Universidades y organizaciones alzan la voz por recorte en ayuda social a niños y jóvenes pobres

En una carta pública dirigida a un grupo de diputados, estas entidades, entre las que se incluyen la Fundación Paniamor, Aldeas Infantiles SOS, la Universidad Nacional (UNA), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto de Investigaciones Psicológicas, World Vision, el Colegio de Profesionales en Orientación y el Colegio de Profesionales en Psicología, manifiestan su descontento ante esta medida.

En el documento remitido por la denominada Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes de Costa Rica, también fustigan el posible traslado de ¢3.200 millones del presupuesto 2024 del Ministerio de Educación Pública (MEP) al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para combatir la ola criminal en Costa Rica.

Asimismo, critican la reducción de ¢4.000 millones al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

LEA MÁS: ¿De qué partidas saldría el dinero para el presupuesto extraordinario de Seguridad?

Para los firmantes, aunque “los recortes puedan estar fundamentados en buenas intenciones” van contra el compromiso que adquirió el país al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.

“De aprobarse, sus implicaciones vulnerarían derechos de las personas menores de edad y ocasionarían un impacto negativo en sus trayectorias de vida y en sus posibilidades de desarrollo óptimo”, advirtieron.

Entre las medidas que les preocupan, citas acciones de las que informó el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) al Fondo Monetario Internacional (FMI) así como datos contenidos en un monitoreo de la Contraloría General de la República. Estas son:

• El número de becas del Programa Avancemos para personas menores de edad en situación de pobreza se redujo en 113.739 becas, pasando de 387.739 en 2022 a 274.000 para el año 2023
• El presupuesto 2023 de becas y subsidios para el sector educación decrece un 5,1% respecto al 2022, generando una posible disminución de 3,8% en la cantidad de beneficios a estudiantes.
• Los cupos en las diferentes modalidades de la Red de Cuido y Desarrollo Integral (Redcudi), estos disminuyeron en 7.370 cupos, pasando de 72.077 en el 2022 a 64.707 en 2023.
• La partida de transferencias del MEP refleja una disminución neta de 2,2% para 2023, correspondientes a Juntas de Educación y Administrativas. Esto acarrea el riesgo de una posible afectación, entre otros, del servicio de subsidios de transporte a estudiantes, pues los recursos solo cubren las necesidades del primer semestre de 2023.

La Mesa indica que el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) estima que el recorte en becas produciría que 5.866 nuevos hogares caigan bajo la línea de pobreza.

“Esto significa que 12.000 personas menores de edad ingresarán a esa condición, y ante la falta de recursos, unos 7.000 estudiantes de colegio dejarían las aulas en 2023″, afirman.

Ante esas posibilidades, solicitan a los legisladores “que hoy más que nunca, valoren y actúen de conformidad ante el hecho innegable de que en Costa Rica resulta imprescindible que las medidas presupuestarias que afecten instituciones con mandatos en niñez y adolescencia”.

LEA MÁS: MEP asegura que recursos trasladados a Seguridad no afectarán servicios educativos

Insisten en que no pueden estar de acuerdo con el traslado de fondos del MEP y Cultura para abordar temas de seguridad y lucha contra la criminalidad, porque los pilares de prevención de la delincuencia son esas dos carteras.

“Tampoco podemos aceptar el argumento de la subejecución como respaldo a las decisiones de recorte en instituciones y programas que benefician a los sectores de la población más vulnerables, cuando la subejecución lo que evidencia son las dificultades de eficiencia en dichas instituciones, pero no la ausencia de necesidades de la población, como a veces se da a entender”, indican en la misiva.

Por otra parte, alegan que las decisiones que los diferentes Poderes de la República tomen “deben estar basadas en evidencia”.

LEA MÁS: Viceministro del MEP: Hay estudiantes que no van a clases, van a traficar drogas

Molestia y sorpresa

Este miércoles la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, compareció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios para referirse al traslado de fondos de la cartera que dirige a Seguridad. No obstante, varios diputados se mostraron confundidos y molestos al ver que la jerarca no se opone.

El argumento del MEP para apoyar la decisión es que hay una profunda crisis que vincula a alumnos con tráfico de drogas, por lo que, al pasar el dinero a Seguridad se ayuda a erradicar el problema.

‘Necesitamos atender problemas serios de violencia, que ustedes mismos han estado viendo en los centros educativos y que Seguridad nos está apoyando en ese sentido, pero necesitamos reforzarlo, básicamente esa es la integralidad que hemos presentado aquí”, declaró la ministra a los legisladores.

Para la verdiblanca Dinorah Barquero, la idea de transferir los recursos no es negociable.

“Es cierto que hay inseguridad en la calle, pero eso es responsabilidad del Ministerio de Seguridad, es cierto que tenemos un problema en la Educación y eso es responsabilidad suya señora ministra. Déjele al Ministerio de Seguridad Pública que resuelva y que venga a pelear aquí su presupuesto”, comentó Barquero.

Mientras que el frenteamplista Jonathan Acuña dijo estar sorprendido por la posición del MEP.

“A mí me deja pasmado que seamos los diputados y diputadas de oposición quienes defendamos con más ahínco la inversión en educación que hace directamente el Gobierno de la República, que el propio Ministerio de Educación”, añadió.

La idea del Gobierno es trasladar, al menos, el dinero del MEP,