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Los 200 migrantes de 16 países que Estados Unidos envío a Costa Rica, en febrero del 2025, sufrieron meses de incertidumbre durante su encierro en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) de la Zona Sur, en Corredores, muchos con miedo de volver a sus países de origen.
Tras conocerse que las autoridades costarricenses firmaron un acuerdo para recibir semanalmente hasta 25 migrantes deportados por Estados Unidos, la Defensoría de los Habitantes llamó este martes al gobierno de Rodrigo Chaves a evitar repetir los hechos del año anterior.
En aquel momento, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) denunció que los deportados era víctimas de una privación de libertad de facto.
Según el ente defensor, su intervención logró que en enero pasado el gobierno emitiera una resolución que permitió, por razones humanitarias, que los migrantes pudieran desplazarse en el territorio nacional, realizar actividades remuneradas por cuenta propia, usar los servicios bancarios, entre otras.
De los 200 que formaron este grupo, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario asistido, de los cuales 59 eran personas adultas y 51 menores de edad.
Además, 34 personas salieron del Catem tras presentar solicitudes de refugio, de las cuales 27 eran adultas y siete menores de edad. Otras 56 personas salieron voluntariamente del Catem (34 adultas y 22 menores).
“Estas personas deportadas viven un drama humano, y es una obligación del Estado informarles su condición en Costa Rica”, declaró el defensor adjunto, Juan Carlos Pereira.
“No queremos más sorpresas de recibir personas deportadas sin estar preparados. Hablamos de seres humanos, que son niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres en estado de embarazo, personas con discapacidad, entre otras; no hay espacio para la improvisación. Son personas, no mercancías de intercambio”, agregó Pereira.
De esta forma, la Defensoría pidió un informe al Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía y a la Dirección General de Migración, en que detallen las medidas que van a tomar para atender a esta personas, adónde las van a trasladar y qué tipo de asistencia humanitaria recibirán.
Resaltó también la necesidad de que otras instituciones participen del proceso para garantizar el trato humanitario de estas personas, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Cruz Roja, entre otras.
Este martes, el director de Migración y viceministro de Gobernación y Policía, Omer Badilla, aseguró que el gobierno no le había informado sobre el acuerdo con Estados Unidos, y aún desconoce adónde los ubicarán.
Entre tanto, el defensor adjunto aseguró que “somos enfáticos en afirmar que abrir un nuevo capítulo en las condiciones presentadas el año anterior, representaría una extensión del drama humano”.
