
La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), Marcela Moreno Buján, evitó explicar por qué bloqueó la convocatoria a una Asamblea de Facultad solicitada formalmente por estudiantes y profesores.
El pasado 18 de diciembre, a través de la Oficina de Comunicación Institucional de la UCR, se remitieron las respuestas aprobadas por el Consejo Asesor de la Facultad de Derecho ante las consultas de La Nación sobre este tema.
“La próxima convocatoria a Asamblea se estableció para el día 18 de diciembre del año en curso, en apego y observancia del marco normativo universitario y nacional”, fue la respuesta aprobada el 17 de diciembre.
Sin embargo, la decisión de convocar la asamblea se adoptó hasta el 10 de diciembre, de acuerdo con un documento del que La Nación tiene copia. Las consultas fueron remitidas a Moreno Buján desde el 4 de diciembre, cuando aún no se había formalizado la convocatoria.
El 4 de diciembre, La Nación informó que la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) y representantes estudiantiles ante ese órgano denunciaron que la decana mantenía bloqueada la convocatoria debidamente solicitada y a través de tres solicitudes formales respaldadas por firmas de estudiantes y docentes con derecho a voto.
En todas las consultas en las que se solicitó explicar lo ocurrido con la asamblea, la respuesta se limitó a indicar que esta ya había sido debidamente convocada. “La Decanatura actúa en apego y observancia del marco normativo universitario y nacional”, señalaron.
Esta respuesta fue aprobada con los votos a favor por parte de la decana; Melissa Salas Brenes, directora del Área de Acción Social; Gonzalo Monge Núñez, director del Área de Asuntos Estudiantiles; Emiliana Rivera Meza, directora del Área de Gestión de Calidad; Ana Cristina Marín Marín, directora de la biblioteca de Derecho; y Óscar Zúñiga Ulloa.
Se abstuvieron los representantes estudiantiles Enzo Segnini Arias, presidente de la AED, y Nadia Sarkins Rojas, vicepresidenta AED.
‘Excedió atribuciones’
Un criterio de la Oficina Jurídica (OJ) de la UCR determinó que la decana Moreno Buján “excedió” sus atribuciones al suspender unilateralmente una convocatoria de la Asamblea de Facultad, pese a que esta había sido solicitada cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la normativa.
La OJ determinó que “no es posible, para quien ejerce el cargo de decano o decana de una Facultad, actuando de manera unilateral, dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea efectuada por el 20% de sus miembros (...) Por tratarse de un acto viciado de nulidad, la suspensión no procede.
“Si bien es cierto, la persona que funge como decana ejerce las potestades de autoridad superior jerárquica de los funcionarios y funcionarias y sobre la población estudiantil, la Asamblea es el órgano superior de la Facultad, y del cual forma parte el decano o decana. En consecuencia, la voluntad del 20% de sus miembros no puede ser sustituida por la decisión unilateral de uno de ellos, haciendo nugatoria (inútil) la facultad que le asiste a sus miembros de convocar a las sesiones”, dice el dictamen OJ-273-2025, del pasado 9 de diciembre.
Un día después, la decana convocó la Asamblea de Facultad para el pasado 18 de diciembre.

Controversias
Entre otros temas, los estudiantes pretendían abordar, en esa asamblea efectuada el pasado 18 de diciembre, la falta de acreditación de la carrera de Derecho en la sede Rodrigo Facio, la situación del amplio interinazgo docente y falta de paridad de género, y el futuro de los consultorios jurídicos.
Todos estos temas fueron consultados a la Facultad, estas fueron sus respuestas:
En cuanto a la falta de acreditación, la respuesta brindada por las autoridades universitarias indicaron que “en la actualidad, la Facultad de Derecho se encuentra en proceso activo de autoevaluación con fines de mejoramiento de la carrera, realizando las labores académicas de seguimiento y cumplimiento de objetivos, metas e indicadores del proceso referido.
“En lo que respecta al anterior proceso de autoevaluación con fines de acreditación, en observancia de un acuerdo firme de la Asamblea de la Facultad de Derecho, los asuntos relacionados con ese proceso se analizan en este momento en el seno de una comisión especial para tales efectos, que deberá rendir un informe de labores en el momento oportuno”.
Agregaron que la Asamblea de la Facultad de Derecho aprobó oportunamente un plan de reducción de interinazgo, el cual presenta avances de cumplimiento, avances comunicados a la Vicerrectoría de Docencia.
Sobre la temática de la paridad de género en las asambleas de Facultad y escuelas de la Universidad de Costa Rica, obedece a un asunto de decisión y gestión institucional de la Universidad de Costa Rica.
En cuanto a los cuestionamientos sobre el curso de Consultorios Jurídicos explicaron que, en la Sede Rodrigo Facio, tiene matrícula consolidada para el próximo III Ciclo Lectivo 2025 (enero a marzo del 2026.
Los estudiantes también acusaron a la decana de cerrar el segundo semestre del 2025 virtual para “desmovilizarlos”. El Consejo Asesor sostiene que la decisión obedeció a las graves afectaciones y levantamiento de daños que sufrió el complejo de edificios de la Facultad de Derecho, producto de las inundaciones provocadas por el desbordamiento de la Quebrada Los Negritos, “son la razón y justificación por la cual se debieron tomar las decisiones académicas que llevaron a finalizar el II Ciclo Lectivo 2025 de forma virtual.
“Algunas de las afectaciones sufridas, según lo indicado, aún persisten y se continúan realizando acciones de reactivación edilicia en coordinación con la Vicerrectoría de Administración y oficinas institucionales coadyuvantes”, finalizaron.
