Los consorcios debían entregar esas obras a mediados de febrero del año pasado, pero abandonaron los proyectos cuando tenían entre un 5% y un 93% de avance.

Se trata de cuatro centros educativos y tres canchas multiuso que se edificarían con fondos de un préstamo de $167,5 millones (¢103.347 millones, al tipo de cambio actual) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ante los incumplimientos en la entrega al Ministerio de Educación Pública (MEP), el Nacional impuso las sanciones económicas y se vio en la obligación de buscar nuevos contratistas para terminar los proyectos.

A esos contratistas también se les cobraría mediante un proceso judicial, la diferencia entre lo que se les iba a pagar inicialmente y lo que al final costaría la obra. Esos montos se sabrán hasta que las obras pendientes se terminen.

Sin embargo, se desconoce cuándo se podrán concluir, pues no hay fondos. El plazo para ejecutar el fideicomiso venció el 31 de diciembre, razón por la cual no es posible utilizar ¢20.000 millones que quedaron. El Ministerio de Hacienda negó un prorroga para poder usar los recursos.

Por su parte, el MEP no permite echar mano de ¢10.547 millones que ya le había girado al BN, pero para construir otras 48 obras que quedaron pendientes. La institución alega que para cambiar el destino de esos recursos, se debe de contar con la aprobación previa del Congreso.

Esos ¢10.547 millones habrían permitido finalizar las obras, pero “ni un centavo para nada más”, como enfatizó Carlos Rodríguez, director de la Unidad Supervisora del Proyecto (USP), del fideicomiso de MEP.

Las multas, entretanto, representan una suma ínfima frente a lo que se necesitaría para poder terminar y dar uso a esos proyectos educativos, que estudiantes y docentes quedaron esperando.

De momento, el Banco todavía no ha cobrado ni un colón de esos ¢1.142 millones. Los dos grupos empresariales acudieron a la vía judicial para evitar el cobro y niegan responsabilidad.

Las obras inconclusas forman parte de las 103 nuevas infraestructuras educativas que se debían financiar con el llamado fideicomiso educativo. No obstante, los recursos solo alcanzaron para terminar 48 y dejar estas siete con algún avance.

Otras 48 ni siquiera comenzaron a levantarse porque el dinero no alcanzó, pues las estimaciones realizadas para aprobar la ley del fideicomiso educativo fueron solo “referenciales”.

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Sanciones por siete obras abandonas

El consorcio Ideco-Ruco-GCI, sería el que más dinero tendría que pagar en caso de que las multas queden en firme, en total: ¢655,6 millones.

Al grupo empresarial se le atribuyen incumplimientos en siete obras, seis que están en el limbo y otra que sí se logró adjudicar a otro contratista antes de que se venciera el plazo del crédito del BID.

Entre los proyectos inconclusos está la Escuela de Enseñanza Especial de Santa Ana, San José, la cual quedó con un 93% de avance y se contrató para su conclusión a la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes S. A.. En este caso, las multas impuestas ascienden a ¢249,1 millones.

Figuran también las nuevas instalaciones de la Escuela La Hermosa, en Pérez Zeledón; el Liceo Rural Santa Rosa, en Oreamuno de Cartago; y la Escuela Azul, en Turrialba.

Además se incluyen las canchas multiuso que estaban previstas para los colegios técnico profesionales de Hojancha, 27 de Abril, en Santa Cruz de Guanacaste; y Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

El abogado del consorcio, Walter Brenes, insistió en que esas multas no proceden, pues su representada ya había solicitado la rescisión unilateral del contrato y el Nacional se la rechazó.

Brenes asegura que el Banco se negó a pagar reclamos administrativos por obras de más que construyeron a solicitud del fideicomiso, lo que afectó la “salud financiera” del consorcio.

Según él, actualmente el fideicomiso les adeuda $8,5 millones, lo que se discute en el Tribunal Contencioso Administrativo, donde hay tres procedimientos abiertos, pues los proyectos inconclusos forman parte de tres licitaciones distintas.

“Primero, estamos pidiendo que el incumplimiento no fue del consorcio, que el incumplimiento fue por parte del fideicomiso. Segundo, que evidentemente nosotros no incumplimos y por consiguiente, no nos pueden cobrar multa. Tercero, que nos devuelvan las garantías bancarias y cuarto, el pago de daños y perjuicios”, expresó Brenes.

