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El abuso de los derechos de las personas adultas mayores es una realidad que viven los costarricenses. ¿Cómo es esta afectación? ¿Cuáles son los derechos más vulnerados y cómo reconocer cuando se cometen abusos? ¿Dónde acudir para denunciar?
Este fue uno de los temas tratados en el Foro Adultez Mayor: Longevidad, Salud y Futuro, con el que La Nación viajó a Nicoya, uno de los cinco cantones considerados zona azul de longevidad (junto con Santa Cruz, Hojancha, Carrillo y Nandayure).
Durante tres horas, expertos en temas de salud, derecho y finanzas hablaron con la población nicoyana. Una de ellos fue Andrea Gutiérrez Baltodano, coordinadora de la carrera de Derecho de la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica (UCR), quien habló de las denuncias que se reciben y brindó recomendaciones.
Usted puede repasar el contenido de todo el foro en el siguiente enlace:
Atención legal centrada en el adulto mayor
El consultorio jurídico atiende a personas mayores de todo Guanacaste para asesorías de todo tema. La representación legal, de ser necesaria, se realiza en los tribunales de Liberia.
Tanto las consultas como la representación legal son gratuitas, el beneficiario solo debe pagar peritajes y timbres.
El consultorio abrió en 2023, y desde entonces algo llamó la atención de los abogados que lo conforman.
“La mayoría de los temas que nos llegan son civiles. Las personas mayores que tienen bienes, por ejemplo, casas, y los alquilan sufren violencia de parte de los inquilinos, quienes les dejan de pagar y les dañan la infraestructura. No nos esperábamos ver esto cuando comenzamos, pero es de lo que más estamos apoyando”, expuso Gutiérrez.
Esto se conoce como violencia patrimonial. Parte del acompañamiento del consultorio ha sido explicar también cómo establecer procesos de desahucio en casos de abuso con alquileres.
También les ha llamado la atención atender divorcios de personas mayores.
Hay otras consultas que sí esperaban, como las recibidas en temas de cuido.
“Tenemos gente diciendo que se encarga de los papás, pero los hermanos no se encargan. Es un tema delicado, porque todos somos responsables cuando nuestros papás se van desgastando y requieren de apoyo”, afirmó la abogada.
Los procesos sucesorios, especialmente cuando no hay testamentos, también son frecuentes en el consultorio.
“Nos ha pasado que hay personas que no tienen cómo hacer reclamos por los recibos de agua o luz porque no están a su nombre, sino a nombre de una persona que ya falleció”, manifestó.
¿Cómo identificar abusos en los derechos de los adultos mayores?
Gutiérrez recordó que en Costa Rica existe la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor 7935, que habla de la dignificación de la persona adulta mayor, y su autonomía, así como el acceso a vivienda y servicios.
“El abandono de las personas adultas mayores y que sus cuidadores crean que tienen derecho a administrar sus bienes está sancionado”, aclaró.
Ya subrayó que uno de los principales mitos, y que más daño causa, es creer que ellos vuelven a ser como niños.
“Eso no es cierto, no vuelven a ser como niños. Pueden necesitar ayuda y apoyo en algunas cosas, pero eso no quiere decir que no puedan tomar decisiones o que no puedan disponer de sus bienes”, remarcó la especialista.
Otra forma de violencia que en ocasiones pasa desapercibida, es no tener servicios accesibles para ellos.
“Ahora que se digitalizaron muchos procesos, debe tomarse en cuenta que no todos los adultos mayores son hábiles en la tecnología y a otros no les gusta. Para muchos asistir de forma presencial a hacer trámites es una forma de socializar”, aseguró Gutiérrez.
“No habilitar trámites presenciales porque ‘todo está en línea’ es un abuso a las personas mayores y es discriminación”, añadió.
Otra forma de abuso a la persona adulta mayor es privarlas de la recreación por considerarlas más débiles.
¿Dónde denunciar?
Gutiérrez recordó que el ente rector en esta materia es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam). De hecho, el consultorio jurídico funciona en convenio con dicha entidad.
Las denuncias pueden presentarse directamente con el Consejo, y dependiendo del caso los referirían al consultorio jurídico.
Para poner una denuncia pueden comunicarse al 1165.
Este foro de La Nación contó también con la participación de Marco Vargas Aguilar, gerente de BN Vital y de Rudy Corrales Vega, director de al Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
