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Los dos hijos de Susana Elena Expósito llevaban excelentes notas en la escuela privada Berkeley Academy, ubicada en Santa Ana, donde estudiaban desde agosto del 2019. Sin embargo, recibieron una carta de la administración del centro educativo indicándoles que no les renovarían la matrícula para el curso lectivo 2022-2023.
Esa misma carta, de la cual La Nación tiene copia, la recibieron los padres de familia de otros 30 niños quienes, sin motivo aparente, fueron rechazados por el centro educativo, a un mes de que comenzara el nuevo ciclo, en agosto del 2022 (se rigen por el calendario escolar estadounidense).
Expósito y otros padres de familia denunciaron a este medio que, a pesar de que no les indicaron razones, la expulsión de sus hijos coincidió con reiteradas quejas que ellos externaron a las autoridades del centro educativo.
Uno de los reclamos es que la institución no entregaba facturas, también se quejaron del hacinamiento, que hacía que los niños tuvieran que comer en el suelo, y de la contratación de personas que no eran maestros para impartir clases, por el simple hecho de hablar inglés.
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“Los siguientes motivos son común denominador a todos: solicitar facturas de colegiaturas, gastos extraescolares, materiales y consumos de la soda. Nunca han emitido una sola factura. Y por quejarse del volumen de estudiantes matriculados durante la pandemia, sin tener espacio ni capacidad para alojarlos”, dijo Expósito.
Otra madre de familia, cuyo hija entró en el 2020 y a la que también denegaron matrícula, agregó que ella y su esposo también pidieron factura, pero les dijeron que con el voucher del depósito de dinero era suficiente.
“Nos dijeron que ellos emiten una factura comunal y con eso declaran sus impuestos. Nosotros creemos que por ahí va el asunto (del rechazo de su hija) porque nunca hemos tenido problema alguno” , manifestó la madre de familia quien prefirió guardar el anonimato.
Explicó que ellos pagaban $450 de mensualidad en 2020, y, después de ese año, $625 al mes.
Investigación
Expósito agregó que este hecho es de conocimiento de la oficina de Tributación en San José Oeste, pues los padres interpusieron una denuncia, de la cual este medio tiene copia. La gestión fue confirmada por el Ministerio de Hacienda.
“Indica la Dirección General de Tributación que, efectivamente, se recibió una denuncia y la misma se encuentra en proceso de atención; el detalle de los resultados es de carácter confidencial, de acuerdo con el artículo 69 del reglamento del Código de Normas y Procedimientos Tributarios” indicó Hacienda.
Se le consultó a Berkeley Academy sobre la denegatoria de matrícula a estos 32 alumnos y las razones a las que la atribuyen los padres
Yorlenny Aguilar, cofundadora y directora administrativa de Berkeley Academy, declaró que ellos se “reservan el derecho de admisión” y que cada año evalúan a las familias “las cuales deben de cumplir con la ética y el honor de la institución”.
La Nación también hizo consultas al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre los reclamos de los padres, pero, por razones que se desconocen, la representante del centro educativo privado no solo sabía de esas consultas, sino también de que ya habían sido respondidas.
“Ya el Ministerio de Educación Privada (del MEP) emitió una respuesta oficial a cada una de sus consultas, dejando en claro que absolutamente todo está en orden. Respecto al Ministerio de Hacienda, del cual ya tuvimos la visita, todo está en bien y en regla; las facturas se emiten de manera global en el mes de julio”, manifestó Aguilar a este diario.
Por su parte, Mainor Villalobos, director de Educación Privada del MEP, informó de que, según el expediente institucional, no hay denuncias en esa dependencia. La Dirección de Educación Privada (DEP) es la “responsable de la acreditación, supervisión, fiscalización, inspección y control de los centros educativos privados”.
Villalobos agregó que, con respecto a la emisión de facturas, no es competencia de esa Dirección revisar este apartado, ya que esto corresponde a un contrato de servicios educativos que firman el padre de familia y el centro educativo.
“En el momento que el centro educativo termina su ciclo escolar, se establece una nueva relación contractual con la institución y la representación legal puede reservarse el derecho de admisión”, dijo.
