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La Defensoría de los Habitantes cuestionó este jueves la confiabilidad técnica de un informe del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) sobre la delimitación de áreas boscosas en la zona contigua al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, y solicitó a la Sala IV valorar la necesidad de una validación independiente antes de dar por cumplida una sentencia emitida en marzo de 2025.
El informe fue remitido por el Minae como parte del cumplimiento de la sentencia 2019-12745 (expediente 14-019174-0007-CO), mediante la cual la Sala IV ordenó definir con precisión los límites del refugio.
En marzo de 2025, ante el incumplimiento de esa resolución, los magistrados dictaron medidas cautelares para evitar “daños graves e irreparables al ambiente” en el Refugio localizado en Talamanca (Limón).
Entre ellas, se frenó el otorgamiento de nuevas concesiones o permisos, así como la ejecución de los ya otorgados por la Municipalidad de Talamanca, sobre 20,1 hectáreas de terrenos clasificados como bosque dentro de la zona marítimo-terrestre del refugio.
Asimismo, la Sala ordenó una moratoria total en el otorgamiento de permisos de tala y aprovechamiento forestal por parte del Minae en los siete bloques de bosque que deben ser reincorporados formal, material y normativamente al Refugio.
La suspensión incluyó permisos previamente concedidos, entre ellos el otorgado a la empresa Playa Manzanillo S. A., cuyo representante legal es el empresario Allan Pacheco Dent.
Sin embargo, el tribunal constitucional dispuso que esas medidas cautelares persistirían hasta tanto no se le entregara un Informe Final de cumplimiento.
Dudas técnicas
Es en este contexto que la Defensoría de los Habitantes volvió a alertar sobre el caso, al advertir que el informe remitido por el Minae podría legitimar pérdidas ambientales ocurridas en el pasado, al utilizar como punto de partida la cobertura forestal existente en 2025, en lugar de una línea base histórica previa a la vigencia de la normativa declarada inconstitucional.
Según el órgano defensor, que actúa como coadyuvante en el proceso, este enfoque podría contravenir principios constitucionales como la irreductibilidad del bosque, la no regresividad ambiental y la recomposición ambiental, pilares de la jurisprudencia ambiental costarricense.
Uno de los aspectos más sensibles señalados por la Defensoría es la falta de claridad en la identificación y cartografía del bosque anegado, un ecosistema que, de acuerdo con criterios técnicos y resoluciones previas, debe ser tratado como una unidad diferenciada.
Aunque el informe del Minae reconoce la existencia de cuerpos de agua y drenajes, la Defensoría considera que no queda debidamente demostrado que este tipo de bosque haya sido delimitado con criterios especializados.
Otro punto cuestionado es el uso del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) como instancia de validación del informe. La Defensoría sostiene que, al estar adscrito al propio Minae, dicho ente no puede considerarse independiente, ni cuenta con competencias periciales para una evaluación técnica imparcial.
Ante este escenario, el órgano defensor solicitó a la Sala IV valorar la posibilidad de ordenar una evaluación externa, a cargo de una entidad ajena al Poder Ejecutivo, como la Sección de Biología Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que cuenta con acreditaciones internacionales en gestión de calidad.
Consultas a Minae y Sala IV
Tras el pronunciamiento de la Defensoría, se consultó tanto a la Sala IV como al Minae sobre si el informe cumple integralmente la sentencia de 2025, si se contempla una validación técnica independiente, las razones para utilizar la cobertura forestal actual como línea base y las garantías para evitar retrocesos ambientales en la zona de Gandoca-Manzanillo.
También se solicitó al Minae detallar los estudios técnicos que respaldan su clasificación del bosque anegado y explicar el fundamento jurídico para considerar a Fonanfifo como ente validador del informe.
Al momento de esta publicación, tanto la Sala Constitucional como el Ministerio de Ambiente y Energía permanecían sin referirse a las consultas planteadas.
