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El Programa Estado de la Nación (PEN) solicitó a la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, compartirle las bases técnicas y teóricas que justificaron cambios al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, que dieron como resultado la creación de las nuevas pruebas nacionales, las cuales se aplicarán 160.000 alumnos de centros públicos y privados este año.
La gestión fue planteada en el oficio CNR-PEN-033-2022 del pasado 22 de febrero, suscrito por Isabel Román Vega, coordinadora de investigación del Informe Estado de la Educación, y Jorge Vargas Cullell, director del PEN.
Según el documento, el Estado de la Nación considera que fue una “correcta decisión” aplicar pruebas nacionales estandarizadas para conocer aprendizajes, habilidades y competencias esperadas en los estudiantes. Así, dijeron, los resultados se podrán comparar en el tiempo, detectar brechas y orientar las políticas de educación.
Eso sí, recordaron, esa macroevaluación implica “procesos técnicos altamente especializados” para asegurar que las evaluaciones sean de calidad y confiables.
Precisamente, por “la relevancia de este tema para el país” es que el Programa requiere los documentos técnicos que sustentaron los cambios propuestos y aprobados por el Consejo Superior de Educación (CSE), que Müller preside.
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“Conocer esta fundamentación es esencial para nosotros en la medida en que, en nuestra mesa de trabajo del Estado de la Educación tenemos como misión valorar, desde una perspectiva académica, la medida en que las políticas educativas logran garantizar la robustez, validez y confiabilidad técnica de las pruebas propuestas y su alineamiento con los programas de estudio vigentes de las distintas asignaturas”, argumentaron.
Las llamadas Pruebas Nacionales Estandarizadas se aplicarían a estudiantes de 6° grado y 11° año (12° en caso de colegios técnicos) en dos momentos del año.
Una primera ronda será en abril para medir conocimientos y planear contenidos a evaluar, por lo cual no tiene valor en la aprobación del curso lectivo. La segunda ronda está prevista para octubre pero sí representará el 40% de la nota final.
De esa última evaluación depende a partir de este año, que los estudiantes aprueben la primaria o la secundaria, según el anunció que hizo la ministra el pasado 2 de febrero, cuando presentó su plan denominado Ruta de la Educación.
Lista de criterios
Entre los puntos específicos, los investigadores solicitaron identificar cuál fue el modelo evaluativo empleado y la justificación técnica de los cambios respecto a las pruebas Nacionales Fortalecimiento de Aprendizajes y Renovación de Oportunidades (FARO), eliminadas en junio de 2022.
También solicitaron explicar cómo fue el proceso de construcción y juzgamiento de ítems incluido en el diseño de la prueba y la descripción del plan piloto que se realizará a una muestra de estudiantes, cuándo será y análisis psicométrico que se realizará.
Del mismo modo, los estándares que se emplearán para el ensamblaje de las pruebas, como validez, confiabilidad, tabla de especificaciones, intención meta, tabla de ensamblaje, tipo de ítems, revisión y diseño de la prueba y tipo de formato administrativo-informativo que se incluyó para estas.
Finalmente, pidieron conocer cuáles fueron los fundamentos técnicos que respaldan los plazos de aplicación de las nuevas pruebas señaladas en el acuerdo del Consejo y las características del reporte de resultados por entregarse a los estudiantes y a otros actores educativos después de aplicarse los cuestionarios.
Hasta el 2 de marzo, el Programa seguía a la espera de respuesta.
La solicitud del PEN ocurrió varios días después de que trece asesores nacionales del mismo MEP emitieran un criterio en el que afirman que los cuestionarios previstos para estas evaluaciones no responden a ningún modelo de evaluación existente que permita brindar validez y confiabilidad a los resultados que se obtendrán.
“Como técnicos curriculares, sentimos la necesidad de prevenir y alertar a las autoridades sobre las implicaciones de un proceso evaluativo estandarizado que no responde a modelos y teorías evaluativas reconocidas a nivel nacional e internacional”, afirmaron en su oficio DVM-AC-DDC-DTCED-030-2023 enviado a la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP el 16 de febrero.
Incluso, los funcionarios se desligaron de “responsabilidades” relacionadas con estos exámenes.
