Daniela Cerdas E.. 5 enero
El 16 de diciembre, la Fiscalía allanó la Dirección de infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) en el centro de San José.
El 16 de diciembre, la Fiscalía allanó la Dirección de infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) en el centro de San José.

Durante la gestión del exministro de Educación, Edgar Mora, se trasladó de puesto al geógrafo encargado de la Unidad de Terrenos del MEP debido a que se detectaron “irregularidades” en la compra de los lotes para construir escuelas.

Sin embargo, tras la salida de Mora del Ministerio de Educación Pública (MEP), en julio de 2019, en la DIEE se revirtió la decisión y el geógrafo Rigoberto Villalobos fue puesto de nuevo como responsable de las compras, a pesar de los cuestionamientos que, incluso, estaban bajo investigación por la Auditoría Interna del MEP.

Precisamente, dos de las compras de propiedades realizadas por Villalobos son objeto de investigación por parte de Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), desde diciembre anterior. El MEP pagó por esos lotes pero luego, en la DIEE, se percataron de que las propiedades resultaban inservibles debido a la presencia de nacientes que, por ley, limitan el área apta para construir.

Ante consultas de La Nación, el exministro explicó que resolvió separar a Villalobos de sus funciones por considerar que su desempeño “era incompatible” con el objetivo de realizar las adquisiciones “sin el riesgo de malograr las inversiones del Ministerio de Educación Pública (MEP)”. Se le trasladó de puesto y se le ordenó encargarse de otras labores para alejarlo de la compra de los lotes.

“Entendimos la necesidad de ubicarlo en otra función en la que no tuviera injerencia en la compra de lotes. Determinamos que la Unidad de Terrenos representaba un punto caliente del que emanaban riesgos relevantes. De seguido, procedimos a repasar los resultados negativos en un conjunto de terrenos ya adquiridos y los procedimientos que habían conducido a esas adquisiciones.

"Luego, con base en la evidencia recabada, la prudencia nos aconsejó dudar de que las irregularidades detectadas hubieran sucedido por mero error y, en consecuencia, se derivaron dos cursos de acción: por un lado, solicitamos a la Auditoría una investigación exhaustiva y, por el otro lado, retiramos del puesto específico a quienes dirigieron y supervisaron esos procedimientos”, manifestó.

Las razones por las que la DIEE reinstaló al funcionario se desconocen. Este medio se las consultó al MEP, pero, mediante la oficina de prensa, se limitaron a responder que Catalina Salas Hernández, actual directora de la DIEE, tomó la decisión en agosto del 2019, cuando era directora a. i.

Dentro de la causa penal, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron seis allanamientos en todas las oficinas del MEP ubicadas en San José, en diciembre anterior.

Se investiga a dos funcionarios del Ministerio por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito e influencia en contra de la hacienda pública por la compra de esas dos propiedades, pero no trascendieron las identidades de los imputados.

Las compras que se investigan fueron realizadas en 2014 y 2015. La primera fue de un terreno para el Liceo de Copey, en Dota, por el cual se pagaron ¢255 millones; la otra finca era para la nueva Escuela de de Las Vueltas de Tucurrique, en Cartago, con un costo de ¢39 millones.

Villalobos, como jefe de la Unidad de Terrenos, fue el encargado de ir a inspeccionar esos lotes y recomendar su compra.

El funcionario dijo a La Nación que durante la inspección realizada, no se percató de la presencia de nacientes. Fue luego de la compra, que en la DIEE se enteraron que no servían para construir escuelas porque, al estar afectadas por nacientes, no se puede construri a su alrededor, según la normativa ambiental.

Motivos

La funcionaria a la que le correspondió separar a Villalobos fue Andrea Obando, quien, para diciembre de 2018, fungía como directora de Infraestructura.

Ella confirmó que la decisión estuvo motivada por la “inadecuada” recomendación técnica que hacía el funcionario a las juntas de educación para las adquisiciones.

"Esto tenía como consecuencia la adquisición de propiedades no aptas para la construcción. El 23 de noviembre del año 2018 asigné al ingeniero civil Marco Matarrita como nuevo coordinador de la Unidad de Terrenos y asigné a Rigoberto Villalobos como coordinador del levantamiento del Inventario Nacional de Infraestructura, alejando al señor Villalobos de la adquisición de terrenos.

“El 10 de enero del 2019 se le volvió a comunicar a la arquitecta Catalina Salas, jefa a. i. del Departamento de Desarrollo que debía remover de esa unidad al señor Rigoberto Villalobos y colocar al señor Matarrita. Esto porque a dicha fecha, el señor Villalobos continuaba asumiendo como coordinador de terrenos”, explicó Obando, quien renunció a su cargo en la DIEE el 20 de junio del año pasado.

Según Obando, había un desacuerdo entre Villalobos y la jefatura de la DIEE en incluir en el procedimiento de la Unidad de Terrenos la realización de estudios de suelo o hidrogeológicos antes de la recomendación de la compra, los que permitieran a la Administración tener claridad en las características de la propiedad.

Villalobos dijo a este medio que no se podía realizar estudios en los terrenos elegidos para comprar debido a que, según él, no pueden invertir recursos públicos en terceros. La DIEE realiza los estudios luego de comprada la propiedad. Dijo que, entonces, él elige el terreno con base en una caminata en la propiedad y una revisión visual.

“Remití en febrero del 2019 a la Auditoría y al entonces señor ministro Edgar Mora, mediante correo oficial, una lista de 23 tipos de irregularidades encontradas en la DIEE para ser investigadas. Dentro de las recomendaciones, incluí la necesidad de auditar la Unidad de Terrenos por problemas en las compras de terreno”, expresó la exfuncionaria.

Obando manifestó que otro de los motivos para quitar a Villalobos del puesto, fue, por ejemplo, que para la compra del terreno del Colegio Técnico Profesional de Belén se le depositaron a la Junta de Educación ¢1,670 millones de colones en el 2017 y dicho terreno no fue posible adquirirlo. A la fecha, la Junta tiene ociosos estos recursos.