Las universidades públicas enfrentan problemas de sostenibilidad a mediano plazo. Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) detectó que las medidas de contención del gasto que algunos de estos centros llevan años aplicando “son aisladas” y sus efectos se desconocen.

La CGR realizó una auditoría sobre el proceso de planificación institucional, ejecución y evaluación presupuestaria de la Universidad Técnica Nacional (UTN), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad Estatal a Distancia, cada una por separado.

Según el órgano contralor, bajo las condiciones actuales, estas tres universidades no podrían cubrir sus gastos corrientes (gastos de operación) con ingresos corrientes para el año 2025, de manera que tienen el reto de ser más “rigurosas y eficientes” en el uso de los recursos públicos, procurando el equilibrio financiero.

“Es impostergable (tomar acciones) para estas entidades”, dijo la Contraloría en los informes publicados a finales del diciembre.

UTN: ‘Tales acciones resultan aisladas’

En el caso de la UTN, la Contraloría General hizo un análisis sobre el crecimiento anual de los ingresos y gastos reales de la universidad para el periodo comprendido del 2014 al 2018. Se evidenció que las tasas de crecimiento interanuales de los gastos son superiores a las de los ingresos en ese periodo, lo cual genera una brecha entre ingresos y gastos.

La UTN, que tiene cerca de 13.000 alumnos, no recibe recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Sus ingresos provienen directamente del MEP y en 2018, recibió ₡33.853 millones.

“Esta Contraloría General encontró que, si bien es cierto, la UTN ha venido realizando acciones orientadas a la contención del gasto desde el año 2015, tales acciones resultan aisladas, y no se expresan en documentos consolidados, como un programa o política, que permita regular un accionar sistemático y continuo sobre este tema, así como generar actividades de control y seguimiento y de rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos a partir de las medidas de contención adoptadas”, explicó la CGR.

La Contraloría explicó que esto sucede debido que la UTN “carece de mecanismos de control, regulaciones internas y un plan, programa o política, que contenga, al menos, objetivos, metas, indicadores, acciones y funcionarios responsables”.

“Esto no permite que se realicen valoraciones ni actividades de seguimiento sobre los resultados de la implementación de las medidas adoptadas de contención del gasto”, indicó el órgano contralor.

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La Nación quiso obtener el criterio sobre este informe del rector de la UTN, Marcelo Prieto, pero no contestó los mensajes.

UNED: Carece de 'regulación para el uso racional del gasto’

La situación de la UTN no es muy diferente a la de la UNED. Para el periodo 2018-2019, la Universidad Estatal a Distancia implementó medidas de control orientadas al uso racional del gasto en el presupuesto del año 2020, las cuales se incorporan en el Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) 2020.

Según la Contraloría, las acciones de la UNED también “resultan aisladas" y tampoco se conoce los resultados de estas medidas.

“La Contraloría General determinó que la UNED no dispone de un plan de acciones y regulación interna para el uso racional del gasto institucional, ni parámetros y metas que permitan evaluar el cumplimiento de las medidas definidas para estos propósitos en el citado Acuerdo de la Comisión de Enlace”, indicó la Contraloría.

También, el informe del órgano contralor sobre la UNED advirtió de que, actualmente, la institución no cuenta con un plan estratégico para generar recursos propios, acorde con lo establecido en los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019 emitidos por esa universidad.

“A la fecha, la UNED no ha realizado acciones específicas sobre esta materia (generación de recursos propios). Lo expuesto, aunado a la coyuntura fiscal del país, tiende a generar el riesgo de que las autoridades de la UNED no cuenten con información clara sobre los ingresos que dispondrán en el mediano y largo plazo, de forma tal que, no se tomen acciones oportunas, en aras de fortalecer la sostenibilidad financiera de dicha Universidad”, explica el informe.

Para Rodrigo Arias, rector de esta universidad, las medidas de contención del gasto que han implementado, no son “tan aisladas” como indica la Contraloría. Sin embargo, cree que la universidad puede mejorar la calidad del gasto para obtener mejores resultados.