“Le puedo decir, con total certeza que mis clientes no se equivocaron, nosotros tenemos la razón y vamos a llevar esto hasta el final y vamos a demostrar que el fideicomiso fue un desastre”, añadió.

Litigio en lo interno

En el caso del consorcio JCB-Rock Constructions, la multa es por ¢486,6 millones, por no terminar a tiempo el Colegio Sotero González, en San Juan de Dios de Desamparados. El centro educativo quedó a un 70%.

De acuerdo con Lourdes Fernández, directora de Fideicomisos del BN, se solicitó la rescisión del contrato porque la empresa comenzó con atrasos en la entrega de la obra y paralizó los trabajos debido a problemas de solvencia financiera de las dos compañías que integran ese grupo empresarial.

Se trata de la compañía JCB Constructora y Alquiler S. A., cuyo dueño es el polémico empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños; y la firma Rock Constructions, vinculada al fallido proyecto habitacional Málaga.

Ante una consulta de La Nación, Bolaños afirmó que desde que se abrió el fideicomiso, ni él ni ninguna de sus empresas administró “ni un solo dólar”, que todo estuvo a cargo de Rock Constructions y de Grupo Terranova, firma que subcontrató el consorcio para ejecutar parte del proyecto.

Adujo que esas empresas utilizaron “documentos fraudulentos” y “falsificaron poderes” para sacar dinero a su nombre y utilizarlo en otro giro de sus negocios y, que por esa razón, se incumplió con la entrega del centro educativo.

“Nosotros los demandamos por estafa y administración fraudulenta ante la Fiscalía, la denuncia fue interpuesta por mi persona, por uso de documentos fraudulentos, falsificación de poderes a mi nombre para poder sacar plata del fideicomiso en contubernio con personas del mismo BN (...). Yo soy el denunciante y la víctima”, alegó Bolaños.

Este medio también procuró una versión de Edgardo Vargas, quien figura como representante del consorcio en el expediente de ejecución del proyecto. Se le llamó al teléfono celular que aparece en ese archivo, pero la operadora indicó que ya no existía. De igual forma, se le envió un correo electrónico, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.

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Nacional niega yerros en su gestión

Para Lourdes Fernández, del BN, el tema está claro, esas obras quedaron inconclusas por problemas financieros de los consorcios. Afirma que el Banco no cometió ninguna irregularidad y que así se demostrará en los tribunales.

“En el caso del consorcio JCB-Rock Constructions, lo que nos decía era: ‘ya casi retomamos las obras’, todos los meses: ‘ya casi retomamos las obras’. Pero lo cierto es que ya no había ni un solo trabajador ahí, de pronto ya ni siquiera había seguridad. Nos volvemos a reunir con ellos, no dicen ‘ahora sí ya casi tenemos un financiamiento para volver a retomar las obras’. Hasta que ya llegó un momento en el que tuvimos que decidir que se acabó el ‘ya casi’, tenemos que entrar y tomar la obra.

“En el caso de Santa Ana, que esa es entre Ideco, Ruco y GSI, esa obra estaba muy adelantada, si uno entraba ahí veía que eso ya casi estaba, le faltaban algunas puertas, algunas barandas, algunas luces y un tema de Bomberos, que a simple vista uno no lo veía.

“En ese caso, nos mandaron una notita con una caja de llaves, diciendo que por haber finalizado ya la obra, nos entregaban las llaves y daban por terminado el proyecto. Esa fue otra modalidad de abandono, porque no estaba terminado, no estaba de acuerdo a entrega de obras y solo nos enviaron las llaves. Faltaba como el 7% de la obra.

“Las otras seis son obras más atrasadas, hay una que solo tenía un 5% de avance, o sea, nada, que es la de Santa Rosa, si no me equivoco. Hay otras que tenían un 25%, un 40% de adelanto. Solo que en esas ni tan siquiera nos manifestaron nada, nada más quitaron la seguridad del todo, y se fueron”.

Por su parte, Carlos Rodríguez, alegó que el MEP no tiene injerencia en los litigios judiciales, pues directamente no tiene “relación comercial” con esos consorcios.

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“Nosotros somos los dueños de la infraestructura, el que asume la responsabilidad del desarrollo de la obras es el fiduciario, toda la relación comercial de las empresas adjudicadas para desarrollar las obras es con el Banco Nacional”, dijo Rodríguez.