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La Contraloría General de la República autorizó al Ministerio de Educación Pública (MEP) a prorrogar los contratos de transporte estudiantil en 130 rutas para este curso lectivo.
El monto estimado de esa contratación es de ¢3.413 millones.
De acuerdo con el ente contralor, la resolución se da a pesar de que aún no se cuenta con un modelo tarifario fijado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
“Se prorrogan los contratos de transporte con la finalidad de no afectar el derecho a la educación de los estudiantes beneficiarios en cada uno de ellos y en la obligación de la Administración de satisfacer un interés público de contar con el servicio formal de transporte de estudiantes”, indica el pronunciamiento.
En dicho documento, el ente contralor explica que se mantienen las condiciones de los anteriores, es decir, no se dispone de tarifa regulada; sin embargo, el MEP demostró que ha venido desarrollando una serie de acciones para lograr que se implemente el modelo tarifario que, según se estima, quedaría listo este año.
Entre esas acciones destacan un contrato suscrito con la Aresep para lograr dicho modelo.
Asimismo, reiteran que el MEP tiene la necesidad de contar con un servicio formal para garantizar el derecho fundamental a la educación.
Según la información suministrada por la Aresep, la estimación es que la orden de inicio para que ese ente empiece a trabajar en la metodología sería emitida por el MEP el próximo mes.
La Contraloría aclaró que, si bien los contratos autorizados son por un año, si durante ese período Aresep aprueba el nuevo mecanismo tarifario, deberá realizarse el proceso ordinario por los montos que correspondan y quedaría sin efecto la prórroga otorgada.
Además, recordó al Ministerio que debe velar por el cumplimiento de las condiciones técnicas, de seguridad, permiso y disposiciones legales requeridas para el transporte de estudiantes.
Eso también incluye el garantizar que todas las empresas o personas físicas que presten los servicios se encuentren al día con sus obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
El costo de los pasajes en las rutas de transporte estudiantil es fijado con un modelo establecido por el mismo MEP.
Tal situación ha sido cuestionada en repetidas ocasiones desde el 2006 por la Contraloría y la Procuraduría General de la República, las cuales en varios dictámenes han señalado que el pago debe ser fijado por la Autoridad Reguladora.
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A partir de esas resoluciones, el MEP dejó de hacer contrataciones directas con transportistas y lo que mantiene son prórrogas en los contratos vigentes desde el 2001 y 2003.
