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El proyecto de armonización eléctrica pretende un cambio mayúsculo en el sistema energético costarricense.
Las principales reformas llegarían por medio de la creación de un Mercado Eléctrico Nacional (MEN), operado por el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen).
¿Qué significa esto y cómo afectaría a los hogares abonados? A continuación, la respuesta a cinco preguntas que pueden surgir sobre el expediente 23.414.
¿El usuario podrá escoger su proveedor?
No. Cada abonado seguirá cautivo dentro del monopolio territorial de la empresa que le da la electricidad y que posee la concesión de su zona geográfica.
¿Cambiarán los proveedores?
No. Se mantendrán las mismas empresas que brindan electricidad en la actualidad: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec) y cooperativas.
Entonces, ¿a quién afectará el proyecto?
A los grandes consumidores de electricidad (industrias de alta tensión), que podrán abandonar el esquema tradicional, comprar energía directamente en el mercado mayorista y negociar contratos anuales con los agentes del MEN, sin necesidad de que los actores privados deban colocar su producción al ICE mediante contratos de compra-venta de largo plazo, como en la actualidad.
¿Va a subir o bajar la luz?
Es de los puntos controversiales del proyecto, y donde divergen el oficialismo y la oposición. Por una parte, el gobierno de la presidenta Laura Fernández sostiene que el plan consiste en una “modernización” del sistema eléctrico frente a una mayor demanda de energía.
Por otra parte, diputados opositores han mostrado su preocupación ante la salida de los grandes consumidores del sistema tradicional y un posible debilitamiento del ICE, que provocaría tarifas más altas para los hogares por la privatización del servicio.
¿El proyecto menciona a los abonados?
El artículo 4 del expediente 23.414 establece las obligaciones del suministro energético, que incluyen que “un enfoque equitativo que garantice el acceso prioritario a las poblaciones más vulnerables, fomentando mecanismos de apoyo que aseguren la inclusión energética sin importar las diferencias socioeconómicas o geográficas”.
Asimismo, indica que “se promoverá la consolidación de un sistema que garantice la cobertura del servicio de electricidad a todas las regiones y sectores del país, con el fin de satisfacer la demanda eléctrica nacional y asegurar que toda la población tenga acceso a este servicio esencial”.
