EscucharLa Contraloría General de la República, rechazó un recurso de apelación presentado por la empresa alemana Tüv Rheinland, en contra de la decisión del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) de reiniciar el concurso para seleccionar a los futuros operadores de la revisión técnica vehicular en el país.
Según la Contraloría, la empresa cuestionaba que debía procederse con la segunda etapa de la precalificación, alegando que el acto dictado (de anular la etapa previa) no era procedente, por razones de interés público.
La Contraloría en su resolución, señaló que no cuenta con la competencia para conocer el acto impugnado conforme dispone la Ley General de Contratación Pública, porque no se trató de un acto final derivado del procedimiento.
Además indicaron que los problemas alegados por el Cosevi, respecto a la elegibilidad de un oferente, se refieren a un acto que está en firme.
De esta forma, la Contraloría determinó que lo que procede es que el Cosevi promueva una nueva licitación que se apegue al “ordenamiento jurídico y conforme ha indicado la Sala Constitucional”.
El pasado 9 de julio, la junta directiva del Cosevi dejó en firme la decisión de archivar el proceso de precalificación, en el cual Tüv Rheinland figuraba como una de las empresas preseleccionadas.
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La decisión de ese órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se sustentó en que, según indicó en esa oportunidad el jerarca, Efraím Zeledón, se determinó que la otra empresa precalificada (consorcio Applus), incumplía un requisito legal.
Zeledón explicó que tras un análisis exhaustivo de la documentación aportada se determinó que una de las empresas que forman parte de ese consorcio, tiene relación con una empresa autobusera, lo cual va en contra de lo establecido en la Ley de Tránsito.
Esta situación dejaría el concurso con una única empresa precalificada e impediría adjudicar el servicio a dos operadores, tal como establecía originalmente el proceso, a fin de evitar posibles prácticas monopólicas.
Originalmente en el proceso de precalificación habían participado solo tres firmas: el actual operador Dekra, el consorcio Applus (en el cual participa Riteve SyC) y la empresa alemana Tüv Rheinland. No obstante, Dekra había quedado descalificada debido a que no cumplía todos los requisitos financieros. Esto dejó solo a dos posibles oferentes en competencia.
Tras la resolución del Cosevi, el MOPT amplió el permiso mediante el cual opera Dekra, mientras se lleva a cabo una nueva licitación.
