Luego de la pifia con las pruebas FARO, el ministro de Educación, Steven González Cortés, ordenó este jueves una serie de acciones para asegurar el correcto manejo y la protección de la información personal en la institución.
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Mediante la circular DM-1411-11202, González instruyó a las direcciones de Planificación Institucional, Asuntos Jurídicos, Informática de Gestión, Recursos Humanos y Archivo Central iniciar la elaboración de protocolos, capacitaciones, instrucción legal así como políticas y manuales de seguridad como sugiere la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).
La intención es asegurar el cumplimiento de la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales en esta cartera, que maneja bases de datos para pago de planilla, asignación de subsidios, detección de poblaciones vulnerables, necesidades materiales y estadísticas, entre otras.
“El proceso es complejo debido a la cantidad de bases de datos que maneja la institución, sin embargo, en aras de la transparencia y para ofrecer tranquilidad a las personas usuarias, esto constituye el inicio de un proceso que da seguridad de la información, transparencia en el uso de los datos y tranquilidad para las personas usuarias”, expresó el jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP).
La instrucción se da 13 días después de que 70.000 escolares de quinto grando contestaran el formulario de Factores Asociados, como parte de las pruebas FARO. En los cuestionarios se pidió de manera no anonimizada información a los menores sobre condiciones de su hogar, sin autorización de los padres o encargados.
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Ese hecho y la extensión del formulario, con 600 ítems, generaron una polémica que obligó a la entonces ministra Gisselle Cruz a dejar el cargo, también a la viceministra Paula Brenes y a quien ocupaba la Dirección de Gestión de Calidad, Pablo Mena.
Primer avance en diciembre
El Ministerio anunció que todo el proceso de instrucción sobre este tema lo liderará la Dirección de Planificación Institucional, que debe llevar a cabo acciones para normar requisitos y condiciones que deben reunir las bases de datos, incluidas las tres fases del tratamiento de la información: uso, tránsito y almacenamiento.
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En adelante, según la orden del jerarca, aquellas direcciones que manejan base de datos, tendrán que elaborar una propuesta de protocolo con políticas y manuales de privacidad obligatorios y exigibles dentro de la institución.
Además, deben elaborarse manuales de capacitación sobre las obligaciones en materia de protección de datos personales y mecanismos de comunicación sobre consentimiento, recolección, transferencia y tratamiento.
González solicitó para finales de diciembre un primer avance de este trabajo y un seguimiento trimestral hasta terminar con los protocolos.