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A pesar de gozar de un sólido respaldo del 64% de la ciudadanía, la administración de la presidenta Laura Fernández enfrenta amenazas latentes que pueden erosionar su capital político.
El más reciente estudio del CIEP-UCR explora en un apartado específico cómo ciertas decisiones o escenarios, tanto hipotéticos como presentes en el debate público, impactarían negativamente o dividirían la opinión sobre el actual gobierno.
El informe revela cuatro líneas rojas que generarían, en su mayoría, un impacto negativo en la popularidad del gobierno, al margen de la afinidad política de las personas.
La más contundente es la eventual comprobación de un caso de corrupción que involucre a integrantes del Poder Ejecutivo, una situación que empeoraría la opinión del 72% de quienes hoy respaldan a la mandataria y del 75% de quienes no la apoyan.
De igual forma, el cobro de impuestos a los productos de la canasta básica castigaría severamente la imagen presidencial de Fernández, pues empeoraría la perspectiva del 67% de sus seguidores y del 92% de sus detractores.
Un rechazo similar tendría un eventual recorte al presupuesto de las universidades públicas o la decisión de no acatar una resolución de la Sala Constitucional, acciones que dañarían la opinión del 63% y 59% de sus propios simpatizantes, respectivamente, así como del 91% y 88% del sector que no respalda su gestión.
Por otro lado, el análisis también detalla tres escenarios en los que los efectos son más divididos y dependen del respaldo político previo.
Impulsar cambios para permitir la reelección continua generaría el rechazo del 82% de quienes no respaldan al gobierno. En contraste, el 50% de los partidarios de la presidenta tendría una opinión más favorable sobre esta medida, mientras que el 43% la reprobaría.
Una eventual autorización para la minería a cielo abierto también polarizaría las opiniones.
El 74% de quienes son críticos del gobierno empeoraría su opinión sobre el Ejecutivo ante esa medida. Entre los seguidores de Laura Fernández, en cambio, las opiniones están divididas: un 47% mejoraría su opinión sobre el gobierno, mientras que otro 47% la empeoraría.
Lo mismo se detectó si las condiciones de vida de la población general se mantienen igual a las actuales.
Ahí el 61% de los detractores agravaría su percepción negativa. En contraste, las bases de apoyo al gobierno presentan una postura más dividida y menos crítica, con 37% que incluso mejoraría su opinión y un 39% que la empeoraría.
