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La Contraloría General de la República advirtió hace más de dos años al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) que el modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita, con una asociación de la zona, tenía “importantes irregularidades legales” y carencia de controles sobre el manejo de las donaciones que hacen los turistas a esa organización local.
El manejo de ese dinero actualmente es objeto de una investigación penal por el presunto delito de peculado, según confirmó a este diario la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. El caso se tramita bajo el expediente 23-000397-1218-PE.
Oficios internos del Sinac muestran que este año se presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre las donaciones, en la que se señalan aparentes faltantes de recibos y depósitos, así como un supuesto incumplimiento del procedimiento interno para las contribuciones voluntarias recibidas en playa Blanca de Cahuita, entre los meses de marzo y abril del 2026.
El Ministerio Público indicó que esa denuncia reciente se investiga por separado luego de que fue recibida en la sede del OIJ en Bribrí, Talamanca, Limón.
No obstante, desde hace dos años, se emitieron las primeras alertas.
En abril del 2024, la Contraloría concluyó que la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) seguía administrando recursos públicos sin un convenio vigente con el Sinac, situación que calificó como “importantes irregularidades legales” en un oficio enviado al entonces director ejecutivo del Sinac, David Chavarría Morales, y a la directora del Área de Conservación La Amistad-Caribe (Aclac), Maylin Mora Arias.
El órgano contralor determinó que las contribuciones voluntarias entregadas a la Asociación por los visitantes no se depositaban en el Fondo de Parques Nacionales, pese a que así lo ordenan la ley y el reglamento vigente.
Solo consta un depósito del 2017 y, después de ese año, todo el dinero entraba directamente a cuentas administradas por la ADIC.
Otra irregularidad, según la Contraloría, es que los controles del Sinac sobre los fondos se limitaban a recibir reportes mensuales elaborados por la propia asociación, sin mecanismos adicionales de verificación o fiscalización.
Desde el 2024, la Contraloría concluyó que el Parque Nacional Cahuita se venía gestionando “al margen de la legalidad”, por la ausencia de un convenio vigente con la ADIC, un manejo del dinero sin un mecanismo establecido por ley y falta de controles para garantizar el adecuado uso de fondos públicos.
El 9 de julio, La Nación consultó a la directora del Área de Conservación La Amistad-Caribe, Maylin Mora Arias, las razones por las cuales se permitió que la ADIC siguiera administrando fondos públicos por más de cuatro años a partir del 2022, luego del vencimiento del convenio.
También, se solicitaron explicaciones a la ADIC sobre por qué continuó administrando donaciones sin un convenio vigente y si buscó regularizar esa situación.
Asimismo, se enviaron consultas tanto a la ministra de Ambiente y Energía (Minae), Mónica Navarro del Valle, como a la viceministra de Ambiente, Giovanna Valverde Stark, sobre si se alcanzaron acuerdos durante una visita suya realizada la semana anterior a Cahuita y las acciones que adoptaría el Ministerio para corregir las deficiencias señaladas.
Al momento de esta publicación, ni la Asociación ni la ministra habían respondido sobre una situación que ocurre en un parque nacional que recibió más de 637.000 excursionistas entre el 2022 y el 2025, según datos de visitación del Sinac adscrito al Minae.
La viceministra de Ambiente, Giovanna Valverde Stark, solo respondió que las instituciones públicas se acogían al cierre por vacaciones de medio año y que las consultas serían atendidas el lunes 13 de julio. Al publicarse esta información, Valverde Stark tampoco había respondido.
Convenio vencido
El Sinac y la ADIC firmaron un Convenio Marco de Cooperación el 23 de marzo del 2017 por un plazo de cinco años, el cual venció el 23 de marzo de 2022. Sin embargo, no se prorrogó.
Pese a ello, la Asociación siguió participando en el modelo de gobernanza compartida con el Sinac y administrando las donaciones recibidas de parte de los turistas que ingresan al parque por playa Blanca.
Luego de recibir la advertencia de la Contraloría, el Sinac y el Área de Conservación La Amistad Caribe informaron al órgano contralor de acciones adoptadas frente a las irregularidades señaladas, indicando que contaban con un plan de trabajo al cual darían seguimiento. Lo hicieron mediante los oficios SINAC-ACLAC-DR-0654-2024 y SINAC-SE-DE-1124-2024, del 9 y 13 de agosto de 2024.
Así lo confirmó la Contraloría a La Nación, mediante el área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible.
Sobre el citado plan de trabajo reportado en el 2024, ninguna de las funcionarias consultadas brindó declaraciones al momento de esta publicación.
No obstante, el pasado 27 de mayo, el Sinac emitió la resolución SINAC-SE-DE-R-0125-2026, con la que suspendió cualquier acto de administración de la ADIC en playa Blanca.
La resolución reconoce expresamente que el convenio nunca fue prorrogado de forma oportuna en 2022 y agrega que la decisión también responde a una denuncia presentada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El Sinac también ordenó el cese de cualquier gestión administrativa de la ADIC hasta que exista un mecanismo legal, administrativo y financiero vigente que permita administrar las donaciones conforme al ordenamiento jurídico.
