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La plataforma de cursos de inglés contratada por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) no se compromete a que los usuarios logren dominar el idioma en los plazos establecidos, ni garantiza el nivel necesario para competir en el mercado laboral después de completar el curso.
En su lugar, el programa responsabiliza únicamente a los estudiantes por sus resultados, tal como consta en los documentos de contratación y según lo reconoce el mismo Christian Rucavado, presidente ejecutivo del INA.
Los requisitos del contrato
El acuerdo de contratación, adjudicado al Consorcio Say Pura Vida! by Open Education (empresa matriz de Open English) y Radiográfica Costarricense (Racsa), establece que la plataforma debe estimar cuántas horas tarda típicamente una persona en avanzar de nivel según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Dicho marco internacional divide el dominio del idioma en seis niveles: A1-A2 (básico), B1-B2 (independiente) y C1-C2 (competente).
El documento, disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), también indica que la empresa y el INA deben acordar el número mínimo de horas para garantizar el progreso.
Cada licencia tendrá validez de un año, durante el cual el usuario debe alcanzar como mínimo el nivel B1, o avanzar al menos dos niveles si comienza en un nivel superior al A1.
No obstante, en esas mismas condiciones se señala que la empresa “debe garantizar la suficiente flexibilidad en la plataforma educativa para establecer en conjunto con el INA, los parámetros de inactividad en tiempo y avance de la persona usuaria, y reasignar oportunamente la licencia”. En otras palabras: si un estudiante no avanza en el tiempo establecido, pierde el acceso a la formación.
Quienes tengan más de 15 días sin usar la plataforma serán considerados desertores y perderán el beneficio. Además, la plataforma debe contar con mecanismos de evaluación constante para medir el avance.
La Nación consultó al jerarca del INA, Christian Rucavado, sobre cómo estas condiciones evitarían que el programa excluya a quienes no avancen en los tiempos establecidos.
El presidente ejecutivo aseguró que las personas “tienen el espacio y tiempo requerido para avanzar, al igual que en un curso normal”.
Además, sostuvo que cualquier curso y servicio del INA “requiere compromiso de los estudiantes”, y añadió que el proyecto que ofrecen brindaría acompañamiento mediante inteligencia artificial (IA), informes de retroalimentación, profesores en vivo y guía pedagógica.
Consultado sobre si se consideró el tiempo específico según el tipo de plataforma, qué ocurriría con quienes no alcancen el nivel B1 dentro del plazo fijado, o si se exigiría a la empresa garantizar el avance de un número determinado de usuarios, Rucavado solo respondió que “toda la información relacionada con el proceso de contratación” está disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), que es de acceso público.
No obstante, el expediente no aclara cuántas certificaciones debería otorgar la empresa a partir de las 500.000 licencias anuales supuestamente contratadas, cuyo costo total sería de $74 millones, según dijo el presidente Rodrigo Chaves el pasado 13 de abril, cuando anunció el programa al público.
Ese monto, el de $74 millones, no consta en el contrato. Las cifras que aparecen son:
-Que el costo anual de una licencia es de $82,99 y si se colocan más de 71.023 licencias, el monto unitario baja a $77 por año.
-Que para el 2026, la única reserva que se menciona es de ¢917 millones (unos $2 millones) para la adquisición de licencias (daría acceso a unas 26.000 personas).
No hay certeza de un monto asegurado en el contrato, pues no hay claridad sobre cuántas licencias se van a consumir. El mismo Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) publicó en su sitio web que la contratación es bajo demanda, y que podría permitir el uso de hasta 2.000.000 de licencias en los próximos cuatro años.
Aún con el mejor precio, de $77 por acceso por año, si se llega a 2.000.000 beneficiarios el monto sería de $154.000.000. Y si se activan las 500.000 por año que mencionó el presidente, el costo sería de $38.500.000.
‘Es un compromiso de la persona por aprender’
Tras el lanzamiento de la plataforma Hello Brete, Rucavado enfatizó que dominar el inglés impacta directamente la empleabilidad. Sin embargo, en el contrato no se garantizan los niveles del dominio del idioma que alcanzarían los estudiantes ni si estos les permitirían acceder a mejores empleos.
Según Rucavado, los usuarios pueden comenzar sin ningún conocimiento de inglés o hasta desde el nivel C, dependiendo de sus conocimientos previos. Como es un programa de autoestudio, el nivel de salida depende enteramente de cada persona.
Giannina Seravalli, académica e investigadora de la Universidad Nacional (UNA) y especializada en formación docente para la enseñanza del inglés, explicó que según el Marco Común Europeo los empleadores bilingües solicitan entre B2 y C1.
“En Costa Rica, ser bilingüe puede aumentar el salario entre un 20% y un 38%, y en puestos técnicos este incremento alcanza, en promedio, un 34%”, detalló Rucavado, del INA, en un comunicado de prensa.
Cuando al jerarca se le expuso que expertos advierten de que rara vez los usuarios de plataformas como esta superan los niveles A2 o B1 (insuficientes para puestos bilingües), este respondió:
“El avance en la materia de cualquier curso es un compromiso de la persona por aprender. Asimismo, como este servicio es de carácter innovador, se debe de contemplar el uso de la IA para la formación, elemento nuevo dentro del modelo de aprendizaje”.
Al preguntársele sobre cuántas personas podrían colocarse en el mercado laboral y con qué nivel de inglés, el presidente del INA no respondió específicamente.
Las limitaciones del aprendizaje 100% virtual
Allen Quesada, director de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica (UCR), aseguró que las plataformas 100% virtuales carecen del acompañamiento pedagógico y la práctica conversacional sostenida que se requieren para desarrollar competencias comunicativas sólidas en inglés.
Quesada señaló que alcanzar un dominio funcional más alto requiere de procesos formativos estructurados, interacción frecuente, retroalimentación experta y práctica oral constante, “elementos difíciles de sostener únicamente mediante autoaprendizaje digital”.
Sobre la posible deserción por falta de acompañamiento pedagógico presencial, Rucavado reiteró que cualquier curso del INA requiere constancia de los alumnos y repitió que la plataforma ofrece apoyo. Alegó que todas las modalidades del INA enfrentan deserción.
En el expediente de contratación se menciona que el INA tiene una demanda insatisfecha de 34.654 personas anuales que esperan un cupo para aprender inglés.
Del plan piloto con 30.000 personas a la compra de 500.000 licencias
Allen Quesada confirmó que, entre finales del 2024 e inicios del 2025, el INA le propuso colaborar en un proyecto de enseñanza de inglés. Inicialmente, el Instituto planteaba un plan piloto para llevar a 30.000 estudiantes del nivel A1 al A2. Finalmente, en abril pasado la UCR decidió no participar.
La Nación preguntó a Rucavado cómo pasaron de un proyecto de 30.000 estudiantes a adquirir 500.000 licencias con Open English, pero el jerarca se limitó a contestar, por escrito:
“Costa Rica necesita fortalecer su formación en inglés. Este servicio es política pública hecha herramienta para los ciudadanos; estamos hablando ahora de un impacto masivo en la formación de personas durante cuatro años”.
