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Cuatro alcaldes de la provincia de Cartago condenaron las amenazas de muerte contra el alcalde del cantón central, Mario Redondo, y advirtieron sobre los riesgos que enfrentan las autoridades municipales al impulsar acciones contra la delincuencia, tras ser consultados por La Nación.
Se trata de los jerarcas municipales Carlos Hidalgo, de Turrialba; Erick Jiménez, de Oreamuno; Fabiola Granados, de Alvarado; y Víctor Monestel, del Guarco.
El pasado 14 de marzo, La Nación informó que Redondo interpuso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras ser alertado sobre un supuesto plan de un grupo criminal para atentar contra su vida, presuntamente molesto por su propuesta de desalojar viviendas en el sector de Los Diques.
El OIJ confirmó la existencia de la denuncia, aunque no brindó detalles debido a que el caso se encuentra en investigación. Actualmente, el alcalde cuenta con custodia de la Policía Municipal de Cartago.
El caso también motivó un pronunciamiento de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), que condenó lo ocurrido y solicitó reforzar la protección de los jerarcas municipales.
Hasta este 30 de marzo, Cartago contabiliza 24 homicidios, el doble de los registrados en el mismo periodo del 2025, cuando se contabilizaban 12. La cifra alarma, por la violencia que golpea al cantón central, Oreamuno y Paraíso y porque muchos de estos sucesos son derivados de las disputas entre grupos delincuenciales.
Alcaldes se pronuncian
El alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo, calificó como “inadmisible” cualquier amenaza contra autoridades municipales e insistió en que no deben ceder ante presiones de grupos delictivos.
“Cualquier persona que amenace a otra por hacer su trabajo es reprochable. Y además de que es reprochable, al menos aquí en Turrialba es inadmisible. Nosotros no tenemos miedo a la delincuencia”, afirmó.
Además, confirmó a La Nación que, al asumir el cargo, en 2024, tomó la decisión de eliminar varias estructuras tipo búnkeres y que estas acciones generaron resistencia e incluso intimidaciones en su contra, aunque afirmó que no fueron de muerte.
Por su parte, el jerarca municipal de Oreamuno, Erick Jiménez, expresó su solidaridad con Redondo, y condenó las advertencias de muerte hechas en su contra.
“Lamentamos la situación que está viviendo nuestro colega Mario Redondo Poveda con respecto a estas amenazas. Nosotros, como alcaldes, castigamos sin duda alguna esta actitud por parte de grupos criminales y esperamos que las autoridades logren esclarecer lo ocurrido”, indicó.
El jerarca aseguró que, en el caso de su cantón, no se han registrado amenazas contra autoridades locales.
La alcaldesa de Alvarado, Fabiola Granados, también condenó las intimidaciones contra autoridades públicas y advirtió que estos hechos atentan no solo contra la integridad de las personas, sino también contra la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.
“Respaldamos el pronunciamiento de la ANAI y reiteramos que las acciones orientadas a combatir la criminalidad, como la recuperación de espacios públicos y la intervención en zonas vulnerables, son necesarias para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana. No podemos permitir que el temor frene los esfuerzos legítimos por construir comunidades más seguras”, señaló.
Granados indicó que, en su caso, no han registrado advertencias de ese contra su persona ni contra funcionarios de la municipalidad. “Sin embargo, somos conscientes de que este tipo de medidas pueden generar resistencia en algunos sectores”, indicó.
Por su parte, Víctor Monestel, alcalde de El Guarco, indicó que lo sucedido es lamentable y preocupante, y recalcó que nadie debería ser objeto de amenazas.
“La seguridad es un tema que nos involucra a todos como sociedad y debemos rechazar de forma firme cualquier acto de violencia o intimidación, y trabajar en conjunto para garantizar condiciones que nos permitan vivir en paz, con respeto y tranquilidad en nuestras comunidades”, dijo.
Además, aclaró que ni él ni funcionarios municipales de El Guarco han recibido algún tipo de intimidaciones.
Cristian Torres, alcalde de La Unión, evitó referirse al tema de las amenazas y se limitó a indicar que la municipalidad impulsa acciones para recuperar espacios públicos y ponerlos a disposición de la comunidad.
Torres señaló que, hasta ahora, no se han reportado casos de acciones intimidatorias en la municipalidad de La Unión.
Asociación Nacional de Alcaldías expresa su preocupación
La ANAI expresó su “más firme solidaridad y respaldo” al alcalde cartaginés, ante las intimidaciones que estarían vinculadas a estructuras del crimen organizado y el narcotráfico.
“Desde ANAI manifestamos nuestra profunda preocupacion por este tipo de hechos, que no solo ponen en riesgo la integridad de una autoridad municipal, sino que tambien representan una amenaza directa a la institucionalidad democrática y al ejercicio legítimo de la función pública en el ámbito local”, indicó la organización.
Además, advirtió que existen varios casos en los que alcaldías han sido objeto de acciones intimidatorias por enfrentar directamente estructuras delictivas, especialmente al tomar decisiones como la demolición de búnkeres utilizados para el narcomenudeo.
La organización hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten medidas que garanticen la seguridad de los jerarcas municipales que enfrentan amenazas como consecuencia de sus funciones.
Señaló que muchas autoridades municipales no cuentan con seguridad personal e incluso algunas han debido acogerse a regímenes de protección de víctimas, lo que evidencia la gravedad de la situación.
Finalmente, la organización reafirmó su compromiso con la defensa del régimen municipal y el respaldo a las autoridades que trabajan por la seguridad y el bienestar de sus comunidades.
