Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) convocaron a una reunión “urgente” a Leonardo Sánchez, funcionario del Ministerio de Educación Pública (MEP), para confrontarlo por un estudio que él realizó y que desnudó los sobreprecios, mala calidad de los alimentos y servicio de los proveedores e intermediarios del Consejo Nacional de Producción (CNP) que venden comida a las escuelas.
El estudio fue solicitado por la misma fracción del PAC y fue presentado por Sánchez en una comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público que se realizó la semana anterior y continuó este jueves.
Los legisladores del PAC pidieron a la Contraloría General de la República (CGR) otra investigación para comparar el servicio y la calidad de los alimentos de los proveedores del Consejo, con los suplidores independientes que contratan por aparte las Juntas de Educación y Administrativas. Esto a raíz de que el ente contralor ya había hecho un estudio en el que afirmó que el 60% de los productos que suple el Consejo para consumo de escolares tienen un costo mayor a los precios máximos ofrecidos por los negocios de las comunidades donde operan los centros educativos.
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La Contraloría solicitó a Sánchez que realizara el estudio. Él es economista, director de Programas de Equidad del MEP, encargado de todo lo que tiene que ver con la alimentación de los estudiantes en las escuelas y tiene una relación directa con las Juntas de Educación.
La reunión, que se realizará la otra semana, fue confirmada por el legislador Luis Ramón Carranza, quien duda que los resultados críticos contra el CNP que arrojó el estudio sean científicos y verdaderos. Agregó que la cita fue solicitada por él, el diputado y candidato presidencial, Welmer Ramos, y el legislador Mario Castillo.
Participarán, además, la ministra de Educación, Guiselle Cruz; el presidente ejecutivo del CNP, Ángel Jiménez, y “representantes de los proveedores” del Consejo.
“No es un estudio científico sino una encuesta. Estamos pidiendo una reunión con el que hizo el estudio para confrontar datos. Aquí alguien no nos está diciendo la verdad a los diputados. El CNP me dice que las juntas le deben ¢18.000 millones y él (Sánchez) dice que las juntas son el mejor pagador. Nosotros necesitamos saber quién no está diciendo la verdad. Esa reunión la solicitamos el diputado Mario Castillo, Welmer Ramos y este servidor para que se vean las caras y que nosotros podamos entender con mayor claridad si los datos son realmente los que nos dicen”, dijo Carranza, ante consultas de este medio.
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Resultados
El estudio que hizo Sánchez se presentó en dos partes a los diputados. La primera, la semana anterior, dejó al descubierto la gran partida de ¢30.000 millones al año que reciben solo 26 empresas proveedoras del Consejo y la presencia de intermediarios: el 30% de las escuelas abastecidas por el CNP solo tienen un proveedor de alimentos y productos. O sea, es alguien que abastece abarrotes, frutas, verduras y hasta productos de limpieza.
Otro mito que se trajo abajo el estudio del MEP es el divulgado por el CNP de que los suplidores de alimentos viajan hasta 100 km en las zonas rurales para llevar productos a las escuelas y colegios. Incluso, según el Consejo, cruzan ríos y transitan caminos de difícil acceso con tal de llevar “dos kilos de pollo, dos kilos de huevo y 0,75 kilos de carne”. Sin embargo, según la investigación, el 80% de los centros educativos más grandes del país son abastecidos por el CNP y se ubican en zonas urbanas en su totalidad dentro de la Gran Área Metropolitana y áreas intermedias; están en una ubicación privilegiada desde el punto de vista de acceso al transporte.
La segunda parte del análisis fue presentada este jueves, comparó los precios de proveedores del Consejo como los de los privados.
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Sánchez explicó a los legisladores que el método de fijación de precios del Consejo fomenta que proveedores e intermediarios compren alimentos baratos y los guarden para revenderlos más caros a los centros educativos, porque allí obtienen una ganancia mayor que la que consiguen vendiéndolos en el mercado local.
Según su explicación, los proveedores todos los meses compran productos y los guardan en espera de que el CNP dé a conocer, por medio del MEP, los precios (mucho más altos que los del mercado) de los alimentos para suministrar a los estudiantes pobres. Los proveedores, entonces, prefieren esperar el anuncio de esos precios para vender sus productos a las escuelas que están obligadas a pagar un mayor monto por el producto.
Sánchez afirmó en la comparecencia que no es cierto que las juntas le deban al Consejo. Si no que el problema es de gestión de recursos del CNP. Explicó que todos los meses el MEP, mayor cliente del Consejo, le deposita a las juntas el dinero para que paguen al CNP cuando esta institución le pasa las facturas de la compra ( que muchas veces es hasta tres meses después de cuando el proveedor entregó el producto). A su vez, el CNP es el que debe hacer el pago a los proveedores, pero, según Sánchez, el dinero que las Juntas le dan al Consejo es depositado en una “sola bolsa”, donde también caen los recursos de otras instituciones que abastece el CNP como Cen-Cinái, policías, cárceles y hospitales.
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Entonces, si, por ejemplo, un Cen-cinái no pagó los productos de un proveedor, el Consejo usa el dinero que tiene para pagar a ese suplidor, independiente de donde vengan los recursos, por lo que al final se da un faltante de pago a proveedores, que, generalmente, son de escuelas al ser el MEP el mayor cliente del Consejo.
Con respecto a los precios, los resultados arrojaron que los huevos son vendidos por el Consejo un 9,3% más caros que los proveedores privados. Los precios de frijoles son un 6,8% más elevados en CNP y el arroz, cuyo precio es regulado a nivel nacional, mostró un precio 0,3% más elevado con respecto a proveedores independientes.
En cuanto al atún, los proveedores del Consejo lo venden un 15,2% más caro que los independientes; y la leche la tienen un 1,9% más cara. Con respecto a las carnes, el kilo de pollo es un 5,9% más caro en el CNP y el de cerdo, un 2,2%.
Según el diputado Luis Ramón Carranza, se requiere que el estudio sea más “profundo” y que lo haga la Contraloría tal como el PAC lo solicitó y no el MEP.
“La ley dice que cuando son organizaciones de campesinos de pequeños y medianos productores, aun cuando el precio sea un poco más alto, se justifica por el impacto social que tiene en todo el país”, afirmó el legislador.