Otra vez. Más de mil estudiantes llevan años sin tener un nuevo colegio por una mala adquisición de un terreno por parte del MEP.

Se trata de la propiedad para construir el Colegio Nocturno Presbítero Enrique Menzel, en Turrialba, que se compró en 2009 y costó ¢157 millones sin que, a la fecha, se haya podido colocar ni una piedra.

Luego de adquirida la finca, el MEP se enteró de que esta tiene seis nacientes, cada una de las cuales implica una restricción de 100 metros para hacer obras por la protección a los brotes de aguas que impone la ley. Como si no fuera suficiente, también existe una servidumbre por donde pasan las tuberías de aguas negras de los barrios aledaños.

Como la finca no se pudo utilizar por esas limitantes, quedó en abandono y, recientemente, fue invadida por precaristas que hasta una caballeriza instalaron, según contó el director del colegio, Moisés Jamienson.

Ante estos problemas, las empresas Consultoría y Construcción PyS, S. A y Multiservicios Machado, que habían sido adjudicadas en 2012 para la construcción del edificio, demandaron al Ministerio de Educación Pública (MEP), en 2017, para cobrarle daños y perjuicios por ¢356,6 millones.

Alegan que, al haber tenido adjudicado un proyecto de más de ¢800 millones, que era lo que costaba construir el colegio, quedaban excluidas para concursar por otras obras, ya que al presentar los requisitos aparecían como comprometidas con el liceo turrialbeño que nunca levantaron.

La demanda se amplió luego contra la Junta de Educación del colegio, pues fueron ellos quienes firmaron la adquisición del terreno y contrataron la construcción, con las recomendaciones de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP. Quien respondió por la Junta, fue Maritza Méndez, que es la presidenta.

Mientras tanto, los alumnos estudian en un edificio de más de 60 años, sobre el cual pesan órdenes sanitarias del Ministerio de Salud. El inmueble alberga dos centros educativos. El Colegio Diurno Omar Salazar Obando, con 700 alumnos, que reciben lecciones de 7 a. m. a 4 p. m. y el Colegio Nocturno Presbítero Enrique Menzel con una población de 600 estudiantes.

Según Jamienson, los muchachos sufren hacinamiento en los dos turnos. Sin embargo, la situación más penosa la tienen los alumnos del diurno, quienes no tienen espacio para disfrutar del recreo, ni realizar deporte; se quedan sentados en los pasillos ante la imposibilidad de autorizarlos a salir por tratarse de menores de edad.

A ese encierro, se suma el riesgo por la vieja instalación eléctrica.

“El no dejarlos salir es tener un panal ahí, los alumnos no caben en los recreos y hay mucha contaminación sónica. Ahorita tengo otra denuncia en el Ministerio de Salud por la instalación eléctrica, en la DIEE (Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo) conectaron un ascensor con un sistema eléctrico de hace 60 años, si uso mucho el ascensor se va la luz en siete aulas.

"Es un edificio de dos pisos, pero las cerchas son de madera de hace 60 años, no podemos arreglarlo, porque si alguien se trepa a repararlo, se cae el techo, nos han vacilado por años”, explicó Jamienson.

Desde el 2012, la Junta tiene en desuso ¢820 millones en caja única del Estado.

La Nación solicitó conversar sobre el caso con Catalina Salas, directora de Infraestructura del MEP, pero en dicha dependencia indicaron que responderían en los 10 días que les otorga la legislación para responder.

Según contó Jamienson, él vive cerca del terreno comprado.

“Eso toda una vida fue un suampo. La DIEE compró un terreno que tiene una servidumbre; en el centro del lote pasa una tubería que lleva la red de cloacas de los barrios. Yo en la vida compraría un lote con una servidumbre. A Wálter Muñoz, anterior director de la DIEE, y a otra gente le dije ‘¿cómo se les ocurrió comprar un lote con una servidumbre?’, y nos dijeron que ellos compran primero y luego hacen estudios, vea que idiotez”, manifestó el director.

El geógrafo Rigoberto Villalobos, actual jefe de la Unidad de Terrenos de la DIEE, fue quien recomendó a la Junta la compra de ese inmueble, según consta en documentos del caso facilitados por el MEP a La Nación.

Este funcionario también recomendó la compra de otros dos lotes que resultaron inservibles para construir centros educativos por la existencia de nacientes, uno en Tucurrique y otro en Dota. Estas adquisiciones son objeto de investigación por parte de Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), desde diciembre anterior.

Villalobos había sido separado del cargo, en noviembre del 2018, por decisión del entonces ministro, Edgar Mora, pero fue restituido como jefe de la Unidad de Terrenos por la actual jerarca, Guiselle Cruz.

De las nacientes el MEP se enteró luego de que, comprado el terreno, en 2009, los vecinos plantearon un recurso de amparo ante la Sala IV por la existencia de estos cuerpos de agua. En 2012, la Sala ordenó la suspensión de las obras para que se realizaran estudios hidrogeólógicos y trámites de viabilidad ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena).

En el proceso también intervino el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) que advirtió de la existencia de las nacientes, por lo tanto, no se les dio la viabilidad ambiental para construir el proyecto.

Al responder la demanda de la constructora, la Procuraduría General de la República, como abogado del Estado, dijo que la DIEE compró el terreno a sabiendas de que tenía aguas, pero sin conocer que eran nacientes. De eso, añadió, se enteraron por las denuncias de vecinos.

Atribuyó la responsabilidad de la compra a la Junta de Educación.

Maritza Méndez, presidenta de la Junta, dijo a La Nación que fue la DIEE la que les indicó, paso por paso, lo que debían hacer.

En 2017, las empresas Consultoría y Construcción PyS, S. A y Multiservicios Machado demandaron al Estado y luego a la Junta de Educación. Argumentaron, que a ese año (2017) la DIEE no les había informado si las obras se iban a construir o no, razón por la cual renovaban año con año la garantía de cumplimiento. Afirmaron que en la Dirección nunca los atendieron para conversar sobre cómo iba el proyecto.

Fue hasta el 30 de julio del 2019 que la Dirección de Infraestructura les informó de que se les iba a rescindir el contrato para la construcción del colegio y que se les devolvería la garantía de cumplimiento dado que el proyecto no tenía viabilidad ambiental.

“La Administración DIEE-MEP conocía desde el 2016 que el proyecto no se iba a realizar y, aun así, no da el finiquito respectivo al contrato. La actividad de nuestras empresas se paralizó en un 60% por un plazo de 5 años. Dejó de percibirse al menos una utilidad conservadora de ¢45 millones por año en perjuicio. Siendo 5 años los que ha afectado la no realización del proyecto y la conservación del mismo como una obra adjudicada a nuestras empresas”, se lee en la demanda de la empresa constructora.

Esta demanda continúa en trámite en los tribunales contenciosos administrativos y se desconoce cuándo los 1.300 estudiantes dejarán de recibir clases hacinados y en peligro.