
El Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) denunció ante la Oficina de Contraloría Universitaria presuntas irregularidades en la asignación de recursos del programa “Fondo Solidario”, correspondientes a los años 2024 y 2025, durante la administración del partido federativo Integra.
Según la Federación, la denuncia surgió tras una resolución de la Sala Constitucional, presentada contra la administración anterior (2025), y que obligaba a entregar información sobre las personas beneficiarias del fondo. Fue durante ese proceso de revisión de datos que el actual Directorio identificó posibles irregularidades en la asignación de los recursos.
El Fondo Solidario es un programa financiado con recursos provenientes del presupuesto asignado a la FEUCR por la Universidad de Costa Rica (UCR), y destinado a apoyar a estudiantes en condiciones socioeconómicas vulnerables.
“En el proceso de recopilación y sistematización de dicha información, se identificaron casos en los que personas que ocupaban cargos dentro del Directorio de la FEUCR, familiares de estos o integrantes de la estructura del partido federativo electo en dichas gestiones figuraban como beneficiarias del fondo”, señala el comunicado de la actual Federación.
El comunicado no detalla a qué partido ni a cuáles presidencias corresponde la gestión cuestionada. No obstante, en 2024 y 2025, la Federación estuvo encabezada por Valentina Palacio y Artemisa Villalta, respectivamente; esta última renunció tras la controversia por la cancelación de los conciertos de la Semana Universitaria, y José Masís asumió posteriormente la dirección.
La Nación intentó contactar a Palacio y a Villalta para conocer su posición; sin embargo, al cierre de este artículo no se obtuvo respuesta.
Además, el actual Directorio indicó que decidió poner los hechos en conocimiento de las autoridades universitarias, para que determinen si existe o no una falta administrativa o la posible comisión de un ilícito penal.
La FEUCR señaló que, al tratarse de recursos públicos, su administración debe regirse por los más altos estándares de transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas. La denuncia incluye documentación oficial y registros institucionales debidamente adjuntados como respaldo.
“Adicionalmente, el Directorio ha identificado una serie de falencias en los controles internos y en los procesos de asignación del Fondo Solidario que pudieron haber permitido estas situaciones”, indicaron.
La Federación también informó que, en consecuencia, acordó suspender temporalmente la asignación del fondo, mientras se revisan y fortalecen los mecanismos de control.
“En las próximas semanas se presentarán las reformas estatutarias y reglamentarias necesarias para garantizar procesos más rigurosos, objetivos y transparentes”, concluyó el comunicado.
