Educación

Municipalidad de San José elige a dedo a integrantes de juntas de escuelas y colegios

Ayuntamiento ignora leyes, reglamentos y criterios de Procuraduría General de la República para nombrar integrantes de órganos que administran miles de millones

Los regidores de la Municipalidad de San José nombran a dedo a los integrantes de las Juntas de Educación o Juntas Administrativas de escuelas y colegios del cantón, al margen de lo que dicen leyes, reglamentos, resoluciones judiciales y pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Se trata de 88 juntas adscritas a la Dirección Regional de San José Central que manejan miles de millones al año para la operación de los centros educativos. En 2021, los integrantes de esos órganos decidieron el uso de ¢14.000 millones.

De acuerdo con la legislación, los responsables del uso de esos fondos públicos son elegidos de ternas propuestas por los supervisores del Ministerio de Educación Pública (MEP), docentes y directores de escuelas y colegios. No obstante, el ayuntamiento josefino ignora las reglas y designa a personas que no fueron propuestas y, en ocasiones, sin ninguna relación con el centro educativo cuyo dinero administrarán.

La Ley Fundamental de Educación y el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas establecen expresamente que las municipalidades deben hacer los nombramientos basados en las ternas enviadas por “los Consejos de Profesores”. Además, desde el 6 de octubre de 2020, la Procuraduría General de la República (abogado del Estado) ratificó que los concejos municipales deben apegarse a los nombres remitidos por los centros de educación y no elegir personas ajenas a esas propuestas.

No obstante, una investigación de La Nación halló que desde el 6 de octubre de 2020, fecha en que la Procuraduría emitió criterio al respecto, el Concejo Municipal capitalino obvió la normativa y realizó 61 nombramientos ajenos a las ternas enviadas por 17 centros educativos. Algunos de los seleccionados a dedo terminaron involucrados, después de su elección, en investigaciones administrativas y judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos escolares.

Ese es el caso de Alfredo Vargas Mora, delegado distrital del Partido Liberación Nacional (PLN), quien fue nombrado en enero de 2021 en la presidencia de la Junta de la Escuela República de Chile, en barrio Luján. Siete meses después, el Ministerio Público le abrió una investigación por el supuesto uso de ¢500.000 de la entidad educativa para comprar artículos para la convención electoral del PLN. De acuerdo con las actas municipales, Vargas Mora no fue propuesto por autoridades del MEP para ocupar ese cargo.

Otro ejemplo es el de Alejandra Madrigal Fernández, designada en junio de 2021 como secretaria de la Junta del Liceo de Costa Rica. Ella fue denunciada meses después por el contador público y una docente del colegio por presunto favorecimiento de las empresas de su pareja, suegro y tía. Entre agosto y octubre de 2021, esas personas obtuvieron contratos por casi ¢8 millones con ese colegio. También la señalaron por la supuesta contratación de una tía como conserje del centro educativo.

En julio de 2021, un mes después de su nombramiento en el Liceo de Costa Rica, también se le eligió como secretaria de la Junta de la Escuela República de Nicaragua, en barrio Cristo Rey, San José. En ese caso tampoco fue propuesta por la directora de la casa de enseñanza, según las actas municipales.

Ulises Alexánder Cano Castro, de 54 años , regidor del PLN y presidente del Concejo Municipal de San José, manifestó que por mucho tiempo desconocieron el pronunciamiento de la PGR.

¿Cuándo se enteraron? Ni el regidor ni Ruth Ramírez, asesora legal de la Presidencia Municipal, lograron precisarlo. Ambos se comprometieron a buscar la fecha, pero al cierre de esta información no habían remitido el dato.

“El Concejo Municipal enderezó todo el procedimiento y no puede haber, desde que fuimos notificados, una sola persona nombrada fuera de las ternas (...) Ahora solo se nombran personas que vengan dentro de las ternas”, declaró Cano.

Al momento de elegir personas fuera de las ternas, el Concejo Municipal no detalla de dónde obtuvo los nombres, solo indica que los consiguió de “otras fuentes”. Así sucedió en la sesión ordinaria 037-2020 del 19 de enero de 2021. Ese día, al elegir la Junta de la Escuela República de Chile, los regidores seleccionaron una persona de las sugeridas por el centro de aprendizaje y cuatro de las “propuestas” por otras fuentes. Una de esas cuatro personas era Alfredo Vargas Mora, ahora investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de peculado.

¿De dónde obtiene el Concejo Municipal los nombres fuera de las ternas? ¿Cuáles son esas otras fuentes? “No se acostumbra a decir en las actas, porque existe un expediente y un documento formal y ahí dice bien claro de dónde vienen, quiénes son y quiénes manifiestan su deseo de participación. En el acta solo consta el nombramiento”, explicó Cano.

Además de saltarse el criterio de la Procuraduría General de la República, en 25 de los 61 nombramientos a dedo hechos por el Concejo Municipal se habría designado a militantes del Partido Liberación Nacional como miembros de juntas, lo cual es incompatible con el Código Electoral. El compendio de prohibiciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) indica que los miembros de las juntas de educación tienen prohibición absoluta de “participar en actividades político electorales de los partidos políticos, según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 146 del Código Electoral”.

Esa situación fue denunciada ante el TSE en agosto de 2021 por Roy Castro Campos, jefe de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Uno de los 25 nombramientos de presuntos partidarios del PLN es el de Wilbert Gómez Campos, quien acompañó a Cano en una papeleta de la convención electoral interna de los liberacionistas. Gómez Campos fue delegado como presidente de la Junta del Colegio Ricardo Fernández Guardia, ubicado en San Sebastián.

Al preguntarle a Cano si conocía a Gómez, primero respondió indiferente: “¿Wil Gómez? Sí. Si creo que es la persona... bueno, no (lo conozco)”. Sin embargo, al mencionarle que estuvo junto a él en una papeleta electoral cambió el tono de su respuesta: “Ah sí, sí lo conozco. Lo conozco del distrito mío, de San Sebastián”.

El presidente del Concejo Municipal añadió que desconocía la prohibición fijada por el Código Electoral.

¿Cómo nosotros, como simples periodistas, sabemos de esa norma y usted como presidente de una municipalidad dice ignorarla?

–Porque usted lo ha dicho, ustedes son periodistas, alguien les llega con una denuncia, pues usted va y escarba y empieza a averiguar o trata de ver cómo se hace el tema para diay... formar polémica, eso es lo que hacen realmente ustedes. Uno no. Uno está aquí representando a la ciudadanía.

Se le solicitó una entrevista sobre este tema a Paula Vargas, alcaldesa de San José, pero aún no asigna una fecha para la conversación.

Claudia Barrientos Bonilla, directora de la Escuela República de Nicaragua, expresó malestar por la designación de personas ajenas a las ternas en la junta de su institución. Añadió que, en julio del año pasado, el Concejo Municipal josefino nombró cuatro de los cinco integrantes de la junta sin apegarse a las propuestas por el centro educativo.

Entre las cuatro personas estaban Alejandra Fernández Madrigal, cuestionada por sus actuaciones en la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica y Juan José Mora Jiménez, quien, según la directora de la Escuela, serían pareja.

Argumentó que las personas nombradas en julio del año pasado no tenían relación con la comunidad de Cristo Rey o el centro escolar.

Keylin Sandí, directora del Liceo Ricardo Fernández Guardia, en San Sebastián, también declaró molestia por la forma en que los regidores designan a los integrantes de las juntas. En su caso, le asignaron, en junio de 2021, tres personas ajenas a las juntas.

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