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La estudiante Sofía Alfaro Gómez denunció que la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) la habría discriminado tras cuestionar la forma en que desarrollaron las Prácticas Dirigidas de Graduación (PDG).
La denuncia la presentó ante al rector de la UCR, Carlos Araya, el 29 de mayo pasado, solicitando que se le dé trámite conforme el Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra de la Discriminación y, por tanto, en la Comisión Institucional Contra la Discriminación (CICDI), adscrita a Rectoría.
La denuncia señala como presuntos responsables a la decana Marcela Moreno Buján; al coordinador de las PDG, Alfonso Chacón Mata; y a otros funcionarios y una profesora de la Facultad.
Según Alfaro, al momento de publicación de esta nota, no ha recibido una resolución por parte del CICDI, ni siquiera respecto a la medida cautelar solicitada.
El caso de Sofía se produjo en medio de cuestionamientos más amplios sobre las prácticas de graduación. Según un oficio de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, alrededor de 300 estudiantes optaron por esta modalidad y muchos aún esperan concluir el proceso.
En entrevista con La Nación, el coordinador de las prácticas dirigidas, Alfonso Chacón, adujo que hay 296 personas matriculadas, pero únicamente cuatro han completado los requisitos.
Sostuvo que no ha sido notificado de la denuncia, por lo que no se refirió al fondo.
También, se intentó contactar vía telefónica con Moreno Buján, pero no se obtuvo respuesta. Chacón dijo que la decana no se referirá al asunto públicamente.
El origen del caso
Los hechos se remontan a agosto de 2025, cuando la Decanatura presentó las prácticas de graduación como una alternativa para sustituir la tesis, prometiendo que los alumnos podrían graduarse en un periodo de uno o dos semestres, dependiendo de ciertos requisitos.
La denunciante Sofía Alfaro optó por la práctica dirigida debido a las dificultades para conseguir un director de tesis y completar la graduación. Según explicó, la PDG surgió como una alternativa para resolver ese problema.
Sin embargo, afirmó que el programa se inició en agosto de 2025 bajo una absoluta improvisación, sin proyectos definidos, convenios institucionales ni una norma complementaria aprobada.
“Empezamos primero casi que tonteando”, dijo.
Un punto de quiebre ocurrió cuando el grupo de Sofía, asignado a un proyecto con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), recibió la instrucción de diseñar un proyecto de ley para retirarles los bonos de vivienda a familias de escasos recursos en condominios sociales que no pudieran pagar las cuotas de mantenimiento.
“Yo me necesito graduar, pero no tanto, no a costa de las personas, no a costa de las personas más necesitadas, que todos estos años de carrera, mediante los impuestos que pagan, me han financiado a mí la educación y yo como estocada final, para graduarme, entonces voy a hacer un proyecto para que les quiten la casa porque son pobres, porque no pueden pagar una cuota condominal por su pobreza”, relató la estudiante.
El Mivah confirmó haber participado de la PDG en la Facultad de Derecho. Sin embargo, el Ministerio niega que haya realizado una solicitud a la Facultad de Derecho respecto de “una propuesta relacionada con familias que no pueden pagar las cuotas de mantenimiento de condominios de interés social”.
“(El Mivah) no ha promovido ni promueve alguna iniciativa o proyecto para quitar las soluciones de vivienda a quienes no pueden pagar cuotas condominales en condominios de interés social”, dijo el ministerio ante la consulta de La Nación.
Agregó que las investigaciones generadas por la práctica dirigida son de resorte de la UCR y sus profesores.
Finalmente, según contó la joven, en noviembre entregaron un documento donde se plasmaban los objetivos del proyecto de ley solicitado, sin desarrollarlo aún. Alega que le fue firmado como “aprobado”.
Alfonso Chacón defendió la absoluta legalidad de las actuaciones de la Facultad de Derecho sobre las PDG que él dirige.
