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Un informe de la Auditoría General del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) señaló debilidades en los controles utilizados para registrar y dar seguimiento a expedientes de expropiaciones realizadas por esa entidad.
Según la Auditoría, esas deficiencias impiden asegurar que la información que genera el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI), como insumo para el inventario institucional, sea “completa, confiable y útil”.
El informe DAG-I-03-2026, emitido en junio de 2026, concluyó que los mecanismos de control del DABI no garantizan que todos los expedientes gestionados por esa dependencia estén registrados en su base de datos.
Para la evaluación, la Auditoría comparó una muestra de 21 expedientes físicos del archivo del DABI con la base de datos y encontró tres casos que no aparecían registrados. Esos expedientes correspondían a proyectos relacionados con la ruta nacional 160, entre Naranjo y Paquera.
“La existencia de estos casos evidencia que los mecanismos de control implementados no permiten asegurar que la totalidad de expedientes gestionados por el departamento se encuentren debidamente registrados en la base de datos”, señala el documento.
Además advirtieron que la ausencia de estos registros en la base de datos suministrada evidencia debilidades en el seguimiento de la información generada por el DABI.
En otro de los análisis, también se determinó que cinco expedientes de una muestra de 22 registros, no se encontraban en el archivo físico al momento de la revisión.
La Administración explicó que esos documentos estaban fuera de la oficina porque se encontraban en distintos trámites. Posteriormente, los cinco expedientes fueron suministrados en formato digital.
No obstante, la Auditoría del MOPT estableció que el departamento a cargo de las expropiaciones no cuenta con un mecanismo centralizado que permita conocer con facilidad dónde se encuentra cada expediente que sale del archivo.
En algunos casos, el seguimiento depende de matrices administradas individualmente por los funcionarios responsables. Además, el traslado de expedientes se registra en una bitácora manual que, según el informe, dificulta comprobar de forma directa si los documentos retirados fueron devueltos al archivo.
En otro de los hallazgos se indicó que aunque el DABI mantiene matrices de seguimiento para el registro de los casos, esas herramientas son administradas individualmente por los funcionarios y no están integradas en un registro centralizado.
Asimismo se indicó que ese departamento no cuenta con un procedimiento formal que establezca las actividades, responsables y periodicidad para remitir al Departamento de Control y Registro Patrimonial (DCRP), la información sobre inmuebles inscritos a nombre del Estado.
En la práctica, los oficios mediante los cuales la Notaría del Estado comunica la inscripción de un inmueble son almacenados en una carpeta de OneDrive.
Posteriormente, la información se remite al DCRP, cuando el coordinador considera que existe una cantidad suficiente de documentos acumulados o cuando se trata de un proyecto que considera relevante.
También se encontraron deficiencias en el respaldo documental de esas comunicaciones.
Según la Auditoría, las limitaciones de la base de datos utilizada por el departamento dificultan el control y seguimiento del proceso de actualización del inventario, así como la realización de conciliaciones con la información registrada por el DCRP, lo que podría afectar la “integridad y confiabilidad del inventario”.
Entre las recomendaciones emitidas figuran crear un mecanismo para registrar todos los expedientes, controlar los documentos que salen del archivo, establecer una herramienta formal de seguimiento y mejorar la base de datos.
La Auditoría dio un plazo de 10 días para girar las instrucciones correspondientes y entre dos y tres meses para implementar las medidas, contados a partir de la firmeza del informe.
