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La Defensoría de los Habitantes abrirá un procedimiento de investigación tras recibir este jueves 13 de agosto información de la Fiscalía General de la República referente a presuntos actos de tortura y malos tratos a Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, y Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre.
Según el ente, los supuestos afectados estuvieron ubicados en el Centro Nacional de Atención Específica, dentro del Circuito de Alta Contención del Sistema Penitenciario Nacional. Dichos ciudadanos manifestaron ante la Fiscalía haber sido presuntamente víctimas de las agresiones en ese recinto penitenciario.
Tras el análisis preliminar de la información remitida por la Fiscalía General, el órgano defensor indicó que formalizará la apertura de la intervención.
Posteriormente, valorará una inspección en el sitio con el fin de recabar pruebas sobre las condiciones materiales de detención, el estado de dicha población y los protocolos de custodia aplicados por el personal de la Policía Penitenciaria.
La institución recordó que Costa Rica es Estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como de su Protocolo Facultativo (Opcat).
Según estos instrumentos vinculantes, el Estado tiene el deber de prohibir de manera absoluta la tortura, sin que se puedan invocar circunstancias excepcionales para justificarla.
Macho Coca y alias Compadre denunciaron tortura
Macho Coca y alias Compadre denunciaron tortura y hablaron con fiscales costarricenses poco antes de abordar el avión que los trasladó a Estados Unidos para afrontar causas por narcotráfico.
Los sujetos indicaron que en el módulo de Máxima Seguridad de La Reforma, en Alajuela, no los dejaban dormir y tampoco los alimentaban.
El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó la información esta mañana y, en declaraciones desde el aeropuerto Juan Santamaría, dijo que los extraditados quisieron externar sus inquietudes y que él, como fiscal general y en cumplimiento de su deber, recibió dichas manifestaciones en un video.
Tanto Bell como Lozano accedieron a que se les grabara e indicaron que todas las madrugadas los despertaban y que los oficiales penitenciarios les decían que era “por orden del fiscal general”.
Por su parte, Díaz justificó que no tiene influencia en ningún centro penitenciario, por lo que estas medidas no han sido orquestadas desde el Ministerio Público.
