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La Defensoría de los Habitantes realizó este martes la primera inspección al lugar donde permanecen las 25 personas deportadas por Estados Unidos y que ingresaron a Costa Rica el pasado 11 de abril, tras el acuerdo firmado entre el presidente Rodrigo Chaves y Kristi Noem, enviada especial de Washington para el Escudo de las Américas.
La institución se trasladó al sitio con el objetivo de verificar las condiciones de atención, permanencia y el respeto de los derechos humanos de estas personas, luego de que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informara sobre la ubicación del grupo.
Durante la visita, la Defensoría constató que las personas reciben atención por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los migrantes son 17 hombres y 8 mujeres provenientes de países como Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos.
Según un comunicado de prensa, la atención incluye servicios de salud psicosocial, alimentación, hospedaje, acceso a llamadas con familiares y orientación sobre la posibilidad de acogerse a un retorno voluntario asistido.
La Defensoría también verificó que estas personas cuentan con libre movilidad dentro del espacio y con servicios de traducción en los idiomas requeridos. La atención está prevista inicialmente por un plazo de siete días, con posibilidad de ampliarse según las necesidades del grupo.
En materia de salud, se reportaron algunas condiciones leves, así como tres casos que requirieron atención médica más especializada en un centro hospitalario.
Además, algunas de las personas entrevistadas indicaron que viajaron esposadas desde Estados Unidos y que les fueron retiradas aproximadamente 30 minutos antes del aterrizaje en Costa Rica.
La inspección contó con la presencia de funcionarios de Migración; sin embargo, la Defensoría señaló que no se evidenció la participación de otras instituciones públicas clave como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
La entidad indicó que se mantiene vigilante ante un eventual aumento en el número de personas deportadas y reiteró la necesidad de que la atención se realice bajo estándares de derechos humanos y coordinación interinstitucional.
La inspección se realizó de forma conjunta con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, informó la Defensoría.