Explicó que los recursos propios de la UNED representan el 20% de los ingresos. Empero, según la investigación de la Contraloría, en 2018 el presupuesto total aprobado de esa casa de enseñanza fue de ₡85.642; el 7,8% de ese presupuesto (₡6.678 millones) se generó por los recursos propios como pago de matrículas, venta de bienes y servicios e inversiones.

“Siempre se han tenido que tomar medidas para aprovechar los escasos recursos disponibles. Desde el 2017-2018, se adoptaron medidas de restricción ante la situación fiscal y su efecto en las finanzas universitarias ante un menor crecimiento del FEES.

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"Creo que la UNED es muy responsable con el uso de recursos. Sin embargo, a tono con lo indicado en el informe, vamos a profundizar en el estudio de los egresos para adoptar medidas bien articuladas que nos permitan utilizar más eficientemente los recursos y maximizar la creación de valor público por parte de la Universidad en nuestro país”, manifestó Arias, quien comenzó su cargo a cargo de la UNED en 2019.

La mayor parte delos recursos de las universidades públicas se usan para el pago de salarios.

ITCR: ‘Efectos de medidas de contención del gasto se desconocen’

Para el 2018, el ITCR tuvo un presupuesto de ₡81.603 millones. El 77,6% provino del FEES y el 5,1% (¢4.201 millones) fueron recursos propios surgidos de la venta de bienes y servicios que ofrece al sector externo.

En abril del 2018, la universidad emitió la propuesta de racionalización del gasto llamada “Plan 10.3”, en la cual se detallan las acciones que adoptarán para la reducción de los egresos. Estas propuestas se encuentran distribuidas en diez iniciativas.

Para el periodo 2018-2019 se estimó un ahorro de ₡323 millones con estas medidas; para el 2019-2020 se estima un ahorro de ₡2.609 millones, y para el periodo 2020-2021 se estima un ahorro de ₡820 millones.

Para la Contraloría, las medidas adoptadas por el ITCR para la contención del gasto, lo lleva a cumplir con el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera.

“Sin embargo, a pesar de que al 30 de junio de 2019 se redujeron gastos por la suma de ₡485 millones, los efectos reales de las medidas de contención del gasto se desconocen por cuanto aún no han sido evaluadas por la administración de ese centro de estudios”, explicó el órgano contralor.

Luis Paulino Méndez, rector del ITCR, dijo que las medidas de contención del gasto son de reciente aplicación y que sus efectos se verán en los próximos años.

“Desde el 2017 no se crean plazas nuevas y la anualidad pasó del 5% al 4%. El efecto sobre la masa salarial lo veremos en los próximos años. La reducción de presupuestos en algunas partidas de operación solo tienen efecto una vez, y se aplicaron en el 2019”, explicó Méndez.

La Contraloría no incluyó en el estudio a la Universidad de Costa Rica (UCR) que es la que se lleva la mayor parte del FEES: un 57,79%.

Sin embargo, Henning Jensen, rector de la UCR, dijo en una comparecencia ante los diputados, en noviembre, que han tomado 24 medidas de contención del gasto pero que estas han sido “insuficientes”.

Expresó que el problema es la anualidad, la cual, a su criterio, es “insostenible”.

La UCR paga a los docentes un 3,75% de este plus sobre el salario bruto (base más pluses); para el 2019, se presupuestaron cerca de ¢64.000 millones para el pago de este incentivo.

Según la Oficina de Planificación de la UCR, hay una situación de “crisis” en este centro de estudios que llegará más temprano de lo esperado; proyecta un déficit de ¢25.782 millones en cinco años. La proyección de ingresos para el 2024 es de ¢327.606 millones y la de gastos es de ¢353.289 millones.

"Muchas de las medidas que deben ser tomadas en el futuro tiene que ver con el disparador del crecimiento vegetativo de los salarios y ese disparador es la anualidad”, aseveró Jensen en noviembre.