Nuevo conflicto por la convalidación
Alfaro debía completar un segundo semestre de PDG, pero aduce que, en marzo, una resolución de la decana abrió la posibilidad de convalidar un semestre de práctica por horas de consultorios jurídicos. La estudiante solicitó finalizar su proceso bajo esta modalidad y, con esto, habría concluido su plan.
Según la joven, esa petición desató lo que califica como “persecución institucional”. La solicitud no fue atendida parte de la profesora ni del coordinador de las PDG.
Asegura haber recibido maltrato verbal en grupos de WhatsApp por parte de ambas autoridades, además de que la Decanatura nunca le contestó la solicitud.
Las autoridades de la Facultad la convocaron a reuniones obligatorias en horarios que chocaban con su jornada laboral y se negaron a reprogramarlas, según narró.
En abril pasado, ante la falta de respuesta, presentó un escrito para que le aplique el silencio positivo. También, acudió a la Vicerrectoría de Investigación.
Según dice la denuncia, en una reunión con el vicerrector, el abogado de Alfaro y el coordinador de las PDG, este último habría calificado de mentirosa a la estudiante.
Chacón confirmó que estuvo presente y que hubo un enfrentamiento verbal con el jurista de la joven, pero negó que sus calificativos fueran dirigidos a la estudiante.
Al día siguiente, las autoridades universitarias emitieron un documento donde alertaban a la joven sobre una supuesta falta de cumplimiento de observaciones de fondo y metodológicas. Alfaro sostiene que nunca recibió esos parámetros señalados de forma previa.
Paralelamente, Alfaro asegura que comenzó a tener problemas con docentes y autoridades de la Facultad. Sostiene que una profesora le comunicó que ya no hablaría con ella y que, posteriormente, dejó de recibir instrucciones sobre cómo continuar con el proyecto.
También, aduce que durante una reunión con compañeros, la profesora le gritó cuando ella insistía en conocer cómo se aplicarían las reglas del reglamento respecto a las horas y al componente presencial de la práctica.
Denuncia y posterior negación de la matrícula
Es en ese contexto que, en mayo pasado, Alfaro presentó la denuncia por discriminación.
Como medida cautelar, solicitó que las personas que habían participado en su proceso no fueran quienes la evaluaran.
La Comisión Institucional Contra la Discriminación confirmó haber recibido la denuncia, que se encuentra en fase de admisibilidad. Pese a que desde mayo fue remitida, será hasta el próximo 7 de septiembre que se conozca la medida cautelar solicitada por Alfaro.
Posteriormente, la estudiante intentó matricular un nuevo curso de PDG, pero le fue rechazado.
“¿Y cuál fue la justificación? Que yo no tenía aprobado el anteproyecto, anteproyecto que ya yo había enviado en noviembre y que la profesora había avalado, pero que después ellos dijeron que no. Después nunca me dieron ninguna indicación de qué era lo que tenía que hacer".
La primer PDG, cursada en el segundo semestre del 2025, fue calificada como “incompleta”. La segundo, cursada en el primer semestre del 2026, fue calificada de “reprobada”.
En tanto, no pudo matricular en agosto pasado, porque el encargado de autorizarlo, quien es la misma persona que coordina las prácticas dirigidas, se la rechazó.
Investigación
El 6 de agosto, el vicerrector de Docencia, Jáirol Núñez Moya, pidió a la Contraloría Universitaria abrir una investigación sobre las PDG de Derecho.
El caso ocurre además en medio de criterios contrapuestos de la Oficina Jurídica y la Vicerrectoría de Investigación sobre la legalidad y continuidad de las PDG. La primera recomendó cesar la modalidad para nuevos estudiantes, mientras la segunda respaldó la continuidad de los proyectos en curso.
“La Oficina Jurídica no es vinculante. La que es vinculante es la Vicerrectoría de Investigación”, defendió Chacón Mata.
La Nación remitió consultas a las vicerrectorías de Docencia e Investigación, por medio de la Oficina de Comunicación Institucional de la UCR. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta.
