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El Tribunal Penal de Goicoechea acordó, este jueves 24 de abril, nombrar un defensor público para ocho imputados en el Caso de la Trocha fronteriza, luego de separar del juicio a José Miguel Villalobos, quien es abogado del presidente Rodrigo Chaves.
Los jueces apartaron a Villalobos del caso e impidieron que continuara representando a sus clientes, luego de que tres audiencias tuvieran que ser suspendidas por las ausencias del abogado.
Villalobos argumentó que el horario asignado al debate de La Trocha le obligaría a trabajar largas jornadas, pues también defiende a siete imputados en el Caso Fénix, cuyo juicio se desarrolla durante la mañana.
Tras declarar el abandono de la defensa, se abrió la posibilidad de que los ocho imputados buscaran un abogado de su confianza. No obstante, en la audiencia realizada este jueves 24 de abril, los acusados informaron que no designaron ningún defensor privado, por lo tanto, el Tribunal ordenó la asignación de uno público.
Este nuevo representante (sea uno o varios) contará con cinco días hábiles para estudiar el caso. El inicio del debate está previsto para el próximo 6 de mayo a partir de las 4 p. m.
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La primera audiencia a la que faltó Villalobos fue el 31 de marzo, día en que debía iniciar el juicio, pero el Tribunal decidió trasladarlo a horario extraordinario de 4 p. m. a 8 p. m., porque la jornada diurna chocaba con el juicio del Caso Fénix por presunto lavado.
El abogado rechazó la idea del horario para el juicio de La Trocha apenas fue planteada, aseguró que lo llevaría a la Sala Constitucional y adelantó que no asistiría al arranque, pactado para el pasado lunes 7 de abril.
En un escrito enviado al día siguiente al Tribunal Penal, Villalobos alegó que se le estaba obligando a asistir siete horas a un juicio (Fénix), para luego ir cuatro otras más a otro (Trocha), ambos de “alta complejidad”, lo que calificó como “una clara intención de desbaratar la defensa técnica”.
Villalobos podría verse forzado a pagar los costos de las tres audiencias suspendidas por su ausencia, luego de que el Tribunal Penal de Goicoechea sugiriera realizar el cobro.
El defensor afirmó a La Nación que no le han notificado sobre ninguna comunicación del Colegio de Abogados y agregó “que el asunto pasa de majadería”.
