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La Contraloría General de la República (CGR) ordenó este viernes al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) medidas inmediatas ante riesgos de seguridad vial en las rotondas construidas o previstas en la ruta 32, entre el cruce de Sarapiquí y Limón.
El órgano contralor determinó que siete rotondas incorporadas como soluciones temporales se diseñaron inicialmente para un vehículo articulado de 16,8 metros de longitud, aunque la ruta exigía considerar unidades de hasta 22,4 metros debido al transporte de carga entre el centro del país y los puertos de Moín.
La diferencia obligó a ejecutar correcciones por más de $1,4 millones, suma adicional a los $5,4 millones pagados por hacer seis rotondas.
La orden forma parte de una investigación originada por una denuncia ciudadana sobre las modificaciones introducidas por medio de las adendas n.° 7 y n.° 8 al contrato CONAVI-CHEC-001 para ampliar la vía entre la intersección con la ruta 4 y Limón.
La ruta 32 funciona como un corredor clave para el traslado de carga desde y hacia los puertos caribeños, por donde circula una alta proporción del transporte pesado vinculado con importaciones y exportaciones.
No obstante eso, la CGR constató que el Conavi diseñó las siete rotondas aprobadas en la adenda n.° 7 con vehículo con dimensiones de 16,8 metros, en vez de hasta 22,4 metros.
El Conavi informó que los planos enviados a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) el 10 de julio de 2024 establecían una velocidad de diseño de 20 kilómetros por hora y utilizaban vehículos de referencia WB-15, de 16,8 metros.
La institución ajustó el diseño para utilizar el WB-20, pero varias rotondas ya habían iniciado construcción con la versión anterior.
La Contraloría advirtió que las deficiencias de diseño generaron riesgos para la seguridad vial y la movilidad segura de los usuarios, además de pagos adicionales para corregir la geometría de las intersecciones.
Advertencias técnicas
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) había advertido desde 2024 que las rotondas presentaban una geometría reducida, incompatible con la circulación de vehículos WB-20 (de hasta 22,4 metros de longitud) a 30 km/h, que corresponde a la velocidad máxima permitida en una rotonda.
El laboratorio verificó esa condición, entre otros puntos, en maniobras de retorno en Matina y movimientos directos en La Herediana de Siquirres. También alertó que la situación podía repetirse, en mayor o menor medida, en el resto de las rotondas por las restricciones del derecho de vía.
LanammeUCR también reportó, a partir de inspecciones y vuelos con drones, que vehículos pesados utilizaban espaldones, invadían carriles o transitaban por zonas verdes y áreas montables en las rotondas de La Unión y La Herediana.
El Laboratorio advirtió que esas conductas podían replicarse en otros diseños con problemas similares. En octubre de 2025, reiteró que las rotondas planteadas en la ruta 32, bajo las condiciones en que se diseñaron y ejecutaron, incumplían la normativa técnica vigente y representaban riesgos significativos para los usuarios.
Asimismo, señaló que la ruta fue concebida y financiada para operar a velocidades de diseño de 100 km/h, mientras que las rotondas se diseñaron para 20 km/h.
Orden para el CONAVI
La Contraloría ordenó al Conavi elaborar una hoja de ruta para priorizar, planificar y ejecutar la transición de obras temporales hacia soluciones definitivas, al recordarle que el Consejo de Administración del Conavi nunca definió formalmente cómo ni cuándo reemplazaría las soluciones provisionales incluidas por las adendas n.° 7 y n.° 8.
En junio de 2024, la adenda n.° 7 sustituyó nueve obras permanentes —tres intercambios y seis pasos superiores viales— por siete rotondas y dos accesos a nivel con giro a la derecha.
Un año después, la adenda n.° 8 añadió otros cambios, entre ellos la eliminación o transformación de retornos, la exclusión del paso superior vial de Jiménez y la sustitución de la rotonda de Moín por un giro sencillo a nivel.
Según la Contraloría, el Consejo de Administración no delimitó la temporalidad de esas intervenciones ni adoptó acuerdos para planificar su sustitución por pasos a desnivel, intercambios u otras soluciones permanentes.
El ente fiscalizador recordó que el propio Consejo de Administración incluso admitió, en marzo de 2026, que tampoco había acuerdo específico para pasar de las soluciones provisionales a obras definitivas.
