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Nacientes, pozos, amenazas de inundación o la cercanía de una pista de aterrizaje fueron algunas de las razones por las cuales terrenos adquiridos por el Ministerio de Educación Pública (MEP) no pudieron utilizarse para construir escuelas.
Las adquisiciones estuvieron a cargo de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) que omitió realizar estudios que determinaran si las propiedades eran aptas para levantar las escuelas o colegios.
Fue hasta después de la compra que se percataron de los problemas.
Así lo dio a conocer la Auditoría interna del MEP en el informe 02-2021 Terrenos-DIE, que analizó la adquisición de lotes para centros educativos entre 2014 y 2019.
Sin embargo, antes del estudio ya se conocían aparentes irregularidades vinculadas con estas compras.
En diciembre del 2019, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron allanamientos en varias oficinas del Ministerio de Educación por la compra de dos propiedades inservibles para construir la Escuela María Auxiliadora de Las Vueltas de Tucurrique, en Cartago, y el Liceo de Copey, en Dota.
En ninguna de las fincas se podía construir debido a la presencia de nacientes.
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Para este informe, la Auditoría no analizó la compra de esos terrenos por estar aún en investigación en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Sin embargo, detectó situaciones similares en la DIE con otros lotes.
Sin consultas previas
Por ejemplo, en marzo del 2015, fue inscrito a nombre del MEP un terreno para la construcción de la Escuela Salustio Camacho, en Alfaro Ruiz de Alajuela. Costó ¢259 millones.
La Auditoría explicó que, según el expediente, en dicha propiedad existe un pozo “cerca o dentro del lote”, por lo que se recomendó tomar en cuenta su profundidad para definir los retiros reglamentarios.
Según la normativa ambiental, es prohibido construir en un radio de 100 metros a la redonda de una naciente o cuerpo de agua.
En la investigación no se hallaron documentos que evidenciaran consultas previas a alguna institución pública sobre la ubicación del pozo, con el fin de determinar la posibilidad de usar el terreno. La gestión se realizó una vez adquirido el lote, cuando se iba a desarrollar el proyecto.
“Se adquirió el terreno sin tener la certeza de la existencia o no de una posible afectación, que posteriormente impidiera el desarrollo de infraestructura educativa. La situación, implica un menoscabo en el uso de los recursos, que atenta contra la solución expedita de un espacio apropiado para la comunidad estudiantil”, dijo la Auditoría.
El lote para la construcción de la Escuela Cimarrones, en Pacuarito de Siquirres, tenía el mismo problema. El inmueble costó ¢13 millones y fue inscrito a nombre del MEP en 2017.
Según la Auditoría, la directora del centro educativo indicó que existe una naciente que atraviesa el terreno comprado.
“Nótese, que la DIE no realizó un análisis previo a la compra del terreno, en cuanto a una posible afectación(...) En el expediente no consta la existencia de esa naciente, la compra se realizó sin los estudios por parte de la DIE para determinar si había o no afectación, razón por la cual se tiene que los esfuerzos efectuados para la compra del terreno y dar la solución al centro educativo podrían ser infructuosos en caso de no poder utilizar el bien inmueble”, indica el informe.
Pista de aterrizaje
Para la construcción de Escuela Brunca, en la zona sur, se adquirió una propiedad que fue inscrita a nombre del MEP en mayo 2018.
Luego de comprada, se percataron que la propiedad es colindante con una pista de aterrizaje, aunque no se halló un análisis sobre el riesgo externo al que podría estar expuesto el centro educativo de construirse cerca de una pista de aterrizaje.
La DIE no realizó la consulta sobre si la pista se encuentra en uso o no ante Dirección General de Aviación Civil.
“La falta de controles por parte de la DIE en las gestiones de compras de terrenos, pueden generar la adquisición de terrenos con afectaciones de riesgos externos, que se pudieron haber valorado y consecuentemente evitado para no pagar por propiedades que al final no podrán ser utilizadas para el fin pretendido”, afirmó la Auditoría.
Amenaza de inundación
En el caso de las obras de la Escuela Juan Rafael Chacón Castro, en Cutris de San Carlos, Alajuela, se compraron tres lotes. El primero en 2014, con un costo de ¢396 millones.
Según la auditoría, analizando el mapa de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) , y según se muestra en los informes de terrenos, estas propiedades se encuentran dentro del área de la llanura de inundación del río San Carlos.
La CNE recomendó a la Municipalidad de San Carlos que no permita más desarrollo urbano en las planicies de inundación.
“Hay incertidumbre de qué sucedería si la Municipalidad de San Carlos acata las recomendaciones emitidas por la CNE, y no permite construir en esos terrenos. Además, las posibles afectaciones deben valorarse a partir del riesgo, máxime si hay un pronunciamiento de la CNE”, explicó la Auditoría.
Para la ampliación de la Escuela Carlos María Rodríguez, en Grecia, por un supuesto aumento en la demanda, la DIE compró en febrero del 2018 un terreno por el cual se pagaron ¢29 millones.
Sin embargo, según el informe de Auditoría, actualmente, se tiene construida un aula con fondos de una Organización no Gubernamental y no un proyecto de ampliación por incremento en la demanda.
Según el informe, esta compra no obedeció a una situación de emergencia. En el expediente no se observa un análisis del posible aumento de matrícula, solamente se basan en lo indicado por el personal administrativo y, posteriormente, lo observado en la visita al sitio, pero se carece de una proyección de matrícula de acuerdo con los últimos años.
A pesar de las anomalías detectadas en la compra de estos terrenos, y, según la investigación, la Auditoría no solicitó la apertura de una investigación contra los funcionarios responsables de dichas adquisiciones.
Solicitó a la Administración, entre otras cosas, elaborar, aprobar y divulgar el Manual de procedimientos para la adquisición de terrenos y la adquisición de herramientas tecnológicas que le permitan a la Administración realizar el estudio especializado que garantice la idoneidad de una propiedad por adquirir.
