Educación

Contraloría advierte de más burocracia con proyecto de alfabetización digital

CGR considera que iniciativa ‘podría repercutir de forma negativa’ en la ejecución oportuna de los objetivos señalados en la Ley General de Telecomunicaciones

Más burocracia. Ese es uno de los riesgos que advierte la Contraloría General de la República (CGR) de aprobarse el texto sustitutivo del proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Alfabetización Digital, una iniciativa que pretende reducir brechas digitales entre los estudiantes.

“La iniciativa de ley incrementa el aparato burocrático que participa en el proceso de planificación y ejecución de los proyectos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, lo que podría repercutir de forma negativa en la ejecución oportuna de los objetivos señalados en el artículo 32 de la Ley General de Telecomunicaciones vigente”, expresó el órgano contralor en el criterio entregado a la Asamblea Legislativa.

Asimismo, señaló la posibilidad de que se incrementen los costos administrativos que se cubren con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y, por lo tanto, disminuyan los recursos para la atención directa de las necesidades inmediatas de los beneficiados con estos programas y proyectos. Así lo expresó en el oficio DFOE-CIU-0301, dado a conocer este martes.

La propuesta de ley persigue incluir un programa nacional de alfabetización digital dentro del actual Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) y darle financiamiento permanente con recursos de Fonatel, que actualmente tiene $350 millones. El dinero para el programa sería transferido al Ministerio de Educación Pública (MEP).

De esta forma, según la propuesta, se disminuirán las diferencias entre los estudiantes por la falta de conectividad, las que quedaron en evidencia durante las clases a distancia implementadas durante la pandemia de la covid-19. Actualmente, 425.000 alumnos no tienen Internet ni dispositivos para llevar a cabo la educación combinada (presencial y a distancia), los cuales representan el 35% de los 1,2 millones de alumnos del país.

Esa realidad se da aunque desde agosto del año pasado hay un plan del Gobierno para dotar de Internet y computadoras a los estudiantes, el cual no se ha logrado concretar.

El proyecto del Programa Nacional de Alfabetización Digital es impulsado por el presidente Carlos Alvarado, junto con la diputada liberacionista, Yorleny León. Fue presentado en setiembre del 2020.

Para la Contraloría, el tratamiento propuesto en el proyecto de reforma legal “es difuso”, ya que no se tiene claridad sobre los costos a financiar mediante el Fonatel, además de que es restrictivo, puesto que el enfoque principal radica exclusivamente en el sector educativo.

Consideró además que el proyecto distorsiona las competencias del rector de telecomunicaciones, al asignarle funciones de ejecución en los proyectos financiados por Fonatel y no propiamente en el establecimiento de la política pública como un rol fundamental del sistema vigente.

“De igual manera se pretende asignar funciones altamente técnicas en materia de redes y mercados de telecomunicación al MEP sin que sean compatibles con su especialidad funcional en la educación. En ese mismo sentido, se desvirtúan las funciones especializadas de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel)”, explicó la CGR.

La Contraloría indicó que el texto sustitutivo mantiene la falta de claridad sobre el costo de oportunidad y el impacto que tiene la aplicación del proyecto de ley respecto a la ejecución de proyectos y programas que se financian actualmente con fondos de Fonatel, lo cual requiere de su análisis bajo criterios técnicos aplicables en materia de telecomunicaciones.

“El traslado o delegación de competencias altamente técnicas en materia de redes y servicios de telecomunicación en otras entidades públicas sin tal atribución, no solo afecta y limita el cumplimiento de los objetivos a cubrir directamente con el Fonatel, sino que se contrapone al diseño y sistema legal vigente sustentado en los principios regulatorios a los que el país se comprometió”, agregó.

Persisten dudas

La Contraloría insistió en la necesidad y oportunidad de que la Asamblea Legislativa cuente con elementos técnicos que le permitan analizar el proyecto en su integralidad e impacto sobre la problemática fijada en su motivación, a fin de canalizar los esfuerzos hacia la determinación de las causas de tales problemas y garantizar una ejecución efectiva y oportuna de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad.

No es la primera vez que la Contraloría hace advertencias sobre el proyecto. En noviembre de 2020 también señaló riesgos de una eventual duplicidad de funciones debido a la existencia de otros esfuerzos públicos en el mismo sentido.

Además, la contralora general de la República, Marta Acosta, puso en duda la necesidad de una ley para crear programa de alfabetización digital, en una comparecencia ante los diputados en marzo anterior.

“Podríamos estar atendiendo un problema generando otro con implicaciones técnicas y financieras”, advirtió la contralora en aquel momento.