EscucharGustavo Gutiérrez Espeleta, exrector de la Universidad de Costa Rica (UCR), declaró que implementó el nuevo esquema salarial de la institución, aunque detectó falencias en el texto, porque el anterior Consejo Universitario “lo amenazó sutilmente” con abrirle un procedimiento disciplinario si no lo aplicaba.
“Por un deber de obediencia con respecto a la potestad reglamentaria que tiene el Consejo Universitario, tuve que ejecutarlo salvando mi responsabilidad”, detalló Gutiérrez.
Se refiere al Reglamento del Regimen Salarial Académico (RRSA), aprobado por el Consejo Universitario el 14 de diciembre del 2023. Según el matemático Pedro Méndez, exsecretario académico de la Rectoría, esta norma permite el traslado inmediato de funcionarios antiguos al salario global, lo que provoca incrementos salariales súbitos, en contra de lo establecido en la Ley de Empleo Público.
La Nación consultó en abril al exrector Gutiérrez cuáles fueron las falencias o presuntas ilegalidades que detectó en el reglamento.
“En varias ocasiones lo indiqué y en varios oficios las planteamos. El día que se aprobó, el 14 de diciembre de 2023, solicité un aplazamiento de 15 días para pedir un dictamen jurídico, perdí cinco a siete esa votación Luego emitimos otros oficios. En el R-1036-2024, se detallan nuestras observaciones al texto aprobado”.
En ese documento, de febrero del 2024, el exrector le indicó a los miembros del Consejo Universitario la "preocupación de que la redacción actual de algunos artículos podría ampliar el ámbito de cobertura de la norma y podría estar en contradicción con la legislación nacional vigente”.
Según Gutiérrez, insistieron “varias veces” en suspender la aplicación para hacer los análisis técnicos y pedir criterios legales. Afirmó que todas las advertencias fueron ignoradas por el Consejo Universitario.
“Llegamos a proponer una hoja de ruta para enmendar las falencias y fue rechazada también”, agregó.
En un criterio legal de la asesoría jurídica del Consejo Universitario, del 24 de julio del 2024, se recordó al rector "la obligación jurídica que tiene de ejecutar, en un plazo expedito, las normas contenidas en el Reglamento del régimen académico docente, so pena de exponerse al régimen disciplinario que aplica para las autoridades universitarias superiores”.
El reglamento en cuestión regula la remuneración salarial del personal académico y los puestos de elección de autoridades.
