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El servicio de transporte estudiantil en 133 rutas de todo el país podrá comenzar mañana sin problema, aunque sigue sin existir un método de cálculo de las tarifas que paga el Ministerio de Educación Pública por el traslado de los alumnos.
La autorización para prorrogar los contratos con los transportistas fue otorgada por la Contraloría General de la República el 1.° de febrero, informó esa institución en un comunicado de prensa. El monto autorizado supera los ¢5.000 millones.
"Al igual que en otras oportunidades y en otros gobiernos, la Contraloría autoriza esta contratación porque no se ha resuelto el tema tarifario que está en negociaciones con la Aresep (Autoridad Reguladora de Servicios Públicos).
"En aras de que se dé el servicio, se da la contratación directa pero se condiciona al MEP para que en marzo de este año tenga suscrito el convenio que le va a dar solución a este problema tarifario", advirtió Elard Ortega Pérez, uno de los tres funcionarios de la Contraloría que firman la autorización.
La CGR, además, rechazó la solicitud de autorización para prorrogar por un año el modelo sustitutivo de contratación estipulado en el Reglamento del Programa de Transporte Estudiantil en los Centros Educativos Públicos, informó la institución.
Ese ministerio fija el costo del pasaje de cada una de las 3.506 rutas de transporte de estudiantes que paga en todo el país con base base en índices como la tasa básica pasiva, kilometrajes de cada ruta, cantidad de estudiantes, ruralidad y tipo de terreno por el cual viajan.
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Desde el 2006, dictámenes de la Contraloría y de la Procuraduría General de la República recordaron al Ministerio que la fijación de ese pago debe determinarlo la Aresep.
En su razonamiento para dar esta autorización, la Contraloría concluye que "que existe un interés público primario que se debe satisfacer en relación con este tema, considerando que la finalidad perseguida radica en no afectar el derecho a la educación y el acceso a esta, sirviendo como vehículo para este logro el beneficio brindado a los estudiantes beneficiarios de este programa (transporte estudiantil)".
"(...) se tiene acreditado que el Ministerio de Educación tiene la imperiosa necesidad de contar con un servicio formal de transporte de estudiantes, que precisamente garantice ese derecho fundamental a la educación".
