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El abogado ambientalista Walter Brenes denunció que un mirador turístico ubicado en las cercanías del río Tárcoles, en el cantón de Garabito, fue construido sin contar con permisos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), según un oficio emitido por la Oficina Subregional de Orotina de esa institución, al que La Nación tuvo acceso.
El documento SINAC-ACOPAC-OSRO-0080-2026, suscrito por el funcionario Gerardo Chavarría Amador y fechado el 24 de marzo, fue emitido como respuesta a una consulta planteada por Brenes sobre la existencia de permisos para la construcción de un mirador contiguo al puente Tárcoles.
Al respecto, la oficina subregional indicó al abogado que no se había “otorgado ningún permiso, autorización ni visto bueno para la construcción” de esa estructura, y que tampoco existe trámite aprobado ni en proceso relacionado con esa obra.
Brenes explicó a este diario que el proyecto, inaugurado el pasado 25 de marzo, se ubica en la margen derecha del río Tárcoles, a pocos metros del puente, en un punto conocido por la observación de cocodrilos.
Sin embargo, el regente ambiental vinculado al proyecto, Germán Retana, aseguró a este diario que la iniciativa cuenta con los permisos requeridos.
Contradicciones dentro del Sinac
Según Brenes, el caso arrastra antecedentes administrativos desde el año anterior.
“En 2025 se dio una orden administrativa por parte del Sinac donde se instruía la paralización de las obras y posteriormente se mandó una relación de hechos a la Fiscalía Ambiental, para que se investigara cómo se habría logrado construir la primera estructura”, indicó.
La Fiscalía Ambiental confirmó a este diario que los hechos se investigan bajo la causa 25-000052-0611-PE por los presuntos delitos de invasión de área de protección y prevaricato. Agregaron que, el caso se encuentra en etapa de recolección y análisis de prueba, por lo que no brindaron mayores detalles.
Luego de la paralización de las obras, en noviembre de 2025, Álvaro Conejo, director de la Dirección Regional del Área de Conservación Pacífico Central (Acopac), emitió el oficio CARTA-SINAC-ACOPAC-DR-0794-2025, en el que suspendió la orden de paralización y solicitó otorgar los permisos de construcción al Grupo Consultora Guayacán S. A., empresa desarrolladora del proyecto.
No obstante, el abogado afirmó que no existe constancia de que dichos permisos hayan sido otorgados, pese a que él solicitó a la oficina subregional la documentación correspondiente.
“Se hace la mención de que se le tiene que dar el permiso, pero cuando yo consulto directamente, el Sinac me dice que no tienen la habilitación legal”, explicó.
La Nación consultó al Sinac sobre las aparentes contradicciones en torno a los permisos de esta obra, pero al cierre de esta publicación no había recibido respuesta.
Además, se intentó en varias ocasiones comunicarse con las oficinas de Orotina y Esparza para localizar al funcionario Gerardo Chavarría Amador; sin embargo, no fue posible ubicarlo.
Empresa defiende legalidad del proyecto y cuestiona señalamientos
Por su parte, el regente ambiental vinculado al proyecto, Germán Retana, cuestionó los señalamientos del abogado Walter Brenes y aseguró a este diario que la iniciativa cuenta con los permisos requeridos.
Según indicó, la empresa tuvo conocimiento del oficio emitido por la Oficina Subregional de Orotina del Sinac divulgada hasta recientemente.
“Nosotros nos damos cuenta ayer de que un señor abogado de la zona de Tárcoles publica esa carta firmada por el señor de la oficina local de Orotina, el cual dice desconocer el proyecto y que no contamos con permisos”, manifestó.
Retana afirmó que han sostenido múltiples gestiones con el Sinac; sin embargo, según su versión, no han recibido apertura por parte de la oficina local de Orotina.
“Nos hemos sentado tres o cuatro veces con este señor a esperar a que nos atienda. Hemos tenido muchas negativas de parte de esa oficina local. No entendemos las posiciones que ellos han asumido con nosotros”, señaló.
El regente también confirmó que en octubre del 2025 se emitió una orden de paralización por parte del Sinac, la cual, según afirmó, fue acatada por la empresa y, posteriormente, levantada por las autoridades.
“Se nos levanta la orden porque cumplimos con todo y no se nos pidió nada más. Nosotros no podemos aceptar que se diga que hemos incumplido si no se nos ha requerido nada adicional”, indicó.
Respecto a la denuncia en la Fiscalía Ambiental, Retana indicó que ha colaborado con las autoridades y aportado la información disponible. Según, el regente ambiental, la investigación “responde a la paralización que el Sinac nos planteó y que posteriormente se resolvió”.
De acuerdo con Retana, el proyecto cuenta con viabilidad ambiental, permisos de obra en cauce otorgados por la Dirección de Aguas, así como permisos de construcción y autorizaciones para la corta de árboles.
En esa línea, la Municipalidad de Garabito también indicó que la desarrolladora del proyecto cuenta con todos los permisos necesarios.
