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La Defensoría de los Habitantes instó a la Asamblea Legislativa a aprobar con urgencia el proyecto de ley N.º 24.940, el cual busca garantizar un monto mínimo de pensión que no pueda ser reducido por deducciones, con el fin de proteger las condiciones básicas de vida de los adultos mayores.
El llamado surge ante casos recurrentes en los que los pensionados ven disminuidos sus ingresos por cobros derivados de créditos, al punto de no poder cubrir necesidades esenciales como alimentación, servicios básicos o vivienda.
La propuesta cuenta con respaldo jurídico tras una reciente resolución de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la cual estableció el concepto de “núcleo vital de la pensión”.
Según el fallo, este límite de intangibilidad es clave para garantizar el derecho a una vida digna, incluso cuando existan obligaciones financieras previas.
El proyecto, impulsado por la Defensoría con apoyo de la diputada Katherine Moreira Brown, plantea crear la figura de una “pensión mínima intocable”, equivalente al nivel de protección que actualmente tienen los salarios frente a embargos.
De recibir la aprobación de los diputados, la nueva legislación implementaría tres pilares fundamentales:
- Establecimiento de la “Pensión Mínima Intocable”: Se fijará un monto inembargable, equivalente al límite de protección que hoy goza el salario, asegurando que el jubilado siempre cuente con dinero para sus necesidades básicas como salud, alimentación y vivienda.
- Respeto a la autonomía financiera: Las personas pensionadas mantendrán la libertad de gestionar créditos mediante el acuerdo de voluntades, pero estarán cobijadas bajo un marco legal diseñado para evitar el sobreendeudamiento que anula la dignidad humana.
- Fomento de la “Economía Plateada”: Al otorgar seguridad jurídica sobre sus ingresos regulares, la ley busca incentivar la inclusión financiera, el emprendimiento y la participación activa de esta población en la economía nacional.
En este contexto, la institución reiteró la urgencia de avanzar con la discusión legislativa, al considerar que miles de adultos mayores se encuentran hoy en condición de vulnerabilidad debido a la reducción significativa de sus depósitos mensuales.
