EscucharEstudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) que mantienen tomado el edificio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), piden que el rector de esa universidad se separe de su cargo mientras avanzan las investigaciones en su contra. Entre ellas, un expediente judicial por presunto incumplimiento de deberes.
“La permanencia del rector Carlos Araya en su cargo, pese a que actualmente se encuentra bajo investigación por presunto incumplimiento de deberes, genera un profundo malestar y desconfianza en el estudiantado.
“Él se escuda en que no existe un proceso judicial formal abierto en su contra, porque las investigaciones apenas están en una etapa preliminar, pero precisamente por eso, por estar en la fase de valoración de pruebas, por haber indicios suficientes como para que la Fiscalía Anticorrupción, Contraloría y la Procuraduría de la República hayan iniciado investigaciones, creemos que debería inhibirse voluntariamente de sus funciones mientras se aclaran los hechos”, indicó la agrupación identificada como Alianza Estudiantil en una respuesta enviada a este diario.
El movimiento asegura que esta situación afecta la confianza pues se trata de la “figura más visible de la Universidad”, la cual está bajo sospecha, en momentos cuando se inicia una etapa crítica como es la negociación del FEES.
“La UCR no puede presentarse a esa mesa con una rectoría debilitada por cuestionamientos éticos (...) Quien ocupa un cargo público debe entender que ese puesto no es un privilegio personal, sino un espacio de confianza temporal. Y cuando esa confianza se ve quebrantada, lo correcto es apartarse para no causar más daño”, añadieron en su pronunciamiento.
Rectoría niega irregularidades
En respuesta al movimiento, el rector confirmó su permanencia en el cargo e insistió de que no existen señalamientos “formales” en su contra.
“Algunas personas han interpuesto denuncias sobre decisiones pasadas que ya fueron oportunamente aclaradas en varias ocasiones, pero que han dado pie a indagatorias preliminares. Actúo con transparencia y respeto irrestricto del debido proceso, como siempre lo he hecho”, afirmó.
Araya además defendió la derogatoria a la resolución que habría elevado los salarios en 22 puestos de confianza, la cual había sido propuesta por él mismo.
“Dicha resolución nunca estuvo vigente. A pesar de ello, diversos medios y sectores continúan aludiendo a esta”, agregó en el comunicado enviado esta tarde.
En relación a la permanencia en el cargo, aseguró que “juró ejercer la rectoría durante cuatro años”, por lo que mantendría la “voluntad democrática expresada en las urnas”.
“La normativa, tanto universitaria como nacional, tiene procesos establecidos para dirimir las diferencias e investigar posibles hechos irregulares, enmarcados dentro del debido proceso, a los cuales todas y todos debemos atenernos según la tradición universitaria”, añade el documento.
La rectoría aseguró que mantienen un llamado al diálogo con el movimiento estudiantil y que se convocó a un Consejo de Rectoría ampliado para aclarar las dudas que puedan existir respecto a los citados procesos.
A finales de abril, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó la apertura de oficio de una investigación en contra el rector UCR, por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
La investigación surgió tras la publicación de La Nación, en la que se dio a conocer que Araya participó, e incluso votó, en una sesión del Consejo Universitario (CU) en la que se discutió una moción, presentada por la integrante, Ilka Treminio, para que el propio Araya se inhibiera de emitir criterio en los asuntos relacionados con las obras a cargo de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), luego de las denuncias sobre supuestas irregularidades en la construcción de edificios universitarios financiados con un préstamo del Banco Mundial.
En esa moción también se le instaba a Araya a abstenerse de pronunciarse sobre un informe en específico, el OCU-167-2025. Documento que motivó al CU a presentar una denuncia ante la Fiscalía por problemas de diseño y vicios ocultos en varios edificios.
A inicios de año, la Fiscalía también allanó las oficinas de la UCR y ordenó la detención temporal de dos funcionarios por el caso del Ciclotrón, construcción que también figuraba entre las obras con presuntas irregularidades.
