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En Estados Unidos, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reciben bonificaciones mensuales que pueden alcanzar hasta $7.500, si participan en redadas nocturnas u operativos clasificados como sensibles.
Estos incentivos económicos forman parte de un sistema que recompensa a quienes realizan más detenciones, según revelaron sindicatos policiales en Texas y Florida.
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Las cifras indican que, por arrestar a más de 15 personas por semana, algunos agentes obtienen hasta $6.000 adicionales, especialmente cuando actúan en lugares no colaborativos como hospitales, templos o universidades.
Este modelo se consolidó tras la aprobación del paquete fiscal del 3 de julio, firmado por el presidente Donald Trump al día siguiente. El Congreso, de mayoría conservadora, avaló el plan sin el respaldo de la oposición, utilizando una vía rápida para esquivar bloqueos legislativos. La ley destinó $170.000 millones exclusivamente para seguridad fronteriza y migratoria.
De esa suma, $75.000 millones fueron asignados al ICE. La CBP recibió $46.000 millones para continuar la construcción del muro fronterizo y $12.000 millones más para vehículos, entrenamiento, contratación y bonos.
Entre otras disposiciones, se aprobaron $30.000 millones para operaciones de arresto y deportación. Esto incluye la contratación de 10.000 nuevos agentes, la modernización de aviones de deportación y programas para retener personal mediante bonos y reintegrar a retirados.
Internamente, las capturas se manejan como indicadores clave de rendimiento (KPI). Los arrestos se han convertido en un objetivo de productividad, no en una consecuencia legal. Por esta razón, algunos agentes enfocan sus esfuerzos en alcanzar metas numéricas, en lugar de verificar la legalidad de los migrantes detenidos.
Según documentos filtrados, los bonos varían entre $1.500 y $5.000, pero en zonas como Arizona, California y el sur de Florida, pueden superar los $7.500.
Las cifras no incluyen los sueldos base, que oscilan entre $8.000 y $12.000 mensuales. Con bonificaciones y ascensos, algunos agentes alcanzan ingresos de hasta $19.500 por mes, es decir, entre $132.000 y $234.000 anuales, muy por encima del promedio de un policía estatal.
Las estructuras salariales permiten que un agente nuevo escale rápidamente. En menos de seis meses, puede pasar de ganar $8.000 a $12.000 por mes, si supera metas como realizar más de 10 arrestos diarios. También se otorgan bonos de $3.000 a $6.000 si colabora con agencias como la DEA o el FBI, sin necesidad de transparentar esos pagos públicamente.
La legislación fiscal autoriza que los incentivos se distribuyan mediante instrumentos discrecionales, controlados únicamente por el fiscal general y el secretario de Seguridad Nacional. Esta disposición evita auditorías externas y crea un entorno sin transparencia.
El promedio actual de detenciones diarias no supera las 1.200, lejos del objetivo interno de 3.000 arrestos por día, lo cual ha generado mayor presión sobre los agentes. Por esta razón, se han reportado arrestos de personas sin antecedentes, beneficiarios de DACA, migrantes con visa vigente e incluso ciudadanos estadounidenses.
Documentos del sindicato Federal Law Enforcement Officers Association instan a “maximizar la eficiencia” como requisito para recibir bonos. Esta práctica ha provocado tensiones jurídicas. Varias demandas federales afirman que el modelo de incentivos viola derechos constitucionales, como la presunción de inocencia y la necesidad de causa probable para cada arresto.
Organizaciones como Democracy Forward, RAICES e Immigrant ARC han presentado demandas contra el ICE, el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional. Alegan que el sistema premia la cantidad sobre la legalidad y opera sin consulta pública.
Agentes que han cuestionado estas políticas quedan excluidos de operativos importantes. Por el contrario, quienes logran más arrestos reciben ascensos, reconocimientos y acceso a entrenamientos de élite.
Además de las consecuencias legales, existen impactos internos. Varios agentes reportan agotamiento psicológico, estrés continuo por cumplir metas, y conflictos entre sus principios éticos y las prácticas que deben ejecutar. Uno de los agentes contactados resumió la situación diciendo que ya no piensa en proteger la ley, sino en no quedarse atrás y asegurar el bono mensual.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.
