Juan Diego Córdoba González. 19 enero
La Rectoría de la UCR afirmó que no tiene conocimiento de que el inmueble haya sufrido daños, más allá de los grafitis que los estudiantes han pintado en paredes, columnas, puertas y ascensores. Foto: cortesía.
La Rectoría de la UCR afirmó que no tiene conocimiento de que el inmueble haya sufrido daños, más allá de los grafitis que los estudiantes han pintado en paredes, columnas, puertas y ascensores. Foto: cortesía.

El decanato de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR) elevará solicitudes a las autoridades académicas y del Banco de Costa Rica (BCR), para mantener algunos grafitis y mensajes grabados por estudiantes durante la toma del edificio en octubre pasado.

Inclusive, según comunicó la autoridad de Ciencias Sociales, se creó una comisión integrada por estudiantes, profesores y administrativos, para seleccionar las marcas que pretenden conservar en el edificio.

“El Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales se comprometió a mediar ante las instancias correspondientes a realizar una propuesta para conservar algunas marcas, pues podrían formar parte de la memoria del movimiento estudiantil”, indicó el decanato mediante correo electrónico.

Empero, la propuesta deberá ser evaluada por la Rectoría de la Universidad, así como por el Banco de Costa Rica, administrador del fideicomiso propietario del inmueble, y que, ante consulta de este medio, indicó que no la conoce.

La autoridad de la Facultad, liderada por la decana Isabel Avendaño, acordó esas acciones con los estudiantes, a cambio de que depusieran la toma del módulo central del edificio, que se extendió durante 14 días en octubre pasado.

El decanato de Ciencias Sociales no se aparta de ese acuerdo, pese a que el Banco de Costa Rica comunicó a La Nación, que, de acuerdo con el contrato del fideicomiso, se debían eliminar todos los grafitis pues “el edificio debe permanecer conforme se entregó”.

“Se reitera que la propuesta de conservación queda sujeta a las indicaciones de las autoridades universitarias y del Banco”, respondió el decanato.

Hasta el momento, la Facultad no comunica el costo de los daños ocasionados por estudiantes durante el movimiento. Tampoco tiene identificadas la fuente de recursos para borrar los grafitis y costear otros daños.

“El decanato está coordinando acciones con la Oficina de Servicios Generales, instancia operadora del edificio, para iniciar las labores de pintura en algunas paredes del módulo central del edificio, pues los restantes módulos no fueron intervenidos por el movimiento estudiantil”, comunicó la autoridad universitaria.

Las paredes del nuevo edificio tienen mensajes hechos con espray negro. Foto: Cortesía
Las paredes del nuevo edificio tienen mensajes hechos con espray negro. Foto: Cortesía

La entidad bancaria aseguró a La Nación que encontraron diversos daños en el edificio. La decana universitaria informó en octubre que las pérdidas se reducían a temas de pintura.

“Los principales hallazgos fueron grafitis y otros tipos de ‘arte’ en concreto expuesto en paredes internas y externas, cielos, columnas, vidrios, pisos, láminas de acero inoxidable en elevadores, puertas metálicas y cerámica.

“Además, daños en equipo electromecánico tales como lámparas, control de elevadores y secamanos”, señalaron en el BCR.

Los estudiantes tomaron el edificio para manifestarse contra el acuerdo que firmaron, en julio pasado, los rectores de las universidades estatales y el Ministerio de Hacienda, que obligaba a las casas de enseñanza a destinar a infraestructura un 13,6% de los ¢513.000 millones que el gobierno les transferirá este año.

Dicho monto equivalía a ¢70.000 millones, distribuidos entre cuatro universidades, pero bajó a ¢35.000 millones luego de negociaciones en la Asamblea Legislativa.

Los alumnos no aceptaron la decisión y tomaron, entre otros, el edificio de Ciencias Sociales ubicado en la Ciudad de la Investigación, en Montes de Oca.

Los estudiantes, además, actuaron motivados por las afirmaciones de los rectores de que la reorientación del dinero pondría en riesgo becas, inversiones en sedes, apertura de cursos, entre otros, aunque después los jerarcas admitieron que existían opciones para evitar ese impacto.