El nuevo curso lectivo recibió el banderazo de salida con 1.200 plazas pendientes de llenar en el Ministerio de Educación Pública (MEP), de las cuales el 60% (720) corresponde a docentes y el resto a personal de apoyo.
Entre esos puestos faltantes están los de 45 directores, es decir, ese número de escuelas o colegios están acéfalos.
De acuerdo con la viceministra administrativa, Sofía Ramírez González, en esos casos buscan a un funcionarios que ejerza en el cargo de manera temporal o bien, se le solicita al supervisor de circuito que asuma la posición mientras se concreta el nombramiento.
Para Ramírez, los datos resultan “muy positivos” si se considera que parte de este proceso implica que funcionarios que se han profesionalizado años atrás tienen la posibilidad de realizar carrera administrativa u optar por otros cargos.
“Esto significa que cuando un funcionario asciende, el puesto que estaba ocupando queda automáticamente vacante y debemos hacer, otra vez, el proceso de promoción”, explicó.
La funcionaria resaltó, además, que los pendientes no corresponden ni al 5% de los 80.000 puestos que tiene el MEP.
El problema de rezago en nombramientos tiene relación, principalmente con las desestimas o rechazos por parte de los docentes, quienes participan en concursos por una plaza, pero una vez nombrados este no les satisface o bien no les conviene.
La situación pone en aprietos al Ministerio que debe hacer un nuevo nombramiento, en ocasiones, por inopia. El concurso cuyos resultados se dieron a conocer en 2022 tuvo 2.000 desestimas o rechazos.
Críticas al sistema
Precisamente, este hecho fue considerado por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como una de las debilidades en el proceso de contratación de docentes
En su informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2023, presentado el 6 de febrero, señaló, por ejemplo, que los concursos públicos son utilizados por los docentes en servicio para cambiar de centro educativo, lo que según la normativa actual solo se permite por motivos excepcionales (como enfermedad). Además, criticó que no haya sanción por rechazar un lugar y que los docentes en servicio pueden rechazarlo si no se ajusta a sus preferencias.
Para OCDE, este sistema dificulta la asignación de docentes a los centros educativos que más los necesitan.