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“La tónica ha sido que hay una forma de ir presupuestando sobre la ejecución, pero no tenemos un mecanismo todavía de saber cuánto cuestan efectivamente las cosas”.
De esa forma se manifestó la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, este martes, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, cuando le indicó a los diputados que ha enfrentado complicaciones para definir el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) para el 2023.
La cifra para el próximo año quedó en ¢2,5 billones (millones de millones), lo que representa un 4,21% del producto interno bruto (PIB). En términos nominales es menor al presupuesto de este año y representa un 7% menos respecto al plan de gastos “ideal” que presentó el MEP al Ministerio de Hacienda inicialmente.
El viceministro Leonardo Sánchez, quien acompañó a Müller en la presentación, comentó que el año anterior la cartera ejecutó el 95% de sus recursos y que el 5% restante faltante quedó por problemas de gestión y planificación que complicaron su uso, pero también por normas y decretos de la regla fiscal.
De hecho, aseguró que este límite fiscal provoca el 50% de subejecución en la institución.
“Nos dan los recursos, pero no podemos ejecutarlos. El año pasado, el MEP subejecutó ¢144.000 millones, de los cuales, poco más del 50% fueron obligados, producto de la norma”, alegó.
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Lo jerarcas agregaron que por el reciente hackeo a los sistemas educativos y el cambio de administración, también ha habido problemas en adquisiciones en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), que atrasaron los proyectos que tenían planificados en la línea presupuestaria.
Destacaron que actualmente están implementando acciones para controlar mejor los recursos, como “presupuesto por resultados” y dar seguimiento mensual a la ejecución que se da en las juntas de educación y administrativas, solicitándole a los contadores que certifiquen cuántos fondos están usando.
También, redefinir las metodologías para la estimación de las transferencias de comedores y de transportes, y pensar en una desconcentración de las funciones que hace el MEP, principalmente en recursos humanos, compras e infraestructura, “para ganar economías de escala y bajar precios”.
“Además, nuevos modelos de gestión de la infraestructura, porque el MEP no puede construir y, por eso, estamos buscando nuevas opciones de alianzas público-privadas para que se hagan cargo de la construcción del MEP”, añadió Sánchez, al resaltar que también procuran cooperación internacional y más inventarios.
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Por último, los jerarcas recordaron que el presupuesto del Ministerio se divide en 61% de remuneraciones “que son inamovibles”, 37% de transferencias a las juntas y 2% en servicios duraderos, materiales y suministros.
El dinero se invierte en 6.000 servicios educativos en 4.500 centros educativos, 1, 2 millones de estudiantes y cerca de 86.000 funcionarios. Los servicios alcanzan para 850.000 estudiantes en comedores, 163.000 con transporte, 400.000 en becas y 5.000 en becas por secundaria.
Asimismo, adelantaron que es posible que el otro año pidan un presupuesto extraordinario para transporte estudiantil (¢23.000 millones), infraestructura educativa (¢28.000 millones) y telecomunicaciones y conectividad (¢10.200 millones), pero no tienen seguridad de que esos sean los montos que necesiten.
