EscucharLas preguntas de contenido sensible incluidas en el polémico cuestionario de factores asociados de las pruebas FARO, que el Ministerio de Educación Pública (MEP) aplicó en noviembre de 2021, se elaboraron sin que mediara acompañamiento legal, pese a que requería que los menores dieran información sobre asuntos privados como las condiciones socioeconómicas de sus hogares.
Este es uno de los principales hallazgos del Informe de Auditoría 39-2022 del MEP, emitido en agosto del 2022 pero liberado este mes, el cual confirmó que la entidad actuó sin asesoría técnica legal para justificar la búsqueda de esas respuestas o el contenido de las consultas para ello.
Señala el análisis, que la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC), a cargo de aplicar aquella prueba, ejerció siempre la facultad para modificar las preguntas, incluidas aquellas no académicas, como las del formulario de factores asociados sobre el entorno del estudiante, las cuales solo podían formularse con autorización previa, expresa e informada de la familia.
Aquella condición se omitió.
Es más, señala la Auditoría, la DGEC nunca recibió orden o instrucción de una instancia superior para buscar esa información desde el cuestionario incluido en las pruebas Fortalecimiento de Aprendizaje para Renovación de Oportunidades (FARO), que se aplicó el viernes 12 de noviembre de 2021 a 77.000 estudiantes de quinto grado.
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Plan piloto
La Auditoría aclaró, eso sí, que ese instrumento estaba en uso desde el 2007, cuando se cambió el concepto de las Pruebas Nacionales de Certificación a Pruebas Diagnósticas, pero en aquel momento era solo un proyecto aplicado a una pequeña parte de la población estudiantil.
Posteriormente, se hizo un ensayo llamado FARO Piloto 2019, del cual no se emitió un informe de resultados tal y como sí se realizó con la Pruebas Nacionales Diagnósticas del año 2010 y 2012, de los que se desprende suficiente información para la toma de decisiones estratégicas y mejoramiento de la calidad de la educación.
“Caso contrario, los reportes presentados a esta Auditoría Interna de FARO Piloto 2019 y FARO 2021 se constituyen en una compilación estadística de las pruebas, sin que medie un análisis de los datos. Además, en el documento que se emite se observa que el mismo carece del total de las firmas de las responsables”, concluye la investigación.
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El reporte descubrió inclusive que la presentación de resultados sobre esos planes piloto ante el Consejo Superior de Educación (CSE) y otras instancias, se componen de “información de carácter general e informativo y el documento en el cual se plasman, corresponde a una presentación en versión Power Point”.
“Al respecto considera esta Auditoría, que en ambos casos (2019-2021) dicha información es insuficiente para la toma de decisiones”, concluye la investigación.
Críticas y pesquisas
El formulario de factores asociados realizado como parte de las pruebas FARO provocó molestia y críticas desde el mismo viernes 12 de noviembre del 2021.
Aquella misma tarde, padres de familia y docentes denunciaron que para responder los ítems los niños permanecieron sentados hasta cinco horas, entre las 9 a. m. y las 2 p. m., con mascarilla puesta (por ser en el contexto de la pandemia), sin comer y frente a cuatro folletos con 621 preguntas, incluidas las de contenido sensible.
Dos días después, la entonces ministra de Educación, Giselle Cruz Maduro, renunció al cargo, lo mismo que Melania Brenes, quien ocupaba el cargo de viceministra académica. Igualmente, se apartó de su puesto Pablo Mena, director de Gestión de Calidad.
Aparte de los movimientos dentro del MEP, hubo gestiones en el Ministerio Público y en la Asamblea Legislativa.
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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó el 19 de noviembre de 2021 la recepción de cuatro denuncias contra la aplicación de dicho test las cuales fueron acumuladas en el expediente 21-000285-1218-PE por el delito de violación de datos.
La Nación consultó a la Oficina de Prensa del Ministerio Público sobre el avance de la pesquisa, pero al cierre de la publicación no se tenía respuesta.
Entretanto, en el Congreso, aparte de solicitudes de renuncia y sugerencias de votos de censura, se inició una investigación en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. El informe aprobado en julio de 2022 recomendó investigaciones en la Fiscalía, la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética y el propio MEP, al que pidió correctivos para asegurar que no se repitiera el error.
Dentro del MEP, se abrió un procedimiento disciplinario en junio de 2022. Según informó la oficina de prensa ante consulta de este diario, el proceso está en fase de instrucción mediante expediente disciplinario n° 438-2022 en el cual “se están realizando las pesquisas necesarias de recolección de acervo probatorio-documental y testimonial que permita esclarecer la verdad real de los hechos denunciados”.
Por la etapa en que se encuentra, señaló, no es posible informar del nombre de los investigados.
