeldía. Fue cinco años después que tomó parte para objetar la condena ante la Sala I.
Los altos jueces confirmaron el fallo contra el gobierno local que obligaba el pago de ¢3.500 millones. En abril de 2020, fue notificado que debía ejecutar la sentencia.
Un acuerdo extrajudicial permitió reducirlo a ¢2.000 millones, que representan la tercera parte de su presupuesto anual.
Críticas
Jorge Rodríguez, regidor miembro de la comisión negociadora del préstamo, aseguró que los paraiseños no deben temer que se pierda este patrimonio, porque “en los presupuestos anuales, siempre se incluirá esta responsabilidad con el Banco Nacional”.
Ante las protestas surgidas en la comunidad ante la posibilidad de hipotecar estos bienes, Rodríguez reclamó que muchos de los que cuestionan son los que tienen pendiente el pago de impuestos por bienes inmuebles u otros servicios por un total de ¢2.300 millones, “que hubieran servido para pagar esa deuda”.
“En un cantón tan grande, lleno de residencias de lujo y fincas, solo 14.000 están declaradas, y no se diga de la morosidad en agua, basura y otros servicios”, fustigó.
