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El salario del alcalde de Turrialba, Carlos Eduardo Hidalgo Flores, generó controversia dentro del Concejo Municipal, cuando se reveló la semana anterior que él mismo instruyó el análisis para mejorar su salario, debido a un “error material”, y que la Contraloría General de la República (CGR) no aprobó los ajustes presupuestarios relacionados.
Su salario mensual quedó en ¢3.211.000 a partir de marzo.
Se le asignó una nota de 1.000 puntos y cada uno equivalía a ¢2.470, lo que fijó su salario base en ¢2.470.000 (monto que ya devengaba en febrero). A este monto se le sumó un 30% adicional, equivalente a ¢741.000, por el plus de “ejercicio liberal de la profesión”, conforme al artículo 14 de la Ley contra la Corrupción.
El 7 de febrero pasado, el Concejo Municipal aprobó, mediante el oficio SM-183-2025, un dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para asignarle al alcalde el régimen de salario global, en cumplimiento con la Ley Marco de Empleo Público n.° 10159.
El acuerdo fue ratificado con seis votos a favor y uno en contra.
Hidalgo Flores asumió funciones el 1.° de mayo de 2024, después de la entrada en vigor de dicha ley. Él fue evaluado según una metodología de valoración por puntos basada en diez factores técnicos (formación, esfuerzo mental y físico, iniciativa; entre otros).
La evaluación le otorgó calificación perfecta de 1.000 puntos, incluidos 150 por “máxima experiencia”, aun y cuando, antes de asumir, su servicio público fue como periodista y relacionista público del Ministerio de Seguridad Pública, y como periodista y oficial de protocolo en la cartera de Gobernación.
En la esfera privada, ha enseñado Derecho, Periodismo y Relaciones Públicas.
Consultado sobre cómo logró nota perfecta de 1.000 puntos, Hidalgo Flores primero declinó referirse.
“Esa otra pregunta tendría que hacérsela a Recursos Humanos, porque no soy el que se establece el puntaje. Desconozco el fondo, porque eso es un planteamiento que hace Recursos Humanos”, indicó.
Al insistírsele si podía explicar, por ejemplo, cuál era su experiencia previa y cómo fue la evaluación, optó por brindar explicaciones.
Según él, toda la evaluación lo hizo el área de Recursos Humanos a partir de antecedentes documentales que él mismo entregó.
“Entonces, a partir de allí, ellos determinan la experiencia en la función pública; no es, digamos, experiencia directamente por ser alcalde. Todo el estudio lo hizo Recursos Humanos”, repitió de nuevo.
Hidalgo Flores también dijo que él no pidió ese ajuste salarial y tampoco pretende que, de aprobarse, sea retroactivo al 2024.
“Amo la institución; en 17 años en la función pública, nunca jamás pediría algo que no me corresponde”, indicó.
Según dijo, todo surgió por disposiciones de la Contraloría sobre salario global que el Concejo Municipal atendió sin participación suya en el proceso, reiteró.
Imprevistos presupuestarios
No obstante, la semana anterior se supo que fue el propio alcalde quien firmó y trasladó a la Comisión de Hacienda la solicitud de análisis presupuestario que derivó en su cambio salarial.
El hecho fue calificado por miembros del Concejo como un “error material”.
El tema se complicó aún más, pues la CGR no aprobó el Presupuesto Ordinario 2025 de la Municipalidad, objetando aumentos salariales, reasignaciones de partidas y pagos por dedicación exclusiva.
También, surgieron cuestionamientos sobre la sostenibilidad financiera de esos ajustes.
Según el oficio SM-703-2025, del 8 de mayo, el Concejo aprobó una tercera modificación presupuestaria para tratar de resolver las observaciones de la Contraloría.
Hasta la semana pasada, según se lee en el documento, ese tema era considerado uno “que queremos superar”.
No obstante, algunos funcionarios mostraron su preocupación por la forma en que se gestionaron los cambios, específicamente los salariales por razones de sostenibilidad financiera.
Durante la sesión ordinaria 054-2025 de la semana pasada, el funcionario municipal Wálter Coto Fernández, del Sindicato Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, advirtió sobre la falta de elementos que garanticen la viabilidad financiera de los ajustes.
Entre el alcalde y otros funcionarios, había una provisión para un reajuste salarial, tres reasignaciones y un sobresueldo de dedicación exclusiva para dos plazas.
“¿Cómo se garantiza esta sostenibilidad, a futuro, de estos cambios a salario global, si a la fecha tienen un gasto adicional de ¢44 millones para seis personas?”, cuestionó Coto Fernández durante la sesión.
Por el momento, los ajustes no aprobados por la CGR se cargaron a una partida de “sumas sin asignación presupuestaria”, con el objetivo de mantener sin alteraciones el plan de gasto anual (incluidos los cambios en remuneraciones de esas seis personas), mientras persisten las dudas sobre la legalidad y sostenibilidad de las modificaciones.
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Error material
Otro elemento que alimentó la polémica fue la participación directa de Hidalgo Flores en el trámite de su aumento salarial, pese a que, según el acta de la sesión, él se habría excusado de intervenir desde febrero.
Durante la sesión del Concejo de la semana pasada, el regidor Luis Fernando Allen Forbes señaló que al alcalde “se le pasaron toda una serie de documentos y ahí se hizo un enredo”.
Arturo Rodríguez Morales, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, explicó que se trató de un error material de forma, pero reconoció que, dado el procedimiento seguido, era necesario detener el trámite presupuestario y rehacerlo con la documentación y firmas correctas.
No obstante, advirtió que la única autoridad competente para reconocer el error y validar la modificación es el Plenario del Concejo Municipal.
Rodríguez Morales indicó que la documentación corregida se había presentado y validado en la sesión anterior, pese a que contenía el “error material”.
Ante esa situación, propuso someter a votación la aceptación del error y el reinicio del trámite presupuestario del 2025 con nuevos documentos debidamente firmados.
La propuesta generó división entre los regidores, algunos de los cuales solicitaron mayor respaldo técnico y jurídico sobre los cambios salariales y las asignaciones en el presupuesto.
Finalmente, se sometió a votación subsanar el error de las firmas.
El acuerdo fue aprobado por mayoría simple (cuatro votos contra tres), pero no alcanzó la mayoría calificada necesaria para darlo por válido.
Como consecuencia, el asunto regresó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para un nuevo análisis y la emisión de un nuevo dictamen presupuestario.
